Procesaron a ex directivos de Ford por el secuestro de obreros en la dictadura
Diario La Capital - 22/05/2013
Están imputados por delitos en perjuicio de 24 trabajadores de la planta y permitir un centro clandestino de detención dentro de la fábrica.
Dos ex gerentes y el ex jefe de seguridad de la empresa Ford en tiempos de la última dictadura cívico militar fueron procesados como partícipes necesarios del secuestro de 24 obreros de la firma en 1976, cuyos datos personales y fotografías se suministraron a los militares, y también por haber permitido montar un centro clandestino de detención dentro del propio predio de la fábrica, en la localidad bonaerense de Tigre.
La decisión de la jueza federal de San Martín Alicia Vence recayó sobre el ex gerente de manufactura de la automotriz Pedro Müller, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla, quienes fueron procesados sin prisión preventiva y embargados en 750.000 pesos cada uno.
"La violación de los derechos humanos no es patrimonio exclusivo de los agentes estatales, antes bien se concreta con la colaboración de actores privados, y en particular por empresas que participan, apoyan y facilitan como actores económicos tales actos en cuanto la violación beneficie sus intereses económicos", señala la jueza.
En ese marco, destaca que "es importante no sólo perseguir judicialmente a los autores estatales, sino también a los privados".
En la resolución se consideró que los secuestros perpetrados entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976 fueron delitos de lesa humanidad e imprescriptibles.
"A los nombrados se les imputa el haber facilitado los datos personales de cada uno de los empleados involucrados, junto a sus fotografías y domicilios particulares para que, de esa forma, puedan ser habidos", afirmó la magistrada.
Además, "se les endilga haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del campo de recreativo y/o de deporte, para que fueran interrogados".
"Allí fueron, golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el personal que intervino. En muchos de los casos, ante la ausencia laboral de los secuestrados, los despedían «con justa causa»", detalla el auto de procesamiento.
"Pareciera casi inocente preguntarse si el directivo de una empresa multinacional como Ford, el gerente general que hacía las veces de vicepresidente, el gerente de relaciones labores y el jefe de seguridad no tenían una posición de garante sobre la seguridad física de sus empleados y subordinados", analizó.
La jueza los encontró partícipes primarios de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas, reiterada en 24 hechos, nueve de ellos agravados por haber transcurrido más de un mes e imposición de tormentos reiterados".
Además de ser delitos imprescriptibles, "no se puede soslayar que se trata de eventos tan aberrantes que ofenden a toda la comunidad internacional", advirtió la jueza.
El entonces presidente de Ford Motors Argentina, Nicolás Courard, también estaba imputado, pero el juzgado recibió constancias de su fallecimiento en Chile en 1989.
Los secuestros fueron perpetrados por militares de la zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares, a cargo del ya condenado ex general Santiago Omar Riveros.
Las víctimas fueron: Pedro Troiani, Carlos Gareis, Jorge Constanzo, Marcelino Reposi, Adolfo Sánchez, Francisco Perrotta, Juan Carlos Ballestero, Pastor Murúa, Rubén Manzano, Juan Carlos Amoroso, Fernando Groisman, Luciano Bocco, Juan Carlos Conti, Ricardo Avalos, Vicente Portillo, Carlos Propato, Luis Degiusti, Eduardo Pulega, Hugo Núñez, Rubén Traverso, Raimundo Robledo, Carlos Chitarroni, Roberto Cantelo y Héctor Subarán.
En el auto de procesamiento, la jueza aludió a precedentes internacionales como los procesos abiertos a empresas alemanas por su colaboración con el nazismo. Y recordó los casos de las causas abiertas a firmas alemanas, por ejemplo, por vender a los nazis el pesticida que se usó en las cámaras de gas para asesinar a millones de judíos.
Videla: polémica por el entierro
Luego de que la Justicia autorizara la entrega de los restos del ex dictador Jorge Rafael Videla, sus familiares analizan enterrarlos en su ciudad natal, Mercedes, aunque organizaciones políticas y sociales realizarán una movilización en repudio.
“Faltan algunos requisitos administrativos para la entrega del cuerpo. En principio la idea es enterrarlo en Mercedes porque Videla nació allí, pero todavía no está definido”, dijo el abogado de la familia, Adolfo Casabal Elía. El letrado confirmó la inminente entrega de los restos tras la autopsia, y agregó: “No vamos a pedir nuevas pruebas periciales”.
La noticia sobre el posible entierro de Videla en Mercedes generó la inmediata reacción de los vecinos de esa ciudad bonaerense, que realizarán esta tarde una movilización y un acto de repudio en la plaza San Martín.
El secretario de Derechos Humanos del municipio, Marcelo Melo, afirmó que “si bien podemos repudiar, tampoco podemos prohibir que traigan el cuerpo de Videla aquí al cementerio, porque la familia tiene bóvedas privadas y personales, y no estaría a nuestro alcance impedirlo”. El funcionario admitió que Videla “debe ser la persona más nefasta que ha dado este país y lógicamente Mercedes, y esa mochila no nos la podemos sacar”.