Prisión preventiva para el ex jefe de Inteligencia de la dictadura
El juez federal Daniel Rafecas procesó con prisión preventiva al ex jefe de Inteligencia de la última dictadura Carlos Alberto Martínez, en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
Diario La Capital - 27/12/2012
Fuentes judiciales informaron que el magistrado procesó a quien integrara el Estado Mayor General del Ejército y le imputó ser partícipe necesario del secuestro de 1194 personas, entre otros delitos, cuando estuvo a cargo de la Jefatura II de Inteligencia.
Rafecas procesó a Martínez por su participación en el plan sistemático de represión implementado en el ámbito jurisdiccional del Primer Cuerpo de Ejército, mediante el procesamiento de la información obtenida mediante los interrogatorios a víctimas detenidas ilegalmente, la infiltración, el análisis de la documentación y demás material capturado.
A partir de esos procedimientos se hacía luego la llamada "apreciación de inteligencia" y determinación de "blancos", que guiarían las acciones a seguir del plan represivo.
En definitiva, el juez sostuvo que la Jefatura II de Inteligencia tenía una "doble función": consultiva y requirente ante el comandante general del Ejército, Jorge Rafael Videla, quien mantenía la decisión respecto de la realización de los operativos que implicaban la concreción de las acciones criminales.
Rafecas lo consideró a Martínez partícipe necesario del homicidio de 151 personas, la privación ilegal de la libertad de 1194 personas, la aplicación de torturas a 696, en tres casos seguidos de muerte. Todo ello durante el período en que se desempeñó como jefe de Inteligencia, entre el 24 de marzo de 1976 y el 23 de enero de 1978, cargo que ocupó hasta enero de 1982.
La imputación quedó conformada por las víctimas que estuvieron en los centros de detención Atlético, Banco y Olimpo, El Vesubio, Superintendencia de Coordinación Federal, Garaje Azopardo, Automotores Orletti, Hospital Posadas, Sheraton, Cuatrerismo, Comisaría de Monte Grande, y del circuito represivo conformado por la Comisaría 1 de Junín, Unidad 13 del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, Unidad Regional 8 de Junín y Destacamento de Morse.
También se le atribuyó a Martínez la intervención como partícipe en varios operativos de detención ilegal, entre ellos, el llevado a cabo en el Hospital Posadas, o el realizado en la llamada Quinta La Pastoril o Quinta de Moreno, o en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Castelar.
A la vez, se le atribuyó la privación ilegal de la libertad de siete personas secuestradas en la localidad de Marcos Paz, entre ellas Oscar Felipe Sánchez, intendente hasta 1976; como también el secuestro de un grupo de profesionales y empleados de la Comisión Nacional de Energía Atómica, como Antonio Misetich, entre otros científicos de reconocimiento internacional que se hallan desaparecidos.
También se lo procesó por su participación en el homicidio del coronel —ascendido post mortem— del Ejército Bernardo Alberte, quien en la década del sesenta había sido edecán y asesor del general Juan Domingo Perón, y quien el mismo día del golpe de Estado, según tuvo acreditado el juez, habría sido arrojado por personal militar desde la ventana de su domicilio del sexto piso de avenida Del Liberador, en Capital Federal.
Reconocen a policía represor
Una testigo en el juicio que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe desarrolla por delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad de Reconquista durante la última dictadura militar reconoció ayer a uno de los siete imputados, en el marco de la última audiencia del año. Se trata de Rosa Bassi, quien el 30 de enero de 1976, antes del golpe cívico-militar del 24 de marzo de ese año, fue detenida por la policía santafesina en Reconquista. Ante una pregunta puntual del Tribunal, la mujer reconoció al policía retirado Eduardo Luque, presente en el recinto.