Reportaje a la abogada española que participó en el proceso contra Ríos Montt, anulado por el Constitucional guatemalteco
Diario El País - 24/05/13
Ixiles esperan el dictamen en el proceso contra Ríos Montt. / Saúl Martínez (EFE)
Diez días de justicia
Por María R. Sahuquillo
Erguido e impasible. Cuenta Paloma Soria que el expresidente guatemalteco Efraín Ríos Montt no se inmutó al escuchar los relatos de las violaciones sistemáticas a las que sus soldados sometían a las mujeres mayas. La historia de la niña a la que los militares agredieron sexualmente hasta matarla. La de la embarazada a la que abrieron el vientre para sacarle el feto. La del padre al que obligaron a ver cómo torturaban a su esposa y a sus hijos. Durante los dos meses del histórico juicio al dictador, sus abogados pasaron por encima de los brutales crímenes cometidos contra las mujeres de la etnia ixil en la época en la que Montt gobernó el país (1982-1983). Abusos sistemáticos para acabar con los indígenas que ha documentado Soria, una abogada española que ha participado en el proceso contra el expresidente. Su análisis de las atrocidades sufridas por las mujeres a manos de los militares que Montt tenía a su cargo ha sido uno de los cimientos que ha sustentado su condena: 80 años de prisión por genocidio y crímenes de guerra. El veredicto, comunicado el pasado 10 de mayo, apenas se ha mantenido diez días. El pasado lunes, el Constitucional guatemalteco anuló la sentencia que reconocía los asesinatos de 1.771 ixiles y ordenó repetir una parte del juicio. Una acción, asegura Soria, que no desanima a los supervivientes de las masacres. “Se ha demostrado que lo que ocurrió en Guatemala fue un genocidio y eso siempre quedará ahí. Pase lo que pase, al menos durante diez días ha habido justicia”, apunta.
Menuda pero con una mirada azul poderosa, esta malagueña de 31 años es la única abogada española que ha intervenido como perito en el histórico juicio contra Montt, el primer ex jefe de Estado centroamericano procesado por genocidio y juzgado, además, en su propio país. Especializada en temas de género y letrada de la organización internacional Women’s Link Worldwide, Soria se incorporó al caso guatemalteco en 2011, cuando la Audiencia Nacional española, que llevaba el caso iniciado por la premio Nobel Rigoberta Menchu contra Montt y otros ocho exgenerales por genocidio, aceptó una ampliación de querella para incluir los crímenes de género. “Durante el conflicto se ejerció violencia sexual extrema y sistemática contra las mujeres, pero esta había permanecido invisible para los operadores jurídicos. Los testigos la constataban, pero se pasaba por encima como una acción más, comparable a la quema de cultivos o el robo de ganado. Faltaba la conciencia de que esos crímenes específicos prueban el genocidio. Tenían como objetivo la destrucción de la etnia”, concreta.
Agredir, torturar y violar a las mujeres es una forma de erradicar a un pueblo. De acabar con su futuro. De intimidarle y humillarle. Y durante el conflicto interno de Guatemala —de 1960 a 1996, el más largo de América—, en el que murieron unas 200.000 personas, en su mayoría campesinos indígenas, unas 100.000 mujeres fueron violadas. En los años de férreo Gobierno de Ríos Montt, el general que salpicaba sus discursos públicos de citas bíblicas y afirmaba que el buen cristiano es aquel que blande la Biblia y la metralleta, esa violencia fue extrema. “Salvaje”, incide la abogada de Women’s Link Worldwide. Sobre todo en el departamento de Quiché (al norte del país), en el conocido como Triángulo Ixil, donde el ejército se lanzó contra los campesinos de origen maya que habitaban esas tierras con la excusa de que colaboraban con las guerrillas comunistas.
Algunas mujeres no habían contado nunca que fueron torturadas o esclavizadas por los soldados”
Soria visitó por primera vez el triángulo en 2011. Viajó hasta sus boscosos y escarpados pueblos para conocer a las mujeres por las que pelearía, primero, en la causa por genocidio que se libraba entonces en la Audiencia Nacional española —aún en fase de instrucción— y, después, en el histórico proceso en Guatemala. Otras mujeres, muchas de ellas ya abuelas, de otros pueblos a los que no llegó Soria recorrieron kilómetros de abruptos caminos, algunas con sus nietos, para participar en los encuentros organizados por la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) para que las víctimas compartieran con la abogada sus recuerdos.
Como Elena de Paz, que relató ante el tribunal que juzgaba a Montt cómo con solo 12 años fue despojada de todo lo que conocía. En 1982 los soldados llegaron a su pueblo. Quemaron las casas y los cultivos de maíz con los que subsistían los campesinos. Mataron a los animales y a muchos hombres y se la llevaron a ella, a su madre y a otras mujeres al destacamento militar de Tzalbal. Allí, describió, la violaron durante tres días. No sabe cuántos soldados “pasaron” por ella porque en muchos momentos perdió el conocimiento. Cuando la soltaron solo sentía dolor. “A mi mamá no la volví a ver”, contó. En la última imagen que tiene de ella un soldado le mordía violentamente el pecho. Cree que murió durante las violaciones.
Como De Paz, cuenta Soria, la mayoría de las mujeres que no lograron escapar a las montañas fueron secuestradas y enviadas a los destacamentos militares en aquellos años negros. En las zonas donde dormían y descansaban los soldados también estaban pautados los “intercambios” con el sexo opuesto. En algunos instalaban a las mujeres en casetas. En otros las arrojaban directamente al interior de grandes hoyos cavados en la arena. “Solo las sacaban para violarlas y luego las volvían a meter. Estaban allí, desnudas, sin apenas alimento. De vez en cuando las regaban para limpiar un poco el sitio… Muchas morían en el agujero. Otras, durante las violaciones o directamente eran ejecutadas”, dice.
La tortura no terminaba con la liberación. Gran parte de las mujeres ixiles que sufrieron agresiones a manos del ejército tuvieron que afrontar también el rechazo social de su propia comunidad. Algunas fueron abandonadas por sus maridos o repudiadas por sus familias. Por eso, la abogada cree que para las supervivientes ver a Montt —uno de los generales bajo cuyo mando se perpetró el exterminio— juzgado en su propio país está siendo un paso clave para cicatrizar unas heridas aún abiertas. “Algunas no habían contado a nadie lo que les ocurrió, que fueron agredidas sexualmente, torturadas o esclavizadas por los soldados”, explica. Como aquellas dos mujeres, madre e hija, que en uno de los encuentros con Soria se relataron una a la otra por primera vez lo que les había ocurrido. O la que narró cómo los soldados se llevaron a su hija de diez años y otras niñas del pueblo, y que cuando su pequeña volvió no sabía verbalizar lo que le habían hecho.
“La violencia sexual contra las niñas y mujeres ixiles fue generalizada y prueba que había intención de destruir al grupo. Cuando atacas a las mujeres de esa manera estás impidiendo la reproducción de la comunidad. Física y culturalmente, porque las ixiles, además, tienen un papel determinante en la transmisión de su cultura y las tradiciones”, explica. Pero han sobrevivido. “Han conseguido transformar su dolor en justicia. Lo que ocurrió hace 30 años aún les duele. Lo recuerdan y lloran, pero aun así lo cuentan. Ahora son conscientes de que lo que les pasó no tenía que haber ocurrido y no desean que se repita con sus hijas o sus nietas”.