Los abogados de la querella argentina elaboraron una lista que incrimina a 15 ex funcionarios españoles
Diario Página12 - 04/04/2014
El abogado Slepoy (cent.) dio ayer una conferencia de prensa en Buenos Aires, en la que participó Pérez Esquivel. Imagen: Rafael Yohai
Buscan ampliar la causa del franquismo
Por Adrián Pérez
La jueza Servini de Cubría debe resolver si da lugar al pedido de Slepoy, Messuti y Castex y libra una orden de detención internacional para cinco ex ministros de la dictadura de Franco acusados de violaciones a los DD.HH.
La jueza María Romilda Servini de Cubría recibirá hoy en su despacho de Comodoro Py un nuevo informe sobre el desempeño de 15 funcionarios y torturadores durante la dictadura de Francisco Franco. Es el segundo listado que los abogados Carlos Slepoy, Máximo Castex y Ana Messuti entregan a la magistrada, en el marco de la única causa abierta en el mundo que investiga los crímenes del franquismo, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 1, documento que detalla violaciones a los derechos humanos cometidas en España en épocas del dictador. El texto de veintitrés páginas, construido a partir de testimonios de represaliados, sobrevivientes y familiares, incrimina a cinco ex ministros de Franco: Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez Ventura Pascual y Alfonso Osorio García.
Página/12 accedió en exclusiva al documento que Slepoy y Castex le darán en mano este mediodía a la jueza Servini de Cubría, a cargo de la causa Nº 4591/10, caratulada como genocidio. Antonio Carro Martínez (91 años) fue ministro de Presidencia del 14º gobierno de la dictadura franquista, entre el 3 de enero de 1974 y el 11 de marzo de 1975, y se mantuvo en el cargo en el siguiente período, que se extendió hasta el 12 de diciembre 1975. Se lo acusa de ser uno de los firmantes de la sentencia a muerte –por garrote vil– de Salvador Puig Antich, militante anarquista del Movimiento Ibérico de Liberación, ejecutado el 2 de marzo de 1974. Carro Martínez carga también con los últimos fusilamientos del franquismo, que se llevaron a cabo el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, donde se asesinó a José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Angel Otaegui Etxebarria.
De 1974 a 1975, Licinio de la Fuente (91 años) fue vicepresidente del gobierno. Un año más tarde participó en la fundación de la Alianza Popular y, tiempo después, en la del Partido Popular. A partir de 1979 se aleja de la vida política para desempeñarse en consejos de administración de las empresas Dragados y Construcciones, Banco Central Hispano Hipotecario, Banco Gallego, Banco de Granada, Banco Internacional del Comercio, Española del Zinc e Ibermutua. De la Fuente fue nombrado, junto a Augusto Pinochet Molina, nieto del dictador chileno, Caballero de Honor de la Fundación Francisco Franco el 18 de julio de 2012. El evento se celebró bajo el lema Derecho al Alzamiento. Participó del penúltimo gobierno de la dictadura y firmó con Carro Martínez la pena de muerte a Puig Antich.
Otro funcionario de Franco que rubricó la sentencia a muerte del militante del MIL fue Antonio Barrera de Irimo (85 años). A su cargo estuvo la comandancia de la Escala de Complemento del Cuerpo Jurídico de la Armada. En 1973 fue nombrado por el dictador ministro de Hacienda, cargo que mantuvo en el último gobierno franquista del que fue vicepresidente segundo. Finalmente, renunció en octubre de 1974. Se incorporó a la actividad privada como miembro del consejo de la Editorial Católica (Edica) y presidió Telefónica de 1964 a 1973, entre otras empresas. Hoy es vicepresidente de Unión Fenosa, consejero de Bull S.A. y presidente de Autogrill España.
A José María Sánchez Ventura Pascual (92 años) lo nombraron subsecretario del Ministerio de Información y Turismo en noviembre de 1974. Y en marzo de 1975 lo ascendieron a ministro de Justicia, puesto en el que se desempeñaba cuando se produjo el fallecimiento de Franco. Como ministro de Justicia del 15º gobierno de la dictadura, su firma ayudó a sentenciar a muerte a los cinco españoles fusilados en septiembre de 1975. Alfonso Osorio García (90 años) fue miembro del Cuerpo Jurídico del Aire, del que es comandante auditor retirado desde 1944, cuando se enroló en esa fuerza. En 1965 fue subsecretario de Comercio y tres años más tarde presidió la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe). Tiempo después estuvo al frente de la vicepresidencia de la multinacional British Petroleum en España. Tuvo además un paso destacado como procurador en las cortes franquistas, en representación familiar, por la provincia de Santander. También fue consejero del Reino.
Como ministro de la Presidencia integró el primer gobierno monárquico, presidido por Arias Navarro, entre diciembre de 1975 y julio de 1976. Es Caballero de la Orden de Malta, fue condecorado con las Grandes Cruces de Carlos III, Isabel La Católica, San Raimundo de Peñafort y Mérito Civil. En abril de 2011 recibió la medalla de oro de Cantabria. Este distinguido personaje es acusado por Andoni Txasko y José Luis Martínez Ocio, querellantes de la Asociación 3 de Marzo de Vitoria, por crímenes cometidos en 1976 en la Matanza de Vitoria.
Allí se dio muerte a los trabajadores Pedro María Martínez Ocio (27 años), Francisco Aznar Clemente (17 años), Romualdo Barroso Chaparro (19 años), José Castillo García (32 años), Bienvenido Pereda Moral (30 años) y más de cien personas resultaron heridas cuando la policía abrió fuego sobre una manifestación obrera sin armas. El operativo represivo estuvo a su cargo y fue secundado por Adolfo Suárez y Martín Villa.
Ahora, la jueza Servini de Cubría debe resolver si hace lugar al pedido de los abogados de la querella argentina y libra una orden de detención internacional para los cinco ex ministros. También para Jesús Quintana Saracíbar, capitán de la Policía Armada que atacó la iglesia de San Francisco de Asís, en Vitoria; Carlos Rey González, miembro del Consejo de Guerra que sentenció a Puig Antich y otros funcionarios policiales y miembros de las fuerzas armadas durante la dictadura española.