Mendoza: arranca el juicio contra los jueces Romano y Miret
La Capital - 17/02/14
La Justicia federal de Mendoza iniciará hoy un cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia, que esta vez contará con los ex camaristas federales Otilio Romano y Luis Miret entre los acusados, imputados junto a otros militares y policías por violaciones a los derechos humanos de más de 200 personas durante la pasada dictadura militar.
Ante el inicio de este proceso, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, participará hoy de un acto frente a la sede del Poder Judicial de Mendoza junto a funcionarios nacionales y organizaciones locales.
En total, se juzgará a 41 imputados, en lo que es considerado un megajuicio que incluye a militares, policías, agentes penitenciarios y ex jueces, fiscales y defensores de la Justicia federal.
Además, se presume que más de 200 testigos pasarán por el Tribunal Oral Federal Nº1 para declarar sobre lo ocurrido en el centro clandestino de detención y tortura denominado D2, el Liceo Militar General Espejo y la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer.
Entre los imputados que tendrá este juicio, se encuentran los ex jueces Romano, Miret, Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo y Guillermo Petra, acusados de facilitar el plan de las Fuerzas Armadas al no investigar las denuncias de detenciones irregulares y de desapariciones.
El caso de Romano es uno de los que mayor estado público tomó porque había sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura en 2011 y un día antes de que se resolviera su suspensión, escapó a Chile.
Allí permaneció prófugo hasta que la Corte Suprema chilena ordenó su regreso al país, tras la solicitud de extradición interpuesta por la Argentina.
Desde su retorno a Mendoza, en septiembre de 2013, se encuentra detenido en la penitenciaría local de San Felipe, en el pabellón donde están alojados otros condenados y procesados por delitos cometidos durante la dictadura.
Según el abogado de derechos humanos Diego Lavado, Romano "ha sido el hombre fuerte de la Justicia federal durante la dictadura y durante todos estos años de democracia. Además, desde 2003 fue uno de los principales obstáculos para que se investigara los crímenes de lesa humanidad que comenzaron a enjuiciarse a partir de la caída de las leyes de impunidad".
"Es una persona que ha tenido una participación directa primero en los años de terrorismo de Estado y, después, en los años de democracia, cuando se quiso comenzar la investigación", añadió.