Elevaron las penas a represores
La Cámara Federal amplió los años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Los imputados eran todos miembros del Batallón 601. Piden la prisión preventiva para Carlos Blaquier y Alberto Lemos
Diario La Capital - 19/02/2013
La Cámara Federal confirmó la condena y elevó las penas dictadas a dos agentes civiles del Ejército por delitos de lesa humanidad contra Silvia Tolchinsky, en el marco de la denominada "contraofensiva de Montoneros" contra la dictadura militar.
El tribunal elevó de 10 a 12 años de prisión las condenas contra Jorge Oscar Baca (alias Juan Boyé) y Carlos Eduardo Somoza ( César Segal), a la vez que a Julio Alberto Cirino (Jorge Contreras ), absuelto en primera instancia, le impuso seis años de prisión como miembro de una asociación ilícita.
Todos pertenecían al Batallón 601, "un núcleo central en cuanto a operaciones de Inteligencia a lo largo y ancho del país", sostuvo el juez federal Ariel Lijo cuando, en setiembre último, condenó a Baca y a Somoza, basado, entre otras pruebas, por los testimonios de la propia damnificada.
Al agravar las condenas, la Sala II de la Cámara Federal concluyó que Baca y Somoza, como integrantes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuya acción contribuyó a poner en peligro la vigencia de la Constitución nacional, privaron de su libertad, cometieron vejaciones y redujeron a servidumbre a Tolchinsky.
La joven había sido secuestrada en setiembre de 1980 luego de ingresar al país con Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia, Ricardo Marcos Zucker, Julio César Genoud y Verónica Cabilla —que permanecen desaparecidos—, en lo que se denominó la "contraofensiva de Montoneros" contra la dictadura militar.
Piden la prisión preventiva para Carlos Blaquier y Alberto Lemos
La abogada querellante en la causa "Aredez Luis y otros", María José Castillo, presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta una recusación al juez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y solicitó prisión preventiva para el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier y el ex administrador general de la empresa, Alberto Lemos, quienes se encuentran en libertad provisional.
En la provincia de Jujuy se lleva a cabo el primer juicio de lesa humanidad que tiene a tres militares imputados por detenciones ilegales, torturas y desaparición de personas, en cinco causas unificadas que comenzaron el 12 de julio del año pasado, en tanto que el 21 de febrero comenzarán los alegatos según dispuso el TOF de Jujuy.
De Rabbi Baldi Cabanillas dijo que públicamente y desde su pertenencia a la Academia Nacional de Ciencias Sociales y Políticas "desaprobó las acusaciones en delitos de lesa humanidad realizadas a Carlos Pedro Blaquier".
Teniendo en cuenta que es en esa Cámara donde se tramitan expedientes de la denominada "Causa Ledesma", se podrá entender la necesidad de garantizar "una eficaz administración de la Justicia".
La abogada querellante solicitó también el cese de libertad provisional de Blaquier y Lemos, y que se ordene prisión preventiva, considerando que en las declaraciones testimoniales de víctimas surgen "las responsabilidades directas del propietario del Ingenio Ledesma como de su administrador general, que es a la vez miembro del directorio".
Castillo destacó que "es la Cámara de Salta la que va a decidir si Blaquier sigue o no en libertad y si sigue o no procesado en la causa" y recordó que uno de los abogados de Blaquier es Horacio Aguilar, quien fue juez federal en Jujuy y actuó en el año 2008 como miembro subrogante de la Cámara Federal salteña.