Tras la feria se reanudan en todo el país diez juicios a represores

En el Tribunal Oral Federal de Santa Fe se retoma el proceso por hechos de terrorismo de Estado en la zona de Reconquista.

Diario La Capital - 29/01/2013

Tras la feria judicial de enero se reanudarán numerosos juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en las provincias de Córdoba, Capital Federal, San Martín, Mar del Plata, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Salta, San Juan y Tucumán.

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe proseguirá con un juicio donde se investigan crímenes en perjuicio de 35 víctimas en la zona de Reconquista que tiene como imputados a Jorge Benítez, Eduardo Luque, Omar Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann, Carlos Nickisch y Danilo Sambuelli. El Tribunal está integrado por los jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Otmar Osvaldo Paulucci, y se reunirá para continuar el debate el 14 de febrero próximo.

En Capital Federal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 seguirá el 4 de febrero el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), en el cual se prevé que declaren cerca de 900 testigos y se juzgarán 789 hechos acaecidos en ese centro clandestino de detención, con 68 imputados.

Por su parte, el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba tiene en sus manos el juicio oral y público contra Luciano Benjamín Menéndez por crímenes en los centros clandestinos La Perla y La Ribera, entre los años 1975 y 1977, en un proceso compuesto por la acumulación de 16 causas, que cuentan con 45 imputados, 417 víctimas y se espera que declaren más de 900 testigos.

El Tribunal Oral Federal de Jujuy juzga a Mariano Braga, Antonio Vargas y José Bulgheroni, acusados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y homicidio, en perjuicio de 43 víctimas, en un debate que continuará el 7 de febrero.

En Mar del Plata, se juzgan delitos en los centros clandestinos de la Base Naval de Mar del Plata, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, y en la sede de Prefectura Naval Argentina, con represores 14 imputados.

El Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza se lleva a cabo un juicio oral en el que se encuentran imputados Dardo Pipaon, Alcides Francisca, Paulino Furió, Ramón Puebla, Juan Oyarzábal, Armando Fernández, Fernando Morelado, Juan Garibote, Aldo Pérez y Ricardo Miranda.

En Salta, el Tribunal Oral juzga a 18 imputados por 34 hechos cometidos entre los años 1975 y 1978, en la causa que investiga privaciones de la libertad y homicidios.

En San Juan, son juzgados Jorge Olivera, Orlando Martel, Alejandro Lazo, Daniel Gómez y Horacio Nieto, acusados de delitos en perjuicio de 60 víctimas.

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín lleva adelante el juicio oral por crímenes en jurisdicción de Campo de Mayo contra Santiago Riveros, Reynaldo Bignone, Eugenio Guarañabens Perelló, Julio San Román, Luis Sadi Pepa, Osvaldo García, Hugo Castagno Monge, Carlos Somoza, Carlos Macedra, Eduardo Corrado, Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo, por crímenes en perjuicio de 20 víctimas.

Finalmente, en Tucumán se desarrolla el juicio por la causa "Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía s/ secuestros y desapariciones", donde son juzgados 41 imputados, por crímenes en perjuicio de 235 víctimas.

Confirman una condena

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la prisión perpetua al condenado represor de la última dictadura cívico-militar Oreste Valentín Padován, uno de los máximos responsables del centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba.

El máximo tribunal del país declaró “inadmisible” un recurso extraordinario de la defensa oficial de Padován, con lo cual quedó firme la condena impuesta el 24 de julio de 2008 por el Tribunal Oral Federal 1 de esa provincia, informaron fuentes judiciales.

El ex miembro del Ejército fue condenado como “coautor penalmente responsable por dominio de la acción de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, por la duración (de más de un mes) y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada”.

También se lo encontró Padován culpable de “imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima y coautor por dominio funcional de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes”.

Según la acusación, el condenado represor integró el llamado grupo “calle” o “tercera sección” y tenía a su cargo trasladar los secuestrados para fusilarlos, además de participar de interrogatorios entre los años 1976 y 1979.

El ahora condenado Padován siguió en actividad en el Ejército Argentino hasta 1995, cuando se retiró de la fuerza.

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