El lavado de dinero que hizo la dictadura con su botín
Página 12 - 17/02/14
El Tigre Acosta es uno de los investigados por la Unidad de Información Financiera que dirige José Sbattella.
Por Alejandra Dandan
La Unidad de Información Financiera (UIF) colabora desde el mes de octubre del año pasado en la investigación sobre robo de bienes de la ESMA. En estos meses analizó unas doce sociedades relacionadas entre sí que aparecen creadas por integrantes de la Marina. Entre ellos figuran nombres como los de Jorge Radice, Ricardo Cavallo, familiares de ellos y de un grupo de civiles que suele ser siempre el mismo. Las empresas aparecen localizadas dentro del país y en paraísos fiscales. Pero el hallazgo más importante es que el entramado de empresas parece ser una pantalla destinada a lavar el robo de bienes, dado que las sociedades asentadas en el país no son rentables y viven de recibir “inyecciones” de dinero de las compañías que ellos mismos tienen afuera. Según datos del Banco Central de la República Argentina, sólo desde el año 2001 llevan “inyectados” casi 20 millones de pesos: 19.008.513 pesos.
“Se evidenció que la mayor parte de las sociedades nacionales acumulaban constantes resultados negativos, sin perjuicio de lo cual se observó que a través de los accionistas del exterior o de las propias sociedades locales se efectuaron inyecciones de dinero mediante aportes de capital o préstamos de ayuda financiera que no resultaban sustentados a partir de las ventas contabilizadas”, señalan en un escrito. “Esto último constituye una clara maniobra tendiente a lavar activos, ya que mediante los aportes de una sociedad extranjera se ingresan al país sumas que se encontrarían en el exterior y que tendrían origen en la liquidación de todos los bienes que fueron apropiados por el Grupo de Tareas 3.3.2.”
El robo de bienes
El organismo que dirige José Sbattella se presentó en el juzgado de Sergio Torres en enero para pedir ser aceptado como querella en la causa ESMA. Ya llevaban varios meses colaborando en la investigación. Torres los aceptó y ahora la UIF presentó en la fiscalía de Eduardo Taiano un escrito en el que piden al fiscal que impulse la imputación por lavado de dinero.
En el escrito aportan elementos importantes: listado de empresas, nombres de los integrantes que se cruzan una y otra vez, direcciones y los movimientos de dinero. Todo esto cruzado, además, con una primera etapa de la investigación en la que analizaron algunas trasferencias de inmuebles robados a los desaparecidos. Como resultado aparecen las hipótesis y nombres con más actividad que otros. Uno de los más activos es la hermana del marino y contador de la ESMA, Jorge Radice: Norma Beatriz Radice, que cruza la historia del “robo”, empresas y la “inyección” de divisas. “La señora Norma Radice tiene a su nombre bienes que fueron robados a personas desaparecidas”, señala un tramo del informe. “Y a su vez es accionista en dos empresas nacionales con su hermano” y “asimismo es la representante de una de las sociedades del exterior que efectúa inyecciones de capital en el entramado de sociedades locales, nos referimos a Forestando Delta Inve-stments LLC”.
En el escrito, la UIF dice que “el tema debe ser investigado” tanto por las responsabilidades pasadas como por la capacidad operativa que estos fondos podrían tener aún hoy. Dicen que podrían sostener tanto la estructura de los “cientos de prófugos” de estas causas como ser usados para “desestabilizar” las instituciones del Estado cuando no coinciden con el tinte del gobierno de turno.
Pero acá no termina todo. La presentación es importante además por otras razones. Jurídicamente se la mira como un pedido que introduce en el ámbito judicial una discusión todavía pendiente y necesaria no sólo para esta causa sino para otras como Papel Prensa, y que es el debate que vincula la figura del “lavado de dinero” con las causas de lesa humanidad. El “lavado” permitiría desandar la ruta del dinero a través del tiempo. Y puede abrir la posibilidad de embargo y congelar movimiento de las empresas. El problema jurídico es que la ley se sancionó en el año 2004 y por lo tanto no estaba vigente al momento de los hechos. Aun así, en el juzgado creen que esta causa puede abrir el debate, ya que el entramado de empresas vinculadas al GT 3.3. muestra que el “delito continúa” hasta ahora: los datos permiten ver que las sociedades siguen vivas y coleando, operan entre sí, y en el origen tienen como punto de partida algunas direcciones de casas robadas a los desaparecidos.
Las casas
Una de las pistas que siguió la UIF es una propiedad ubicada en la calle Besares 2019/2015, del barrio de Saavedra, Ciudad de Buenos Aires. En esa propiedad funcionó una empresa montadas por los marinos, conocida como Multivisión, donde algunos detenidos realizaron trabajo esclavo. La circulación que siguió la propiedad a través del tiempo muestra el modo en el que los marinos hicieron circular una parte de los bienes, entre parientes y personas cercanas. Y además cómo todo eso se extendió en el tiempo.
