Ex magistrado admitió que presos políticos denunciaban apremios
La Capital - 27/06/14
Noemí Berros. La magistrada preside el Tribunal que lleva adelante el juicio.
Por Jorge Kaplán
El juicio oral por la causa Feced II continuó ayer con el testimonio del ex juez federal Guillermo Tschopp, que ocupara ese cargo entre 1976 y 1984. El ex magistrado explicó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) el mecanismo por el cual los detenidos por razones políticas eran incorporados al sistema judicial (blanqueados) luego de pasar, mayoritariamente, por centros clandestinos de detención.
"Los sumarios eran enviados por la Policía Federal o de la provincia y ahí se sustanciaba la causa en sede judicial", dijo Tschopp, y aclaró que "no eran los jueces" quienes ordenaban las detenciones.
Preguntado por el abogado defensor Francisco Miño sobre si "el Juzgado ordenaba alguna atención médica al detenido", Tschopp dijo que "no, si no había motivos". La presidenta del TOF2, Noemí Berros, le preguntó que "cómo se enteraba usted que podía haber motivos", y el ex magistrado afirmó que "en algunos casos (los presos) manifestaban que habían sido sometido a algún tipo de apremios". Añadió que "en esos casos se daba intervención al fiscal y a la Defensoría".
El abogado Miño le preguntó si había recibido denuncias de detenidos por apremios, a lo que el ex juez dijo: "Denuncias no. Sí había manifestaciones al recibir declaración indagatoria. Al leérseles la declaración prestada en sede prevencional (policía o Ejército) manifestaban haber recibido violencia".
La abogada querellante Gabriela Durruty preguntó si alguno de los apremios denunciados por los presos se había investigado. Tschopp se excusó diciendo que "había un decreto ley que establecía la competencia de la autoridad militar para aquellos casos relacionados con violencia recibida de parte de personal que estuviere a la orden de autoridad militar".
En testimonios anteriores, los sobrevivientes Luis Cuello y Marta Bertolino acusaron a Tschopp de hacer caso omiso a sus denuncias de apremios sufridos. "El juez Tschopp me dio 8 años de condena y no había ni pruebas ni nada", recordó Bertolino, quien además lo acusó, al igual que a la entonces defensora oficial Laura Cosidoy, de "aconsejarme que no denunciara las torturas".
Sobre los pedidos de hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos, el ex juez dijo que "el tramite era pedir informes a las autoridades, policía provincial y federal, Gendarmería, y en función del resultado se disponía hacer lugar. Si estaba detenido se lo hacía comparecer y verificar si era legítima la detención. Si era negativo, se corría vista al fiscal y quedaba desestimado. No cabía otra posibilidad de investigación".
Tschopp señaló que "el Tribunal jamás ordenaba el lugar de detención, todo eso era controlado por el Comando de II Cuerpo de Ejército y la policía", y admitió que "en Rosario no visitamos las cárceles" porque, añadió ante la pregunta de Berros, "no había motivos, quien estaba en Rosario era trasladado al tribunal por la autoridad policial".
El fiscal Gonzalo Stara le preguntó sobre si "había diferencia entre las fechas de los hechos imputados", y el ex juez admitió: "Sí. En las causas que llegaban no coincidían el momento del parte preventivo con la detención". También detalló que "todos, incluso absueltos del Juzgado, continuaban detenidos a disposición del Poder Ejecutivo (PEN) que tenía un poder absoluto".
Stara preguntó si "podían inspeccionarse las condiciones de detención", a lo que el ex juez señaló que "no era habitual inspeccionar el lugar de detención". La jueza Berros le recordó que "es un deber de los jueces (hacerlo) en función del reglamento de justicia de 1958", y su par Ivon Bella inquirió si al menos "les informaban en que lugar estaban detenida esta gente", pero Tschopp se escudó diciendo que "el Tribunal en sí no tenía ningún control de los lugares de detención".
Venganza. Por videoconferencia desde Costa Rica, donde está radicado, declaró Elías Carranza, actual director del Instituto Latinoamericano de la ONU para la Prevención del Delito, pero que antes del golpe de 1976 integró la comisión bicameral que investigó el asesinato de Angel Brandaza. Dijo que el 18 de febrero de 1977 fue secuestrado y llevado a la ex Jefatura donde fue torturado y permaneció detenido hasta junio de ese año, no sin antes advertirle que le "pondrían un tiro en la nuca". Señaló que su secuestro fue "en represalia por su trabajo en la comisión investigadora que se creó en 1973 para investigar los mismos delitos que ahora investiga el TOF2". Recordó que "entre los imputados (de aquel momento) estaba (el hoy acusado) Ovidio Olazagoitía". Dijo que éste, junto a otros sospechosos del caso Brandaza, reaparecieron cuando estaba detenido. "Los interrogatorios en mi caso eran muy elementales, se dedicaban a atormentarme por haber estado en la comisión", resumió.
Finalmente declaró el reportero gráfico José Granata quien en 1978 acudió a Pellegrini y España a cubrir para LaCapital un presunto hecho policial. Allí habían sido asesinados los hermanos peruanos Rory y María Antonieta Chuang Céspedes en un enfrentamiento fraguado para encubrir el asesinato de Conrado Galdames. "Había una persona que no nos dejaba pasar —recordó Granata—, gente con armas o de seguridad, uniformados no vi. No pude fotografiar el lugar de los hechos. Dijeron: no pasa el periodismo".