El próximo 24 de marzo se conmemora el 41° aniversario del último Golpe cívico-militar y nos encuentra ante un escenario oscuro y alarmante en relación a las políticas públicas vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia. Existe una intención deliberada por modificar el piso de consenso social alcanzado en relación a las razones, consecuencias y alcance del terrorismo de Estado, como así también de quebrar la línea de continuidad de los compromisos ya asumidos como Estado en la materia.

Este último año hemos asistido a una serie de acciones y prácticas concretas, discursivas y simbólicas que han intentando avanzar en ese sentido. La visita, hace un año atrás, al Parque de la Memoria del entonces Presidente de los Estados Unidos junto a su par argentino, los discursos de distintos funcionarios públicos cuestionando el número de víctimas del genocidio, las palabras del propio Presidente de la Nación refiriéndose como guerra sucia a los graves crímenes de la dictadura; el desfile militar de algunos de los responsables de esos hechos, al conmemorarse los 200 años de la Independencia de nuestro país; la publicación de editoriales que sostienen abiertamente la teoría de los dos demonios, se combina con el intento –fallido– de modificar el feriado del 24 de marzo, para convertirlo en un día inhábil movible. 

De este modo, el gobierno de Cambiemos inauguró un discurso negacionista estatal en relación al genocidio, por medio de distintos comportamientos y discursos que tienen en común la negación, al menos parcial, de la realidad de los hechos históricos percibidos por la mayor parte de la comunidad como los más graves que nos tocó vivir. 

Corresponde que vinculemos este deterioro de la política pública de derechos humanos, con la política general que se viene aplicando de transferencia de ingresos hacia los sectores más privilegiados y, su contracara, en el empobrecimiento de la calidad de vida de los más humildes. El inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento y el reordenamiento de las relaciones internacionales hacia un alineamiento con las instituciones multilaterales y las grandes potencias de Occidente. 

Somos conscientes que el propio Estado debe ser garante de este proceso frente a la ciudadanía y a la comunidad internacional, por lo que nos alerta vislumbrar cómo los tres poderes del Estado han debilitado sus políticas específicas. En un año, el Poder Ejecutivo ha llevado adelante un desmantelamiento sostenido y sistemático de todas las dependencias que aportan información a los juicios, elaboraban informes, acompañaban a víctimas y testigos y sostenían los procesos judiciales. Asimismo, recientemente el Ejecutivo rehabilitó la cárcel de Campo de Mayo para el alojamiento de los genocidas privados de su libertad. Desde el Poder Legislativo se ha sostenido una férrea decisión de no poner en marcha la Comisión Bicameral de la verdad que identifique complicidades empresarias durante la dictadura –creada por ley en noviembre de 2015–. Por último, el Poder Judicial  se ha hecho eco de esta nueva política y se han desacelerado de un modo alarmante los procesos judiciales, se aletargan y se suspenden las fijaciones de fechas para los debates, han aumentado considerablemente el otorgamiento de prisiones domiciliarias, entre otras cuestiones.

Sin embargo, y a pesar de este difícil cuadro general, nuestro pueblo demostró no solo que tiene Memoria, sino que ha aprendido de la tenaz lucha de las Madres y las Abuelas, quienes jamás cejaron sus reclamos por justicia y quienes siempre hicieron suyas las plazas y las calles. En este último año hemos participado de una importante cantidad de movilizaciones y reacciones masivas de la ciudadanía. Multitudinarias marchas sindicales, de organizaciones sociales, de mujeres, educativas, científicas y de derechos humanos se sucedieron a lo largo de 2016, porque hemos aprendido que una sociedad organizada y movilizada es el freno a políticas injustas. 

El próximo 24 de Marzo tenemos una nueva responsabilidad. Si el año pasado muchas organizaciones políticas y sociales reclamamos la convocatoria a una movilización unitaria, ahora tenemos un más motivos para hacerlo. No subestimamos las diferencias que existen pero creemos sinceramente que en el momento político que transitamos, sería, además de una muestra de madurez, un hecho político de envergadura poder unirnos en un mismo grito. 

Porque creemos que además del Nunca Más, debemos decir en un solo grito “Ni un paso atrás”, entendemos que este es el momento de caminar todxs juntos.  

* Abogada de DD.HH. y ex responsable del Programa Verdad y Justicia.

** Economista y dirigente de Patria Grande.