“Sobre la Navidad de 1977 me llevan a trabajar afuera de la ESMA a una casa en la calle Besares, a 15 cuadras de la ESMA”, dijo Silvia Labayru, por ejemplo, en su declaración durante el juicio oral ESMA II. “Llevan a un grupo de secuestrados también. Se estaban haciendo obras para convertir el lugar en un estudio de grabación, invirtieron mucho dinero, compraron muchas cámaras, nos llevaron a secuestrados, algunos hacían función de albañiles. El que estaba a cargo era el capitán Pazo, que junto con Acosta y Vildoza tenían el máximo grado del área ejecutiva, por debajo de Chamorro. Las obras de esa casa tenían por objeto hacer filmaciones sobre lo bella que era la Argentina y lo humano que era el gobierno militar. Una persona secuestrada estaba a cargo del audio, otros trabajaban como obreros de construcción, cuatro o cinco. A mí me llevaron para hacer de secretaria, pero mi función consistía en llevar los papeles de esa casa, que era robada a un secuestrado. En ese momento no lo sabía, pero estoy segura de que está relacionada con Chacras de Coria.”
Hasta ahora, se sabía que en la calle Besares había dos “unidades” destinadas a estas acciones de los marinos: la U1 y la U2. Siempre se dijo que eran de un desaparecido cuyo nombre aún se conoce. También se sabía lo siguiente:
1) Que la Unidad 1 perteneció a una persona llamada José Pazos Alvarez; luego pasó a otra que estuvo secuestrada por el Grupo de Tareas. Y posteriormente y durante su cautiverio, mediante escritura 658 del 14 de junio de 1978, la propiedad pasó a favor de Juan Héctor Ríos, que era uno de los nombres falsos que usó Radice para las operaciones.
2) Y que la Unidad 2 consta haber sido vendida por el matrimonio integrado por Salustiano Diez Ezquerra y Beatriz Hermida de Diez el 2 de octubre de 1978 también a favor de Juan Héctor Ríos.
A partir de allí, la dirección de Análisis de UIF agregó otra información:
1984
El 2 de octubre de 1984, Jorge Carlos Radice vende las U1 y U2 en nombre y representación de Héctor Ríos (él mismo). La venta se hace a su esposa: Miriam Anita Dvantman, que además es sobreviviente de la ESMA.
1997
En diciembre de 1997, Dvantman trasfiere la U2 a Horacio Eduardo Garoya y María Susana Pugliese. Garoya y Pugliese –según la UIF– dieron como domicilio alternativo la calle Warnes 352 de Vicente López. Cuando la UIF los citó a declarar, les informaron que no vivían ahí ni eran conocidos, “dejándose constancia de que en ese inmueble vivía Héctor Radice, hermano de Jorge Carlos Radice”, el contador. Vale recordar que en Warnes 352 funcionó una de las inmobiliarias montadas por los marinos ya durante la dictadura. Según la UIF, ahora pertenece a Dvantman.
2000
El 20 de octubre de 2000, los supuestos Garoya y Pugliese transfieren la U2 a Norma Berta Radice, hermana del contador.
2008
Dvantman vende la U1 y compra una casa en Migueletes 2326-28 y un auto con dominio ELR-654.
La sucesión de trasferencias topó, además, con otra dirección muy conocida en la causa de la ESMA: Jaramillo 3083/87, mencionada por los sobrevivientes como otra de los lugares donde funcionaron las inmobiliarias del GT. La UIF dice que la propiedad “es” de Norma Radice y Héctor Radice, hermanos del contador, y fue heredada en “virtud de acuerdo judicial sucesorio, herencia de su padre, Augusto Carlos Radice”. Un dato importante es que Augusto Carlos Radice compró esa propiedad el 1o de noviembre de 1978.
“Hasta aquí no pueden mediar dudas en cuanto a que los imputados en el plan de apropiación de bienes de personas secuestradas se valían de su entorno familiar para desviar dinero o inmuebles de su accionarilegal”, señala el informe. Y enseguida avanza con el análisis de las sociedades.
La familia
Hasta ahora se había hablado mucho de las supuestas “empresas” vinculadas al Grupo de Tareas de la ESMA. Entre los dueños aparecían nombres como Jorge Radice, también su hermana Norma. Hace años que se venía diciendo que estas empresas y estos nombres habían tenido relación con las oficinas que montó Emilio Massera en la calle Cerrito 1136. Pero el aporte más importante de la UIF en este momento es que por primera vez analiza todo este entramado de nombres y empresas y configura una hipótesis de lectura que reorganiza toda la información. De esa manera, es interesante la lógica con la que conectan el robo de las casas con este entramado de empresas misteriosas, una vinculación que permite conectar además pasado y presente.
En el análisis de las empresas investigan todos los nombres de compañías que aparecen asociados a los represores vinculados al robo de casas. El primero es Jorge Radice pero también su hermana. Esos cruces llevan a una dirección ubicada en la calle Fray Justo Santa María de Oro 2881, que más tarde empezará a ser clave: alrededor de ella la UIF señala que existen nueve sociedades vinculadas y una operación que se reportó como sospechosa en el año 2010.
