El infierno a la vista de los jueces
La última medida de prueba de la causa Díaz Bessone se produjo ayer por la mañana, con una inspección ocular en el Servicio de Informaciones, que se completó con los testimonios in situ de quienes estuvieron detenidos clandestinamente. Díaz Bessone volvió a ampliar indagatoria.
Algunos sobrevivientes les "hicieron el aguante" a los testigos que participaron del reconocimiento. Imagen: Sebastián Granata
Diario Rosario|12 - 27/07/2011
La última medida de prueba en la causa Díaz Bessone fue el recorrido que se hizo ayer por el Servicio de Informaciones, en la esquina de San Lorenzo y Dorrego, donde funcionó el centro clandestino de detención que fue el epicentro de la represión ilegal en la zona. Los testigos caminaron por los diferentes sectores del edificio, para mostrar qué ocurría en cada uno de los lugares. El encargado de guiar la recorrida de los jueces Otmar Paulucci, Jorge Venegas Echagüe y Beatriz Barabani fue el sobreviviente Carlos Pérez Risso, uno de los testigos de la causa. En tanto, Laura Ferrer Varela dio precisiones sobre lo que ocurría en el sector conocido como el sótano en 1977. Liliana Gómez y Marta Bertolino también detallaron cómo se disponían los lugares de tortura y de detención en 1976. A la tarde, en la sala de audiencias, Ramón Genaro Díaz Bessone volvió a ampliar indagatoria.
Ante una pregunta de Venegas Echagüe, el ex jefe del Comando del II Cuerpo de Ejército afirmó: "De acuerdo al plan de guerra, se prescribía el intercambio de información. Cuando la policía detenía a una persona que pudiera tener vínculos con la actividad de las organizaciones armadas revolucionarias, colaboradores encubiertos o abiertos, si la persona detenida hubiera sido un personaje importante o interesante para someterlo a interrogatorio, el Ejército la requería. Si era un perejil se la dejaban a la policía. Tenía que ver con el grado de peligrosidad". Los que eran derivados al Ejército, tenían pocas posibilidades de sobrevivir.
El recorrido fue ofrecido por la querella, y también participaron Azucena Solana, Alfredo Vivono y José Aloisio, que volvió al lugar de los hechos por primera vez. Así, "el tribunal tuvo finalmente la posibilidad de ver el lugar donde ocurrieron los hechos que se investigan luego de escuchar a casi 200 testigos", afirmó la abogada querellante Gabriela Durruty, que representa a una parte de los sobrevivientes. "Las dimensiones del lugar dan cuenta de la imposibilidad de permanecer siquiera un segundo allí sin saber lo que ocurría en ese centro de exterminio", agregó la profesional, quien consideró que la medida "fue altamente positiva, se cumplieron los objetivos que nos planteamos como querella al pedir la medida. Fue el broche ideal de la producción de la copiosa prueba".
Una vez en la sala de audiencias, se proyectó el recorrido en la sala para que pudieran verlo los seis imputados. A las 14.30, cuando se reanudó la audiencia, Díaz Bessone volvió a ejercer su derecho al descargo. En primer lugar, quiso desmentir a uno de los testigos. "Pérez Risso dijo que una vez por semana personal del Comando del II Cuerpo visitaba el Servicio de Informaciones. Pérez Risso fue detenido por la policía después de mi cese como comandante del II cuerpo, por lo que ignoro lo que pasó. Durante su gestión, por orden de él, su personal no visitó el Servicio de Informaciones. Desconozco lo que ocurrió luego del 12 de octubre de 1976", dijo el principal imputado en la causa, que debe responder por privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y homicidios.
Díaz Bessone también apuntó contra Marta Bertolino. "La señora está confundida o miente. Ella afirmó que un militar de alto rango le explicó los niveles de tortura y le pidió que colaborara. En el Ejército argentino jamás se da el grado de comandante, que es un cargo", dijo el militar.
La audiencia terminó con un incidente planteado por Germán Artola, defensor de Mario Marcote, José Scortecchini y Ramón Vergara. El abogado se opuso a la incorporación por lectura de los testimonios de personas fallecidas durante la tramitación del juicio, con el argumento de que los imputados no pudieron ejercer el control de prueba. La respuesta de Durruty fue que los efectos de la demora del Estado en los juicios por delitos de lesa humanidad no debe redundar en un perjuicio para las víctimas.