La Legislatura porteña aprobó que los ex centros clandestinos sean administrados por la Nación
Diario Página12 - 09/05/2014
El proyecto obtuvo 41 votos positivos del Frente para la Victoria y el PRO. Imagen: Luciana Granovsky
El traspaso de los espacios de memoria
Se refrendó el acuerdo para que el predio de la ex ESMA y de otros cuatro ex centros sean administrados por el Estado nacional. En la Ciudad se disolvió el Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y se creó un Consejo Asesor en Políticas Públicas de la Memoria.
La Legislatura porteña aprobó el proyecto por el cual la Ciudad de Buenos Aires cede a la Nación por 30 años el usufructo del predio de la ex ESMA y de otros cuatro ex centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura. En un expediente complementario también se votó la disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), que coordinaba los sitios de memoria y que deja de ser un ente perteneciente a la Ciudad, y la creación, en su reemplazo, de un Consejo Asesor en Políticas Públicas de la Memoria que “impulsará la transmisión de la memoria de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado”.
La iniciativa que establece el aval al convenio formado en enero pasado por los Ejecutivos nacional y porteño para transferir la administración de la ex ESMA y de los ex centros Virrey Cevallos, Atlético, Olimpo y Automotores Orletti, obtuvo 41 votos positivos del Frente para la Victoria y el PRO y 15 votos en contra, entre los que se contaron dos del interbloque kirchnerista: Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) y Pablo Ferreyra (Izquierda Popular). El convenio ya fue avalado por el Senado de la Nación y se prevé su sanción en la Cámara de Diputados la semana próxima.
Puntualmente, el acuerdo abarca al ex Edificio de Casino de Oficiales, el Pabellón Central, La Imprenta, el Taller Mecánico y la Enfermería de la ex ESMA, todos situados en el predio de la ex ESMA. También incluye al centro Automotores Orletti, de Venancio Flores 3519/21; Club Atlético, de Paseo Colón 1200; Olimpo, de Ramón Falcón 4250, y Virrey Cevallos, de Virrey Cevallos 628/630.
En el expediente complementario, que fue propuesto por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, se incluyó la creación del Consejo para llegar a un consenso y alcanzar los votos necesarios para la aprobación del expediente debido a que el planteo original del Ejecutivo local sólo contemplaba la derogación de la ley que creó el IEM y la transferencia de los trabajadores a la órbita nacional. Este nuevo cuerpo estará integrado por tres representantes del Ejecutivo de la Ciudad, tres de la Legislatura y uno por cada una de las organizaciones sociales de derechos humanos, entre ellas, Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, CELS, Serpaj y Madres-Línea Fundadora.
Tanto el proyecto para ratificar el convenio como el complementario fueron cuestionados por los legisladores de la Coalición Cívica, Proyecto Sur y partidos de izquierda, así como algunos organismos de derechos humanos que formaban parte del IEM, ya que otros habían decidido declinar su participación allí.
“Es una agresión a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia que siempre se apoyó en la pluralidad, la autonomía y el respeto de todas las fuerzas y tradiciones. Entre la falta de interés del gobierno local y la falta de visión estratégica del gobierno nacional, al IEM lo disuelven más por sus aciertos que por lo que no tuvo tiempo de realizar”, señaló la Comisión Directiva del IEM, donde participan la APDH, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Hermanos de Desaparecidos y el Serpaj.
La titular del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, defendió la iniciativa al sostener que “lo mejor que podemos hacer es que los sitios pasen a la órbita nacional, porque hay una política de Estado que va a trascender. No hacemos politiquería barata con los derechos humanos, sino que trabajamos por las políticas del Estado de memoria”.
“Impulsamos el traspaso de los sitios y la creación del Consejo de Memoria de la Ciudad porque así aseguramos la participación de los organismos de derechos humanos y la pluralidad de voces, como ya sucede en el caso del ente público de la ESMA y del Parque de la Memoria”, dijo la legisladora en alusión a dos espacios en los que hay participación de representantes de distintos organismos de derechos humanos. “Tanto el Convenio como la Ley de Creación del Consejo establecen garantías para los trabajadores en cuanto a su antigüedad, condiciones y retribución, a la vez que aseguran que el gobierno porteño tenga las partidas presupuestarias para pagar los salarios hasta que se haga efectivo el ingreso al Estado nacional”, finalizó Alegre.