Se buscan mecenas a dos euros para aplicar la Ley de Memoria Histórica
Diario El País - 08/02/2014
Fuentes públicas con simbología franquista se mantendrán como están, adosándoseles letreros que denuncien a aquel régimen opresor.
Por Natalia Puga, desde Santiago de Compostela
La aplicación de la Ley de Memoria Histórica busca mecenas en Ourense. El Ayuntamiento de Amoeiro ha puesto en marcha un proyecto para instalar placas explicativas en lugares públicos rotulados con simbología fascista, pero su alcalde, Rafael Rodríguez (PSOE), quiere evitar que se le acuse de despilfarro de fondos públicos en época de crisis si las financia con cargo a las arcas municipales, de modo que ha decidido poner en marcha una campaña de crowdfunding y pide dos euros a cada donante.
El objetivo que se marca el ayuntamiento es reducido, reunir los 459,80 que cuestan las 14 placas que tienen proyectadas, de ahí que hayan decidido fijar una cuota por mecenas "simbólica". En realidad, "simbólica es toda la campaña, para que se vea que la gente se implica, que es algo que demanda el pueblo".
Las localizaciones que mantienen simbología franquista en Amoeiro son 13 fuentes públicas y una antigua escuela y se trata de "mantenerlas tal y como están, sin tocarlas, porque tambien forman parte de la historia", pero instalar en las mismas una serie de letreros en resina con el siguiente mensaje (en gallego): "Memoria Histórica. Estas imágenes pertenecen a la propaganda de una Dictadura que ocupó con sus símbolos los espacios públicos más emblemáticos. Permanecen aquí como denuncia histórica de aquel régimen opresor"
Desde el ayuntamiento justifican que tienen "el objeto de dar cumplimiento a la Ley popularmente conocida como de Memoria Histórica (Ley 52/2007), por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de los que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura". Los planes iniciales del alcalde no eran recurrir a la financiación colectiva, sino que lo planteó como una medida más entre las promovidas por el ayuntamiento en cumplimiento de la citada ley y presentó el proyecto a la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Ourense para instalar las placas.
El 31 de octubre de 2013 recibió autorización de Patrimonio y dio a conocer la propuesta, pero se encontró con una barrera inesperada. Ciudadanos no vinculados públicamente a ningún partido político criticaron el supuesto derroche de instalarlas. En respuesta a esas criticas llegó el crowdfunding.
Rafael Rodríguez sostiene que estas placas buscan cumplir, al menos, cuatro funciones. La primera es pedagógica, "al reflejar la finalidad propagandística y opresora de la ocupación simbólica de lugares públicos", pero también busca la reparación del sentir de repulsa, "al actuar como expresión de denuncia de los abusos acometidos".
Los otros dos cometidos que se plantea son crear conciencia respecto a "las dramáticas consecuencias de la dictadura y, en general, de las ideologías que priman la imposición sobre el diálogo" y contribuir a crear concordia, "al declarar la supremacía de la paz y la democracia sobre los totalitarismos y la violencia".
A pesar de que le han surgido críticas ciudadanas, no así del resto de partidos politicos con representación en la Corporación municipal. El alcalde asegura que se siente respaldado e incluso se sorprende de que estas placas puedan llegar a interpretarse como una intención de hacer sentir una determinada ideología política: "se cumple una ley, en una ley no hay uso ideológico".
Respuesta a las críticas
Sí se sorprende Rafael Rodríguez con las críticas suscitadas entre algunos ciudadanos. No comparte que se reproche el coste económico que conlleva, pues los 459,80 euros los podría asumir el propio ayuntamiento, que tiene una "buena situación económica" y se ha buscado un material barato, la resina "previendo ya que pueden ser objetomde algún acto vandálico".
Además, ve "demagógico" que algunos hayan esgrimido que esta acción no conduce a salir de la situación de crisis actual y supone un evidente despilfarro. "En modo alguno compartimos las posiciones contrarias a la implantación de unas placas cuya finalidad es dar cumplimiento a la ley y reparar los daños cometidos, y menos aún las que se basan en razonamientos populistas y absurdos", señala oficialmente al respecto el ayuntamiento.
Ante estos reproches sí responde él con otra crítica, pues cree que la aplicación de la Ley de Memoria Histórica tiene un "problema político de falta de financiación" y uno "social por desconocimiento de la historia". Argumenta que "on las instancias gubernamentales las verdaderas responsables de no dotar de fondos a una ley que ha sido consensuada por todos los grupos políticos democráticos del territorio español, así como por otras instancias europeas".
Hasta el 28 de febrero
La aportación de micromecenazgo se puede hacer a través de un plataforma creada en la página web oficial del ayuntamiento ( http://www.amoeiro.es/CROWDFUNDING/) o mediante pago directo en el banco, una facilidad que ha decidido añadir el alcalde para adaptarse a los hábitos de sus vecinos. Amoeiro es un municipio de 2.278 habitantes en el que todos están al tanto de la iniciativa, pero ha detectado que hay personas que "no son muy partidarias de pagar a través de Internet".
La campaña está abierta hasta el próximo 28 de febrero y, hasta el momento, Rafael Rodríguez valora que "va a buen ritmo, se nota implicación". El primer cómputo de donantes que realizó ascendía a 130, pero tiene constancia de que son más, pues hasta ahora sólo ha contabilizado a quienes pagaron en la plataforma on line, no en la cuenta bancaria.
Dada la reducida cuantía de la petición, han decidido que si se reúnen más fondos de los necesitados, en primer lugar, se hará público lo recaudado y, más tarde, se destinarán los fondos restantes a rendir homenaje a la Corporación municipal de Amoeiro durante la República y a los vecinos víctimas del franquismo, pues "Amoeiro fue uno de los municipios que padeció más cruentamente los efectos de la represión". En caso de que hubiese fondos a mayores, "se destinarían a paliar las situaciones de emergencia social que la crisis actual ocasiona".