El juicio oral por la represión en el cordón industrial se inicia el viernes con polémica
Diario La Capital - 20/03/2013
Imputado. Pili Rodríguez, al ser rechazado por el Concejo de San Lorenzo.
Por Jorge Kaplán
El viernes comenzará en el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario el juicio a tres sindicados represores por crímenes de lesa humanidad en la zona de San Lorenzo. En el debate se ventilará el secuestro y tormentos sufridos por el dirigente gremial Manuel Casado, que tiene como imputados a los ex militares Horacio Maderna y Osvaldo Cervera, y al civil Pedro Alberto Pili Rodríguez. Este es el único caso elevado a juicio oral de una serie mucho más amplia de víctimas del cordón industrial, lo cual llevó oportunamente a la Fiscalía a solicitar la acumulación de todos los hechos. Ese pedido fue denegado, aunque en Tribunales se daba por seguro que la fiscal Mabel Colalongo insistirá con esa solicitud en la audiencia de apertura del viernes.
Manuel Casado, que integraba la conducción del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Lorenzo, fue secuestrado y torturado en 1976 en el Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán, siendo liberado días después. En la causa se imputa a los ex jefe y subjefe de esa unidad militar, el ex coronel Maderna y el ex capitán Cervera, respectivamente, de los tormentos sufridos por Casado. También está imputado el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone, quien fue apartado del juicio por el deterioro de su salud.
Ambos militares, además, asumieron desde el 24 de marzo de 1976 la intervención de la Intendencia de San Lorenzo, en la cual nombraron como asesor legal con la máxima categoría municipal a Pili Rodríguez, que venía de trabajar para el Sindicato de Aceiteros local.
Esta investigación tuvo ruidosas consecuencias, sobre todo cuando en 2010 el Concejo municipal sanlorencino le impidió a Rodríguez asumir una banca que había obtenido compitiendo por un partido vecinal. El cuerpo legislativo le negó el diploma argumentando que estaba imputado en una causa de lesa humanidad y poniendo como antecedentes al extinto Antonio Domingo Bussi y al ex policía Luis Abelardo Patti a quienes se impidió ingresar al Congreso de la Nación.
El trámite judicial también sufrió varias demoras una vez que la causa fue elevada a juicio. En principio, debió posponerse la fecha original del debate, de diciembre del año pasado, por las recusaciones a Laura Inés Cosidoy, integrante del TOF1, por su declarada amistad con el fallecido dictador Leopoldo Galtieri, y que derivaron en su apartamiento del proceso.
Posteriormente, tanto la Fiscalía como los organismos de derechos humanos solicitaron que el caso de Casado sea acumulado a la investigación de la totalidad de los crímenes cometidos en la zona. "Casado accederá a un juicio parcializado que no juzgará los tormentos sufridos dentro de la coherente estructura del plan sistemático, sino que intentan reducirlo a un hecho aislado, individual", cuestionaron. Así, la llamada "causa de los trabajadores" continúa en etapa de instrucción, apartada de la de Manuel Casado, en el Juzgado federal Nº4 a cargo de Marcelo Bailaque.
Ahora, se da por seguro que la fiscal Mabel Colalongo solicitará el viernes a los jueces del TOF1 Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivon Vella la acumulación del caso Casado con los otros crímenes en la zona que el ex dictador Alejandro Lanusse bautizara como "el cinturón rojo de la ribera del Paraná".
Colalongo destacó, en diálogo con LaCapital, que si se juzgara el conjunto de las violaciones a los derechos humanos, y no un caso aislado, "se puede demostrar el vínculo de los sectores económicos con la dictadura". Recordó que "en la orden 404, de 1975, las Fuerzas Armadas determinaron que Capital Federal, La Plata, San Lorenzo, Tucumán y Córdoba" eran los lugares más calientes, dada, en el caso del cordón industrial en torno a Rosario, la altísima concentración de grandes empresas de capitales locales e internacionales.
"Es de suponer que la importancia de las empresas es directamente proporcional a la actividad sindical de sus obreros", principales víctimas del terrorismo de Estado, tras lo cual la fiscal se preguntó: "¿Qué verdad estamos buscando?".