El gobierno investiga el dinero que sostendría a represores prófugos
Diario La Capital - 02/08/2013
Sabuesos. Sbatella (Unidad de Información Financiera), Rossi (Defensa) y Alak (Justicia) anunciaron la investigación.
El equipo jurídico del ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, detectó un punto de fuga de dinero de ex militares de profesión abogados —y condenados por juicios de lesa humanidad—, hacia un fideicomiso que se presume serviría de soporte financiero para sostener una modalidad que ha ido tomando volumen entre los represores de los años de plomo: profugarse.
Más de mil enjuiciados, arriba de 400 detenidos, aunque cerca de 60 prófugos, se cuentan hoy entre los procesados y condenados por juicios de lesa humanidad. Estos últimos deberían estar detenidos o comparecer ante el reclamo de los Juzgados federales, pero no están, no contestan, viven de un modo clandestino.
Los dos últimos casos, hace pocos días, Gustavo De Marchi y Jorge Antonio Olivera, se escaparon sospechosamente de las manos del Servicio Penitenciario Federal en el Hospital Militar de Buenos Aires. Pergeñaron la fuga, forzaron un traslado innecesario desde San Juan, y en un instante desaparecieron del imponente edificio sobre la calle Luis María Campos, con el beneficio de obvias complicidades.
"Internacionalmente se considera que nadie puede permanecer prófugo más de dos días si no recibe protección económica", explicó ayer Julio Alak, ministro de Justicia de la Nación que acompañó al dueño de casa, el ministro Rossi. Ambos se presentaron ante la prensa junto a José Pepe Sbatella, titular la Unidad de Información Financiera (UIF).
El represor Olivera, ahora prófugo, fue, en su momento, muy exitoso en su profesión. Tuvo un estudio jurídico con Jorge Humberto Appiani —también detenido por un juicio de lesa humanidad—, a través del cual lograron obtener importantes sumas por honorarios en sistemáticos juicios contra el Estado, representando a militares.
El dato que alertó al equipo jurídico de Rossi, y que el rosarino compartió inmediatamente con Alak y Sbatella, fue el desvío de esos dineros —a 2010, unos 9,5 millones de pesos— a nombre de un denominado fideicomiso SJ1/2. Los desvíos incluyen otras sociedades, con la evidente vocación de borrar la ruta y procedencia del dinero.
La presunción, que ahora deberá confirmar o no una investigación judicial exhaustiva, es que ese armado financiero tiene un objetivo específico: financiar la vida clandestina de los represores —unos 60— que hoy se encuentran prófugos.
Por caso, en la causa judicial "Chrestien Mario Luis C/ Ministerio de Defensa" aparece reclamando el pago de horarios "Fiduciaria DPA SRL", al tiempo que los dos abogados (Olivera y Appiani) se encontraban detenidos. Entre otras empresas que aparecen en situaciones similares se lee Pemesa SA y Prepaga Legal SRL.
Enterada, la UIF aplicó las facultades que le asigna la llamada "ley antiterrorista", sancionada en el último año por la mayoría kirchnerista y duramente criticada por toda la oposición. Esa ley permite bloquear todas las cuentas bancarias, números de Cuit y bienes registrados de las personas y empresas implicadas en situación de "terrorismo". Justamente, en este caso se verifica la figura de terrorismo de Estado.
Olivera, las empresas y los fideicomisos vinculados han quedado bloqueados. Ahora se verá si la red de protección a profugados tiene otras ramificaciones. O muere por inanición con el golpe de nocaut que acaba de darle la acción conjunta entre Defensa, Justicia y la UIF.
Con sus fríos mármoles marrones, los soldados firmes y circunspectos haciendo guardia en la puerta del despacho principal, el Ministerio de Defensa viene de una tradición política donde "nunca pasa nada". Sin embargo, desde que llegó el Chivo Rossi todo parece haber cambiado. El designado jefe del Ejército, César Milani, continúa bajo fuego. El tratamiento de su pliego de ascenso a teniente general fue postergado en el Senado. Se han planteado sombras sobre su accionar durante la dictadura cívico-militar. Además, se suman denuncias sobre un presunto enriquecimiento ilícito de Milani que los jueces deberán ameritar.
Milani, por lo pronto, mantiene el firme respaldo de la presidenta Cristina Kirchner. A propósito de las denuncias sobre enriquecimiento contra Milani, Rossi dijo ayer: "El apoyo a Milani continúa igual, para nosotros no cambia nada con las denuncias (por enriquecimiento). Es un tema judicial".