Repudio del Museo de la Memoria a la Evaluación Aprender 2016
Desde el Museo de la Memoria de Rosario manifestamos nuestro repudio a unos de los ítems más criticados de la «evaluación Aprender» que realiza en todo el país el Ministerio de Educación de la Nación.
En el ítem Modelo 4 Ciencias Sociales, 5° y 6° año de Educación Secundaria se realiza la siguiente consulta con el deplorable método del multiple choice:
«¿Qué finalidad tenían los centros de detención que funcionaron durante la última dictadura cívico militar?
«a) Tribunales ilegales de justicia para aplicar el debido proceso.
«b) Dependencias militares y policiales para encarcelar a quien no cumpliera la Constitución Nacional.
«c) Dependencias militares y policiales en todo el país donde sólo eran interrogados los detenidos-desaparecidos.
«d) Lugares de tortura que funcionaron como un primer mecanismo de deshumanización de las víctimas».
Observamos con gran indignación que ninguna de esas opciones contempla la respuesta verdadera:
«Los campos de concentración fueron el dispositivo ideado para concretar la política de exterminio, producto de esta concepción binaria de lo político y lo social. La política concentracionaria como concepción pertenece a este universo binario que separa amigos de enemigos». (Pilar Calveiro, Poder y desaparición. Los campos de concentración en la Argentina, 1998).
En esas «instituciones gubernamentales –porque el Estado genocida las administraba–», se encerraba a los detenidos para iniciar un proceso de destrucción de su condición humana en la lógica característica de los campos de concentración-exterminio. Es decir, se los transformaba en una cosa, un número para luego eliminarlos. Como método, cuando entraban se los torturaba durante varios días, luego se los ataba, se los mantenía con los ojos vendados y se les asignaba un número. En estas condiciones podían estar semanas o meses sin hablar con nadie. Cualquier infracción era castigada con nuevas torturas. En algún momento –dependía de la arbitrariedad del poder– eran llevados a la enfermería donde se les inyectaba un calmante para ser «trasladados». Este eufemismo se utilizaba para aludir a la acción de sacarlos del campo de concentración para llevarlos a algún lugar donde eran fusilados o se los subía a un avión desde el cual eran tirados al mar. Los cadáveres eran enterrados en fosas comunes, incinerados o quedaban perdidos en el mar.
Solo podemos deducir de ese esquema de preguntas que su objetivo es justificar la existencia de los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio (CCDE) que se extendieron a lo largo y la ancho de la geografía argentina durante la dictadura cívico militar en un número superior a los 500 de acuerdo a las últimas investigaciones realizadas.
Las primeras tres posibles respuestas son justificatorias de la existencia del sistema concentracionario, uno de los ejes represivos de la dictadura. En la cuarta intentan acercarse a la verdad con la opción de operar sobre la subjetividad del detenido, «deshumanizando» a las víctimas, sin acercarse ni remotamente a la cruenta realidad de esos lugares planificados para ejecutar el plan sistemático de desaparición de personas como parte del terrorismo de Estado, que permitió a la dictadura concretar su programa de «refundación nacional» que llevó a la Argentina al desastre político, social y económico.
En nombre de los treinta mil desaparecidos, de los sobrevivientes cuyos testimonios lograron reconstruir las memorias del horror y llevar a juicio a los genocidas, en nombre de las Madres y de las Abuelas, de los organismos de derechos humanos, de las abogadas y abogados que llevan adelante las tareas de impartir justicia por los crímenes de lesa humanidad, de los periodistas que acompañan estas luchas, de los investigadores sociales que iluminan la historia reciente llamamos a repudiar públicamente esta situación y solicitamos a las autoridades educativas correspondientes de cada provincia argentina a negarse a aceptar esta verdadera afrenta a un patrimonio histórico y ético de la Argentina como lo es el de preservar la memoria y reconstruir nuestra historia con el aval de juicios realizados con todas las garantías constitucionales que son una conquista de la sociedad argentina en democracia y política de Estado inamovible.