La querella de Familiares reclamó cadena perpetua para Díaz Bessone
Parte de la querella, representada por el equipo jurídico de Familiares de Detenidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), solicitaron ayer la pena de prisión perpetua para el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y el ex policía Rubén Lo Fiego, en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario.
Diario La Capital - 13/09/2011
Por Jorge Kaplán
También solicitaron la pena de 25 años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta a los ex policías Mario Marcote, Ramón Vergara y José Carlos Scortechini y al civil Ricardo Miguel Chomicki. Para todos, se reclamó la condena "por ser autores del delito de genocidio tipificado en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio".
El equipo jurídico de la querella enfatizó que "todas las víctimas cuya suerte se investiga en esta causa sufrieron delitos de tal magnitud que repugnan a la humanidad como tal", y que "si algún sentido tiene en estos casos la sanción penal, es precisamente redignificar a las víctimas y la disuasión o prevención general negativa".
También exigieron que las condenas se cumplan con prisión efectiva en cárcel común. Argumentaron que "no habría igualdad si a los perpetradores de los delitos más graves les autorizáramos a cumplir la pena en mejores condiciones que a los autores de delitos comunes". Sostuvieron que "el domicilio es también espacio social", y "nadie equipararía a la casa de estos señores con la cárcel", por lo cual "expresamente solicitamos a este Tribunal que los penados cumplan sus condenas en cárceles comunes, al cuidado del Servicio Penitenciario Federal y desde el momento mismo del dictado de la sentencia".
Remarcaron que "si luego de la búsqueda de justicia durante tantos años, frente a quienes se resistieron a ello, no se los condena a cumplir su condena en una cárcel común, es una forma de seguir perpetuando la impunidad, y de desbaratar todo el sistema jurídico argentino, que se caracterizará por tener las cárceles llenas de personas socialmente excluidas condenados por delitos menores, y a los genocidas cómodamente en su casa, burlando nuevamente la ley".
Plantearon que esa querella "entiende que las víctimas no están buscando sólo un reconocimiento judicial de condena a los represores, sino sobre todo, un reconocimiento jurídico a los hechos sucedidos en el país. Las condenas y las penas son aleatorias y efímeras, más teniendo en cuenta la edad de muchos de los procesados y también la de varios de los sobrevivientes. Es por ello que el reconocimiento judicial de genocidio por parte de la Justicia argentina permite y permitirá a toda la sociedad no sólo prevenir, rearticularse y solidarizarse con hechos que como en la presente causa ofenden a toda la humanidad, sino que también posibilitará la resistencia firme a cualquier intento de inclusión de estas prácticas".
No estando previsto el monto de la pena en la Convención Internacional sobre genocidio, los letrados plantearon que se consideren las previstas "en los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, asociación ilícita y desaparición forzada de nuestro derecho interno".
En caso de que el Tribunal no considere aplicable el delito de genocidio, la querella planteó que se condene a Díaz Bessone por privación abusiva e ilegal de libertad calificada por su carácter de funcionario público, agravada por mediar violencia y amenazas; homicidio calificado por alevosía, con el concurso preordenado de dos o más personas y para procurar la impunidad para sí o para otro cometidos, desaparición forzada agravada; asociación ilícita agravada en carácter de jefe".
Para Lo Fiego, Scortechini, Marcote y Vergara se reclamo penas por "privación ilegal de la libertad calificada por su condición de funcionario público y por mediar violencia y amenazas y por su duración" y "aplicación de tormentos agravados por aplicarse contra perseguidos políticos". A Lo Fiego se le cargó además el delito de "desaparición forzada agravada" y "asociación ilícita". Para Chomicki, se pidió condena por ser "partícipe necesario" en los delitos "privación ilegal de libertad agravada", "tormentos agravados" y "asociación ilícita".
También solicitaron que la sentencia a los represores se inscriba en los prontuarios de las víctimas que fueron condenadas en procesos ilegales de la dictatura para así limpiar su buen nombre y honor.
La abogada Gabriela Durruty expresó el "agradecimiento en nombre del equipo jurídico de Familiares y la Liga a toda la gente que llenó la sala de audiencias las veces que estuvimos alegando, y muy especialmente a aquellos que representamos que nos dieron el honor de acusar en su nombre y llevar su palabra ante los jueces".