Indagan al arzobispo de Bahía Blanca por la fuga del ex capellán Vara
Infojus - 11/06/14
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El arzobispo de Bahía Blanca Guillermo Garlatti declarará hoy en la causa donde se lo investiga por abonar un beneficio jubilatorio al ex capellán del Ejército Aldo Vara que, investigado por delitos de lesa humanidad, estuvo prófugo en Paraguay, donde finalmente falleció. La indagatoria estará a cargo del juez federal ad hoc Alvaro Coleffi. Entre los testigos citados para hoy también está Leopoldo Bochile, la persona encargada de cobrarle el beneficio todos los meses y retirar los recibos de pago de, al menos, los últimos diez años.
El juez hizo lugar al reclamo del Ministerio Público Fiscal que durante la instrucción logró detectar que el ex capellán Vara cobraba un beneficio jubilatorio especial para sacerdotes que le pagaban desde la curia bahiense y a través de Bochile. Garlatti deberá presentarse ante el magistrado a partir de las 8.30, mientras que Bochile, apoderado de Vara, está citado para las 11. Ambos están imputados por haber prestado asistencia al sacerdote mientras estuvo prófugo durante ocho meses.
Vara cobró “unos 2400 pesos por subsidio por edad para mayores de 68 años a través de la Conferencia Episcopal Argentina a través del Fondo de Solidaridad (FIDES)", señalaron fuentes judiciales a Télam. "Se trata de un sistema de seguridad previsional en el cual se encuentran los sacerdotes seculares de nuestro país", agregaron.
Para los investigadores, Bochile fue designado por Vara para poder cobrar el denominado subsidio FIDES desde 2001. Estas autorizaciones fueron secuestradas durante allanamientos realizados en el arzobispado bahiense y en el domicilio del apoderado, en el mes de mayo. En los operativos secuestraron recibos de pago, poder extendido y otros documentos que abonan los elementos de sospecha sobre los dos imputados.
El ex capellán falleció la semana pasada, mientras aguardaba su extradición a Argentina. Tenía 80 años y estaba con un arresto domiciliario en una parroquia de Paraguay, bajo la custodia de Interpol, luego de intentar eludir la Justicia cuando empezaba la causa penal por el funcionamiento del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca, durante la última dictadura. Murió la semana pasada, en momentos en que aguardaba su extradición a la Argentina.
El religioso estaba imputado por su participación en secuestros, torturas y homicidios de los que resultaron víctimas un centenar de personas que pasaron durante la última dictadura cívico militar por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede del Cuerpo V del Ejército.