Un represor fue excluido de un curso al que asistía beneficiado con salidas
Diario La Capital - 26/11/2013
Los organizadores de un curso de mandatario del automotor que realiza la fundación Funicomapu en el hotel Howard Johnson decidieron que el ex militar y abogado condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad Juan Daniel Amelong no continúe asistiendo a las clases.
El jueves pasado se hizo público, a partir de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y un pedido de informe del fiscal federal Gonzalo Stara, que Amelong gozaba de salidas transitorias para asistir todos los sábados, de 9 a 15, a un curso de mandatario del automotor que se extiende hasta el 18 de enero. Quien había autorizado esa actividad extramuros fue el juez federal Otmar Paulucci, como magistrado de ejecución penal.
Al conocerse esta situación, los organizadores del curso, al que asisten unas 50 personas para formarse como mandatario del automotor, en primer término decidieron suspender la clase prevista para el sábado pasado al circular en las redes sociales la posibilidad de un escrache. Posteriormente, Funicomapu le notificó a Amelong que no podría seguir asistiendo al curso y que se le devolverá el dinero abonado por la matrícula.
Los organizadores dijeron que "les llamó la atención que la persona en cuestión viniera con custodia de gendarmería, pero que no sabían quien era".
Amelong fue condenado a cadena perpetua en 2010 en la causa Guerrieri; en 2011, a 13 años de prisión por el robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar Paraná, y actualmente es juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario por la causa Guerrieri II. Mientras se desarrolla este proceso, está alojado en la Unidad 3 de Rosario, con un régimen de salidas para visitar a su madre y a un fisiatra.
El fiscal Stara informó de la situación al Tribunal Oral Federal 1 de Rosario y solicitó que "se resguarden las medidas del caso, teniendo en cuenta que estamos en la etapa final del juicio".
La secretaria de Derechos Humanos para el sur de la provincia, Nadia Schujman, sostuvo, que "este tipo de autorizaciones resultan llamativas. Consideramos que todos los detenidos deben tener garantizados sus derechos a la salud, la educación y mantener contacto con sus familiares, pero en este contexto, se transforma en un privilegio porque ningún otro detenido del sistema federal que no sea un genocida tiene este tipo de autorizaciones".