Sigue el juicio a ex jueces en Mendoza por violaciones a los derechos humanos
Diario La Capital - 25/02/2014
Cuatro ex magistrados federales y otros 30 ex militares y ex policías continuaron siendo juzgados ayer en Mendoza por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar contra más de un centenar de víctimas, en un juicio a cargo del Tribunal Oral Federal Nº1, que durará todo el año.
Según informaron miembros de organismos de derechos humanos, la singularidad y fortaleza de este debate es el procesamiento de los ex magistrados Luis Miret, Otilio Romano, Guillermo Petra y Rolado Carrizo, quienes fueron fiscales y jueces durante la dictadura y hoy están acusados por no haber investigado los secuestros de más de un centenar de personas, la mayoría todavía desaparecidas. "En un claro gesto de complicidad, omitieron cumplir con su función de resguardar la vida e integridad física de los detenidos, aportando con su silencio al plan de aniquilamiento del terrorismo de Estado", indicaron en un comunicado.
Este cuarto juicio en Mendoza incluye delitos de lesa humanidad perpetrados por agentes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, de la cúpula y subalternos de la policía de esa provincia y los responsables de las torturas en la penitenciaría provincial.
De los 41 imputados iniciales quedaron finalmente 34, de los cuales Francisco López Rodríguez se encuentra con pedido de captura ya que no pudo ser encontrado por las autoridades policiales.
Los acusados que quedaron desafectados por razones de salud son: Alfredo Castro, Aldo Patrocinio Pérez, Timoteo Amaya, el ex magistrado Gabriel Guzzo, Enrique Blas Gómez Saá y Francisco Salvarreda. En tanto, el ex general Luciano Benjamín Menéndez fue desafectado ya que se encuentra afrontando otros dos debates en Córdoba y La Rioja.
A través del sistema de teleconferencia, los magistrados notificaron a varios imputados que no residen en Mendoza o están cumpliendo condenas en servicios penitenciarios de distintas ciudades argentinas.
El pedido de enjuiciamiento, que había sido presentado por la Fiscalía Especial para Delitos de Lesa Humanidad y los querellantes, fue plasmado en dos documentos donde están contenidos los cargos contra Luis Miret, Otilio Romano, Rolando Carrizo y Guillermo Petra, y otro que involucra solo al ex camarista Gabriel Guzzo, quien afronta el mayor número de ilícitos: 109, seguido por Otilio Romano, con 98 casos.
Estas causas se iniciaron a partir de las exposiciones, ya en democracia, de ex detenidos a las que se agregó el análisis de aproximadamente 350 hábeas corpus presentados en tiempos de represión y otra documentación de archivo con la cual fue posible reconstruir el comportamiento de los jueces frente a las denuncias de las víctimas del genocidio e inferir que los hábeas corpus, el recurso más usado para lograr la libertad, eran absolutamente ineficaces, se rechazaban y no se investigaba.
Según se comprobó, a pesar de los claros indicios de asesinatos, robos, violaciones, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad ejecutadas por policías y militares, nunca tomaron medidas para sancionarlos, faltando así a sus esenciales deberes.
Cámaras de fotos. Ayer, con la reanudación del debate iniciado el lunes pasado, la querella pidió a los miembros del Tribunal que se les prohíba a los imputados tener cámaras fotográficas o celulares, tras lo cual se procedió a la extensa lectura de los cargos contra cada uno de los imputados en las 15 causas que conforman este megajuicio.
El pedido lo formuló Pablo Salinas, representante del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, luego de que el ex camarista Luis Miret fotografiara al titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, durante la jornada en que fueron presentados los imputados.