Prohibieron salir del país a Montezanti, juez investigado por vínculos con la Triple A
Infojus Noticias - 17/09/2015
El ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti.
El suspendido presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, está siendo investigado por delitos de lesa humanidad. La decisión fue tomada luego de que el juez se ausentara de tres citaciones a indagatoria.
El juez federal Alejo Ramos Padilla le prohibió hoy la salida del país al suspendido presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, investigado por delitos de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura cívico-militar en esa provincia. Ramos Padilla decidió esto luego de que el magistrado se ausentara de tres citaciones a indagatoria y lo declarara en rebeldía. La semana pasada el Consejo de la Magistratura aprobó el inicio del proceso de juicio político contra el magistrado acusado de integrar la Triple A y lo suspendió en su cargo.
“Corresponde atender y hacer lugar al reclamo del Ministerio Público Fiscal y disponer la prohibición de salida del país de Néstor Luis Montezanti, de modo de evitar de su parte cualquier tipo de elusión de la acción penal, garantizando de este modo el juzgamiento de los hechos que son materia de investigación en la presente”, señaló el juez Ramos Padilla en su resolución de doce páginas a la que tuvo acceso Infojus Noticias.
Se trata de la causa donde se investiga el accionar de la Triple A previo al golpe de Estado de marzo de 1976. Según consta en el expediente, se investiga el homicidio de más de 20 personas y la realización de actos de violencia e intimidación pública por parte de la rama bahiense de la Alianza Anticomunista Argentina. Montezanti es señalado como ex integrante de a esa organización paraestatal. Uno de los casos que la justicia tiene en sus manos es el asesinato en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en abril de 1975 del dirigente estudiantil “Watu” Cileruello.
El pedido para que se impida la salida del país lo realizaron los fiscales José Nebbia y Néstor Palazzani para que “no se frustre el cumplimiento de la citación a indagatoria” dispuesta por Ramos Padilla y a la que el suspendido juez bahiense no se presentó alegando distintas excusas como “motivos funcionales”, una gripe y directamente en la tercera ocasión ni se presentó.
Ante el pedido de los fiscales Ramos Padilla sostuvo que se permite “suponer la existencia de un riesgo procesal, esto es la posibilidad de que el encartado se sustraiga de la acción de la justicia”. Es que, explicó el magistrado, se tienen en cuenta “la gravedad y complejidad de los hechos que se le imputan y por los cuales ha sido convocado a prestar indagatoria, su declaración de rebeldía, los medios económicos y materiales que le permitirían al encartado sustraerse de la acción de la justicia, como así también sus vínculos”.
Esto es, “no solo con otros miembros de la organización para-estatal investigada en autos –triple A- sino incluso con los servicios de inteligencia del estado, en especial con aquellos que junto al nombrado prestaron servicios durante el terrorismo de estado, y que luego conforme se ha podido corroborar incluso siguieron operando durante años en democracia”, dice la resolución del juez subrogante.
La sentencia detalla que hay allegados a Montezanti que avalaron su ingreso al Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca para actuar como personal de inteligencia durante la dictadura. Tal es el caso de José Osvaldo Riveiro quien actualmente se encuentra prófugo para la justicia internacional. Además recordó que el trabajo como agente de inteligencia de Montezanti se encuentra “sobradamente” probado ya que el mismo juez suspendido lo reconoció en el descargo que presentó ante el Consejo semanas atrás, a lo que se suma la desclasificación de su legajo realizada por el Ministerio de Defensa.
La prohibición de salida del país fue comunicada a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Policía Federal Argentina “para que por su intermedio se retransmita la orden a todas las fuerzas de seguridad del país” y también al Consejo de la Magistratura. A Montezanti se lo investiga también por su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y secuestro de Jorge Omar Riquelme Esparza, en 1977. Riquelme trabajaba en el Hospital municipal de Bahía Blanca como enfermero hasta donde llegaron policías y miembros del Ejército que se lo llevaron hasta el Comando del Ejército.
Fue interrogado sobre su ideología y sus contactos y habría sido obligado a punta de pistola por el entonces abogado apoderado de UOM, nada más y nada menos que el hoy juez Montezanti quien le habría hecho firmar unos documentos. Abogado por aquellos años, Montezanti tenía entre sus clientes a las 62 Organizaciones Peronistas, el movimiento sindical de la ortodoxia del PJ.
El jury
La semana pasada el plenario del Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político al Montezanti por “mal desempeño en sus funciones” endilgándole al juez “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos”. Además de “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” y el hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes” e incluso con los consejeros.
Los únicos que votaron en contra de la resolución fueron los jueces Leonidas Moldes y Luis Cabral, mientras que el resto de los consejeros votaron por iniciar el proceso de enjuiciamiento. El abogado Miguel Piedecasas y el diputado Héctor Recalde oficiarán de acusadores en el juicio que deberá llevar adelante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.
Los procesamientos
Además de la prohibición de Montezanti para salir del país, el juez Ramos Padilla procesó con prisión preventiva a cinco imputados en el expediente. Se trata de Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisu, Juan Carlos Curzio, Héctor Angel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. El juez los proceso como miembros de una asociación ilícita conformada para la comisión de hechos ilícitos indeterminados constitutivos de lesa humanidad. El juez analizó el homicidio del estudiante David Cilleruello en abril de 1975 en el marco de esta asociación ilícita y los actos de intimidación como integrantes de la triple A.
Esa asociación estaría dirigida por Rodolfo Antonio Ponce - por entonces Diputado Nacional y Secretario de la CGT Bahía Blanca- y Remus Tetu –interventor de la Universidad Nacional del Sur- e integrada por los antes nombrados y Jorge Argibay, Pablo Argibay –fallecido-, Miguel Chisu, Néstor Montezanti, Basilio Pérez, Juan Cursio,
El 3 de abril de 1975 era el día de inscripción en la Universidad Nacional del Sur. David “Watu” Cilleruelo se encontraba junto a compañeros y militantes en los pasillos del establecimiento ultimando los detalles para una asamblea de delegados de centros de estudiantes que se realizaría al día siguiente. Antes de las 9:30 de la mañana, mientras Watu caminaba por los pasillos del ala de ingeniería de la universidad fue abordado por una patota compuesta por Jorge Argibay, Pablo Argibay y Raul Aceituno.
Cilleruelo, secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista, recibió un solo tiro en la cabeza en medio de la gran cantidad de alumnos que por esos días caminaba los pasillos para inscribirse. Dos estudiantes fueron a la policía a denunciar lo sucedido pero la respuesta fue que esas personas “tenían credencial de la federal”.
El fallo del procesamiento, de 101 páginas, destaca que “esta organización estaba amparada y provista de recursos materiales y de información para el despliegue criminal concertado por parte de la estructura paraestatal y también utilizando las estructuras del Estado Argentino” sólo “con el propósito de eliminar e intimidar a través del uso de la violencia y la intimidación, toda expresión de activismo político, gremial, sindical, o de cualquier otra índole, contrario o distinto a sus ideas, especialmente en los ámbitos estudiantiles –en particular, la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Tecnológica Nacional- y gremiales”.
El juez destacó que el hecho de que el asesinato haya ocurrido a plena luz del día es “ilustrativo no sólo de la impunidad en el abuso del poder fáctico que poseía la organización y de la violencia con la que desarrollaban sus acciones, sino también del efecto persuasivo, simbólico e intimidatorio hacia los demás alumnos, docentes y no docentes”.
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