- Jorge Radice: En 1998 se vincula como socio a Seal Lock Identification SA, con domicilio en la calle Fray Justo Santa María de Oro 2881, y domicilio alternativo en Billinghurst 2533, piso 1, de Capital Federal, inmueble que adquirió el 24 de septiembre de 1992 y luego pasó a su hermana Norma Radice 2001.
- Norma Radice: es accionista de Long Regent SA y Forestando Delta SA. Aparece además como representante de Martiel SA y Forestando Delta Investments LLC.
- Calle Fray Justo Santa María de Oro: Tiene nueve sociedades conectadas: TexMon SRL, Martiel SA, Sately SA, London Clubs SA, Fundación Foro de las Americas, Aviar Navarro SA (ex-Herflor SRL), Long Regent SA, Forestando Delta SA Y Business Advisor SA. “Mención especial merece aquí el reporte operación sospechosa 6810 Expe. UIF número 962/2010”, señala el informe. El escribano que intervino en la venta de la casa en el año 2010 lo reportó porque se estaba vendiendo por segunda vez en el plazo de un año con un valor de 30 por ciento mas alto. Otro de los datos señala que todos los propietarios estuvieron vinculados: Oro 2881 SA se la compró a London Clubs SA; London Clubs SA lo compró a Aviar Navarro SA y Aviar Navarro SA se lo había comprado a la firma Long Regent SA. “Es decir que el punto importante no resulta solamente la diferencia de valores de compra en tan corto plazo, sino que a su vez el inmueble estuvo circulando durante varios años dentro de las diferentes sociedades cuyos accionistas se vinculan entre sí”, señalan.
En el informe, la UIF empieza a mirar otros nombres que siempre aparecen vinculados con esa trama. Son algunos nombres de “civiles” que siempre aparecen asociados a los marinos. El más mencionado aquí es Miguel Angel Egea, el “Colorado”, que aparece integrando siete de las nueve sociedades. En algunas también está su hermano Alberto Luis Angel Egea y su esposa Barbara Franz, señalan. Egea es un socio histórico de los negocios de la Armada, conocedor del mundo del juego y vinculado a los grupos de la derecha peronista de los primeros años ’70. En el reporte y vinculado al tema juego, la UIF pescó una operación sospechosa con el Casino de Buenos Aires: 13 millones de pesos que ingresaron en 2008, sin razón.
La transferencia de dinero
Según el informe, estas empresas reciben dinero de otras que están en el exterior:
1) Long Regent SA aporta en: Long Regent SA y Aviar Navarro SA.
2) London Clubs Investments LLC aporta en: London Clubs SA.
3) Puerto Margarita SA aporta en: Long Regent SA, Martiel SA y Sately SA
4) Adela Cía. de Inversiones (Panamá) SA aporta en: Long Regent SA, Martiel SA y Sately SA.
5) Forestando Delta Investments Corp aporta en: Forestando Delta SA.
6) Fedycor SA aporta en: London Clubs SA y Martiel SA.
Las empresas en el exterior son investigadas en este momento. La UIF pidió colaboración a los organismos fiscales de cada uno de esos países. Extraoficialmente, este diario pudo saber que por lo menos la mayoría de ellas está formada por ellos mismos. Una investigación aparte merecerá el nombre de Adela Compañía de Inversiones de Panamá. “Adela fue (y puede que siga siendo, hasta que se demuestre lo contrario) un instrumento de inversión para América latina de algunos de los capitales más poderosos de los años ’60, como la familia de banqueros suecos Wallenberg, la Standard Oil (grupo Rockefeller) o Fidelity Philadelphia Trust Company”, señala Carlos Sch-wartz, periodista argentino en España. “Tristemente célebre para la izquierda de las décadas de 1960 y 1970. Se suponía, y se la acusaba de ello, que Adela había inspirado los movimientos golpistas de los años ’60 en América latina a través de sus profundos lazos con el Departamento de Estado de Estados Unidos y su relación personal con Henry Ki-ssinger.” De acuerdo con los datos consultados por Schwartz en Panamá, en 1988 Egea y Norma Radice se hacen cargo de esa compañía.
En virtud de todo esto, señala el Informe, “no cabe duda a nuestro criterio que el accionar desplegado por los principales imputados Radice, Acosta y Cavallo, como por la hermana del primero de ellos, su pareja y Miguel Angel Egea, se encuadra dentro de la figura prevista en el actual artículo 303 del Código Penal, esto es, lavado de activos, en virtud de que su conducta ha tenido por objeto dar apariencia de licitud a los bie-nes que fueron obtenidos ilegalmente de manos de quienes eran ilegalmente secuestrados y torturados en la ESMA”.
En ese contexto, solicitan al fiscal que investigue el lavado. “Todo demuestra que aquellos bienes se mantienen en el patrimonio del entorno del apropiador o han sido vendidos o administrados por ellos con el fin de darles apariencia de licitud, cuando en realidad son fruto de una siniestra e inescrupulosa extorsión.”
Recomiendan así profundizar la investigación.