Indagaron a uno de los jefes de la Inteligencia militar en el II Cuerpo
En el marco de la causa Feced, en su etapa instructoria, el juez federal Marcelo Bailaque se constituyó el pasado 3 de marzo en San Isidro y tomó indagatoria a Alfredo Sotera, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 121 hasta diciembre de 1976. La importancia de este acto radica en el rol clave que Sotera cumpliera en el accionar del terrorismo de Estado en nuestra región.
Diario La Capital Lunes 14 de marzo 2011
Como se recordará, los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta, a cargo de la acusación en la causa Feced, concretaron las imputaciones, que ascienden a más de un centenar de víctimas del Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Feced.
Se le atribuyó concretamente “haber formado parte —en su carácter de jefe del Destacamento de Inteligencia 121 con asiento en la ciudad de Rosario— de un grupo de personas incluyendo, entre otros, a Leopoldo Fortunato Galtieri, Ramón Genaro Díaz Bessone, Carlos Ramírez, Agustín Feced, Raúl Guzmán Alfaro, Jose Rubén Lo Fiego, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, César Peralte, José Carlos Scortecchini, que operaron en la época del gobierno de facto instaurado a través del llamado «Proceso de Reorganización Nacional», en el marco del plan clandestino y sistemático de persecución, secuestros, torturas y desaparición física de personas que integraban movimientos agrupaciones tildadas de realizar actividad subversiva”, vale decir, el delito de asociación ilícita.
Se le imputa haber intervenido en más de un centenar de casos en privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos, desapariciones y homicidios. Todos hechos ocurridos en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario, mientras se desempeñaba como jefe del Destacamento de Inteligencia antes mencionado.
En un acto de relevancia histórica, luego de 30 años de impunidad, Sotera, al referirse a su actuación a la fecha de los hechos, dijo que “los problemas subversivos los averiguábamos con nuestro personal y con la policía, quienes estaban en la calle”. Que tenía contacto con jefes policiales. Reconoció que en las denominadas reuniones de información que se llevaban adelante tanto en el Comando como en Jefatura participaban el comandante, personal del Destacamento de Inteligencia 121, la policía y otros elementos, como sacerdotes, como el obispo. De la misma manera, manifestó que parte del personal estaba en la calle, buscando información en universidades y sindicatos.
Dijo también que “el destacamento, como parte del Ejército, estuvo a cargo de la lucha como todas las armas, porque si no la subversión tomaba el país, era un problema gravísimo. Sufrimos esas circunstancias y las resolvimos. Eran problemas que teníamos y queríamos evitar que llegara a las casas de uno”.
“El personal de inteligencia no detenía; no estaba en condiciones, lo hacía la policía, por eso hacíamos las reuniones con la policía; les transmitíamos la información y ellos la ejecutaban. Podía haber ido al procedimiento personal del destacamento, pero pasaba desapercibido. Uno acompañaba a la policía que ejecutaba, pero pasaba desapercibido, no se dejaba constancia de su participación. Era como si no hubiera ido. La policía sabía que iba gente del destacamento, acompañándolos, para indicarle cuáles eran los problemas que estaban ocurriendo”, detalló Sotera.
“La importancia de este acto jurídico radica en la inclusión de la importancia del rol de la Inteligencia en la perpetración del genocidio en las particularidades de la causa Feced. El SI fue un centro de relevancia neurálgica en la represión ilegal en la zona. Luego de 30 años, empiezan a despejarse las responsabilidades de los mandos medios del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército”, manifestó Marta Bertolino, querellante de la causa y sobreviviente del SI.
“Entre las imputaciones realizadas se incluyó la de Daniel Gorosito, dirigente del ERP, caso emblemático de nuestra región, muy presente en la memoria de los sobrevivientes y en cada audiencia de la causa Díaz Bessone, aun cuando su caso no integra inexplicablemente los juzgados en esta etapa”, precisó Gabriela Durruty, abogada de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
“La noticia deja muy claras las relaciones entre el Destacamento de Inteligencia y la policía de la zona. Por primera vez se imputa, por ejemplo, como un solo hecho, la «Masacre de Los Surgentes». Estos siete homicidios han sido desmembrados desde el mismo Juicio a las Juntas, en desmedro de la calidad de la investigación y la reconstrucción histórica de los hechos”, aseguró Durruty.
Elida Luna, compañera de Gorosito y querellante en la causa, relató que “poco a poco va remediándose la tremenda injusticia cometida con Daniel. Pudimos reconstruir sus últimos momentos. Al decir de Carlos Pérez Risso, a fines de octubre del 76 Daniel estaba vivo en el SI. Conociendo de su futuro, ya que sus cobardes captores no lo dejarían salir con vida, aun así alentaba a sus compañeros de cautiverio”.
Su compañero de militancia y amigo Héctor Medina relató dolorosamente cómo Daniel “fue sacado de Coronda al amparo de la noche, y cómo su carácter de preso legal no fue óbice para que se lo asesinara y permanezca aún hoy desaparecido”.
Medina, agregó que en el caso de su hermano, Oscar, también desaparecido en octubre de 1976, sus abogadas pidieron que “se impute no sólo a Sotera por este hecho sino al mismísimo Jorge Rafael Videla, encontrándose pendiente la decisión judicial al respecto”.
“La declaración de Sotera complica la estrategia llevada adelante hasta la fecha por Díaz Bessone, quien en todo momento manifiesta que el accionar policial y el militar eran compartimientos estancos, sin comunicación. La imputación de integrantes de Inteligencia como autores mediatos va descorriendo el velo que oculta responsabilidades de peso en la negra noche de nuestra historia, inexplicablemente ocultas hasta el presente”, finalizó Durruty.