Diario Rosario12, Domingo 25 de Septiembre de 2016
El CELS presentará en Rosario su informe anual 2016
Trata sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. El eje estará puesto en la responsabilidad civil y empresarial durante el terrorismo de Estado, que encuentra un caso testigo en la causa Acindar.
"Hubo enorme responsabilidad en la represión contra los trabajadores", explicó Luz Palmas Zaldúa.
Responsabilidad empresaria y dictadura
Por Martín Stoianovich
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentará en Rosario su Informe Anual 2016, y dará a conocer además un informe sobre la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad y la represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado. La jornada hará principal hincapié en este punto, y no es casual que sea en Rosario: se espera que pronto avance la causa que investiga la persecución, secuestro y asesinato de los obreros de la fábrica Acindar a partir de marzo de 1975. Por otra parte, el informe ofrece una mirada sobre las políticas públicas en materia de Seguridad, punto también propicio en el contexto actual a nivel local y nacional.
Desde principios de la década del 2000, incluso antes de que se reiniciara el proceso de justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, el CELS viene investigando la participación y complicidad empresarial. En al menos 25 empresas hubo trabajadores desaparecidos, con la sospecha de aportes empresariales. "Llegamos a la conclusión de que un sector del empresariado nacional y extranjero tuvo enorme responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos contra los trabajadores", explicó a Rosario/12 Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del equipo Memoria, Verdad y Justicia del CELS.
"Directivos de la empresa, o miembros del directorio, hicieron aportes concretos para señalar a trabajadores, o aportaron recursos logísticos e información, incluso predios de empresas para mantener cautivos de forma ilegal a los trabajadores", agregó como uno de los puntos en común de esta práctica que muestra el trabajo, ampliado en el informe "Responsabilidad empresarial en delitos de Lesa Humanidad".
El desafío de esta presentación en Rosario es poner sobre la mesa una deuda histórica: el esclarecimiento, y la condena a los responsables, de lo ocurrido desde el 20 de marzo de 1975 en la fábrica Acindar de Villa Constitución. Ese día, la policía santafesina, la Federal y la Gendarmería, junto a miembros de la derecha sindical reprimieron a trabajadores de la fábrica, dejando un saldo de 150 detenidos y quince asesinatos de obreros organizados en la Lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica. La cifra de desaparecidos y asesinados se duplicaría con el correr de los meses hasta iniciada la dictadura. Y es un desafío porque el poder económico significa un obstáculo permanente para ponerle nombre y apellido a los responsables empresariales. "Es muy difícil que el poder económico rinda cuentas a la justicia, y hoy el contexto político no ayuda a avanzar en estas causas", explica Palmas Zaldúa, y agrega: "Hoy los grupos económicos disputan poder, y hay un gobierno donde muchos de los funcionarios que lo integran son empresarios".
En su capítulo sobre responsabilidad empresarial, el Informe Anual 2016 del CELS destaca un punto fundamental: comprender que "el accionar criminal de las empresas no fue aislado, sino sistemático y dirigido desde las altas esferas del gobierno de facto". El informe habla de "vínculos entre las jerarquías del Poder Judicial, el eclesiástico y el empresarial con las Fuerzas Armadas, y las motivaciones de estos grupos para involucrarse en la represión".
"Como titular del Ministerio de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz lideró las transformaciones del modelo económico, que derivaron en la reducción de los derechos de los trabajadores y en la concentración de la propiedad en pocos grupos. Esas regresiones implicaban la represión de cualquier modo de resistencia", se agrega en el trabajo. La historia de Acindar tiene un dato que refuerza este concepto: Martínez de Hoz fue presidente de la empresa hasta 1976, y luego del golpe de Estado pasó a ser Ministro de Economía. A partir de entonces, como muchas otras empresas, Acindar fue beneficiada -entre otras medidas económicas- con la transferencia de su deuda privada hacia el Estado.
En contacto con Rosario/12, Gabriela Durruty, abogada querellante en representación de los sobrevivientes de la represión y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, destacó la importancia de hablar de la responsabilidad empresarial. "Las pruebas sobran", aseguró en torno al rol activo de civiles en aquellos sucesos. "Brindaron logística y dinero. Además crearon un centro clandestino de detención dentro de Acindar. No son cómplices, sino responsables directos", destacó.
La causa actualmente no tiene imputados, pero en junio pasado se hizo un pedido de indagatorias que debe resolver el juez federal Marcelo Bailaque. En principio, hay más de sesenta personas involucradas entre integrantes de las fuerzas de seguridad, del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, y responsables civiles de Acindar, la burocracia sindical de la UOM y el poder eclesiástico. "Es muy importante que el informe se presente en Rosario, para que no siga pasando el tiempo y esta impunidad se haga cada vez más difícil de desarmar", concluyó Durruty.
También los derechos humanos ahora
El Informe Anual 2016 que presentará el CELS tiene un fuerte anclaje en el contexto actual en materia de derechos humanos y la aplicación de políticas de Seguridad, sobre la cual recaen profundas críticas. El trabajo analiza las políticas que tienden a repetir operativos de saturación policial o desembarcos de fuerzas federales como estrategias para el control del delito y la excusa de la "guerra contra las drogas" como argumento para militarizar los sectores populares. En este marco, el contexto actual presenta a Rosario -ciudad que espera un nuevo desembarco de la Gendarmería- como un escenario de ensayo de estas prácticas que alimentan lo que en el informe denominan "abordajes demagógicos de la violencia y el delito".
El informe habla del "consenso punitivo" tejido por discursos mediáticos, políticos y judiciales que también replica el resto del entramado social. "En términos generales, las orientaciones punitivistas comparten rasgos que se repiten en sus distintas encarnaciones: enfocan los recursos hacia los delitos menores y apuntan a reprimir a los eslabones más débiles de la cadena delictiva", explica el trabajo. "Miden su efectividad en la cantidad de detenciones", agrega.
Con la provincia de Santa Fe a la cabeza de la tasa de homicidios durante el 2015, alcanzando con la cifra de 12,2 casos cada cien mil habitantes casi el doble que la tasa nacional, y la ciudad de Rosario posicionada como sede del narcotráfico para los grandes medios de comunicación del país, se contribuyó a que se afiance ese "consenso punitivo". El acuerdo entre el gobierno provincial y el nacional para crear el Comité de Planificación de Estrategias que tiene al frente a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y al gobernador santafesino Miguel Lifschitz, como así también el Comité Operativo Conjunto en Territorio que supone el trabajo articulado entre las fuerzas provinciales y federales, se afirma como un ejemplo claro a nivel regional.
"Las propuestas se caracterizan por la construcción de un enemigo público homogéneo, simplificado y a la vez difuso", indica el informe. "Sin embargo -profundiza el análisis- no se preocupan por los rasgos más salientes de los diferentes escándalos vinculados a la 'narcocriminalidad' en la Argentina: el involucramiento de estructuras de seguridad en las redes de ilegalidad, las dificultades del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para investigar los delitos complejos y la necesaria revisión de la legislación vigente en materia de drogas".
La presentación del informe será este lunes 26 de septiembre, a las 18 en el Museo de la Memoria de Rosario, ubicado en Córdoba 2019. El panel de presentación contará con la presencia de Luz Palmas Zaldúa; Gabriela Durruty; Victoria Basualdo, investigadora del Conicet y del Área de Economía y Tencología de Flacso; y Victorio Paulón, secretario de derechos humanos de CTA e integrante de la comisión directiva del CELS.