Ya es ley la pensión para ex presos políticos
El Ejecutivo provincial promulgó la norma que beneficia a sobrevivientes del terrorismo de Estado. La normativa también incluye a quienes hayan nacido en cautiverio o menores de edad detenidos con sus padres.
Diario La Capital - 02/12/2012
El Poder Ejecutivo provincial promulgó la ley 13.298 que establece una pensión mensual no contributiva para aquellos santafesinos que estuvieron privados de su libertad durante la última dictadura militar. El monto de las pensiones será el equivalente a dos haberes del mínimo de pensión vigente en la provincia de Santa Fe.
A través del decreto 3.443, firmado por el gobernador Antonio Bonfatti, la provincia aprobó la creación de "una pensión mensual no contributiva de carácter vitalicio para aquellas personas que acrediten que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 se hubieren encontrado privadas de su libertad, como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de seguridad o de cualquier otro grupo parapolicial y/o paramilitar, por causas políticas, gremiales o estudiantiles, que hubiesen permanecido en prisiones legales o clandestinas de cualquier tipo incluyendo los centros clandestinos de detención, tortura y/o exterminio, o sometidas a la Justicia penal federal o provincial, o a tribunales militares, o a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o condenadas por un Consejo de Guerra".
La normativa también incluye a quienes hayan nacido en cautiverio o menores de edad detenidos con sus padres.
De acuerdo a la ley, podrán acceder al beneficio las personas que acrediten "haber tenido domicilio real en la provincia de Santa Fe al momento de la privación de su libertad, cualquiera fuera el tiempo de detención y, que no resulten beneficiados de una prestación actual o futura de carácter nacional, provincial o municipal, derivadas de la misma situación. En caso contrario, el beneficiario deberá optar por una de ellas", agrega.
La ley establece que la autoridad de aplicación será la Caja de Pensiones Sociales, conforme a las "solicitudes recepcionadas por la Secretaría de Derechos Humanos". La norma también establece para los beneficiarios "asistencia médica a través de la cobertura médica asistencial integral que brinda el Instituto Provincial de Obra Social (Iapos).
Con respecto a la extensión del beneficio, la ley prevé que "en caso de fallecimiento del titular, serán acreedores al beneficio los derechohabientes en la misma forma y condiciones" establecidas por la legislación para el otorgamiento del beneficio de pensión. "La extensión del presente beneficio tendrá efectos aún cuando el/la causante hubiera fallecido antes de la entrada en vigencia de la presente ley, determinándose los montos conforme a lo prescripto por la autoridad de aplicación en casos similares", agrega el texto.
Esta ley es un viejo reclamo de sobrevivientes del terrorismo de Estado y fue aprobada el 1º de noviembre pasado por el Senado provincial, tras el previo voto positivo de Diputados, desde donde fue impulsada por su autor, el diputado provincial Gerardo Rico (Movimiento Evita). La ley tuvo un largo y trabajoso derrotero en la Legislatura provincial, donde incluso llegó a perder estado parlamentario el año pasado, frenada en comisión por el oficialismo. Sin embargo, a principios de este año los diputados provinciales del Frente para la Victoria (FPV) acordaron dar nuevo impulso al proyecto, que ahora con Antonio Bonfatti en la Casa Gris llegó a buen puerto.