Guerrieri y Amelong adujeron en el juicio oral que actuaron cumpliendo órdenes
Diario La Capital - 16/08/2013
Por Jorge Kaplán
El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario —integrado en esta oportunidad por jueces del TOF de Paraná— realizó ayer la segunda audiencia del juicio por la causa Guerrieri II, imprimiéndole una inusual agilidad al trámite, lo que permitió completar las indagatorias de los 12 imputados. Además, el tribunal resolvió permitir que todas las instancias de este juicio sean televisadas y transmitidas en directo (se pueden seguir en el portal de internet del Centro de Información Judicial), incluso las testimoniales, en pos del principio de publicidad de los procesos, en una medida inédita en juicios de lesa humanidad, al menos en Rosario.
A la hora de las indagatorias, Pascual Guerrieri (78 años), ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, se escudó en el concepto de obediencia debida. "A nosotros desgraciadamente nos tocó biológicamente atravesar esta etapa de la historia argentina. Lo hicimos en una profesión de obediencia, ordenes, educación formal de la cual no nos podíamos evadir. El general Galtieri interrogó a un soldado diciendo «yo soy el dueño de la vida y de la muerte». No podíamos no cumplir una orden".
El ex militar comparó diciendo que "lo mismo le pasa a la Justicia ahora, donde ustedes (los jueces) tienen que cumplir órdenes, también tienen obediencia debida al Consejo de la Magistratura, a la Corte", ante lo cual lo interrumpió la jueza Lilia Carnero enfatizando que "obediencia debida a la Constitución tenemos nosotros señor Guerrieri, nada mas".
Guerrieri también expresó sentirse abrumado: "Está bien que estemos encadenados, pero por favor señores del tribunal no nos lleven al punto mismo que nosotros nos pongamos nuestras propias cadenas", y cerró diciendo que "si ustedes creen que puedo aportar algo más, me lo pueden preguntar".
¿Dónde están? Ante esta invitación, la jueza Carnero interrogó: "La única pregunta que todos tienen es dónde están los desaparecidos", ante lo cual el acusado negó saberlo. "El área de inteligencia es un área técnica, se compara con el diagnóstico que hacen los médicos. Pero luego los que proceden a esas cosas que usted me dice son los operativos. Nosotros tenemos que detectar cuál es el problema, pero nunca somos los que damos la pastilla para curar ese mal", comparó.
En tanto, el ex oficial del Ejército y abogado Juan Daniel Amelong (61 años) utilizó el espacio de la indagatoria para plantear al tribunal que no se lo haya autorizado a ejercer su autodefensa. También cuestionó que la imputación que se le hace —asociación ilícita— da por cierta su responsabilidad en los crímenes por los cuales fue condenado hace tres años, pero que "no están firmes, porque la causa Guerrieri está en Casación". Ante estos planteos, el presidente del tribunal, Roberto López Arango, le advirtió a Amelong que estaba haciendo "una defensa técnica —la que le corresponde a un abogado defensor— y esta posibilidad le fue negada. Mientras eso no cambie, le pido que se circunscriba a hacer una defensa material".
Luego Amelong también recurrió a la "obediencia debida" como excusa para los delitos que se le imputan. "Yo no pedí venir a Rosario, vine cumpliendo una orden. Presté servicios cumpliendo las actividades que ya declaré en la causa Guerrieri, no era oficial de inteligencia, ese curso lo hice en 1980. De ninguna manera pude haber prestado mi voluntad salvo en lo que se refiere cumplir una orden de venir a prestar servicios acá". También dijo que contestaría preguntas del tribunal pero no las de las querellas ni las del fiscal Gonzalo Stara.
A su turno, el ex militar Jorge Fariña (71 años) se abstuvo de declarar y pidió no presenciar el debate. El mismo temperamento adoptó Walter Pagano (67 años), ex personal civil de inteligencia (PCI) del Ejército. Por su parte, Eduardo Costanzo, ex PCI se abstuvo de declarar, rechazó contestar preguntas y acusó a la Justicia de armarle una causa en manos del juez Marcelo Bailaque.
Estos cinco imputados ya fueron condenados a prisión perpetua hace tres años en la causa Guerrieri I por crímenes en los centros clandestinos Quinta de Funes, La Calamita, Escuela Magnasco, La Intermedia y FM Domingo Matheu, y ahora se los acusa de asociación ilícita.
Nuevos al banquillo. En este juicio, se sumaron siete imputados que enfrentan crímenes en perjuicio de 27 personas. Entre estos, Ariel Porra (ex PCI) se abstuvo de declarar y afirmó su inocencia; Juan Cabrera (ex PCI) hizo lo mismo; Joaquín Gurrera (ex jefe de Operaciones del Destacamento de Inteligencia del Ejército) y Héctor Marino González (67 años), ambos ex oficiales del Ejército dijeron ser inocentes.
Carlos Sfulcini (ex PCI y abogado), tampoco declaró y dijo ser inocente. Ariel López (ex PCI) se abstuvo de declarar y solicitó al tribunal no asistir a las audiencias y permanecer bajo arresto en su casa ya que es la única persona a cargo de su hijo que tiene síndrome de Down y diabetes.
En el caso del imputado Alberto Pelliza (ex PCI), su defensa pidió que se suspenda el juicio en su contra por razones de salud, aunque igualmente fue indagado por el tribunal, que sostuvo no hacer lugar al planteo y ordenó una pericia médica.
Testigos. El abogado de parte de las querellas Alvaro Baella consideró "auspicioso y adherimos a la decisión del tribunal" de levantar las restricciones a los testigos para que presencien las audiencias. En ese sentido, peticionó, a partir de esta novedad, ofrecer ahora el testimonio del querellante diputado provincial Eduardo Toniolli (FpV). También solicitó que "el testimonio de Alicia Genolet de Benassi sea reemplazado por su reproducción audiovisual", siendo ambas peticiones concedidas por el tribunal.