Plan Cóndor: El juicio entró en la etapa final
Infojus Noticias - 19/11/2015
El fiscal terminó su alegato y pidió condenas en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras militares sudamericanas.
Por Fabián Kovacic
La reunión inaugural sucedió en noviembre de 1975 en Santiago de Chile, donde Pinochet inauguró la coordinación represiva entre dictaduras del cono sur. Pero hubo antecedentes que se remontan a 1972. La evolución regional para impedir la resistencia política democrática a las dictaduras. La excusa de la guerrilla armada para imponer el terror. El aporte de los documentos desclasificados en Washington.
El fiscal Pablo Ouviña terminó su alegato el martes 10 de noviembre, y el pedido de condenas para los responsables de delitos de lesa humanidad en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras militares sudamericanas. Están imputados 18 militares -entre ellos el uruguayo Manuel Cordero- por 174 crímenes contra la humanidad. Todo indica que en 2016 habrá sentencia. ¿Pero el Cóndor empezó hace cuarenta años o se puede situar su fecha de nacimiento en 1972? Carlos Osorio, director del Proyecto Documentación Cono Sur del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de Washington, y testigo en el juicio oral que se desarrolla en los tribunales federales porteños en Retiro, ubica el nacimiento del Cóndor en setiembre de 1972 cuando los gobiernos de Argentina y Paraguay consideraron necesario intercambiar información de inteligencia sobre “grupos subversivos”. Conviene repasar la génesis de este mecanismo represivo, responsable de la muerte de miles de latinoamericanos y que sólo llegó a juicio en Argentina.
Según la historiadora uruguaya Clara Aldrighi, durante los gobiernos de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry (Uruguay), y los dictadores militares Alejandro Agustín Lanusse (Argentina) y Emilio Garrastazú Medici (Brasil), hubo un intercambio de información y cooperación entre fuerzas de seguridad desde fines del año 1970. El gobierno brasileño no sólo instruyó a policías uruguayos en la detención de interrogatorio de militantes urbanos de la guerrilla de los Tupamaros, sino que aportó fondos para la comprar de armas y automóviles.
En el caso argentino, fue el ex parapolicial Nelson Bardesio, detenido en Ituzaingó –en la afueras de Buenos Aires- en mayo de 2008, quien admitió que entre 1970 y 1972, policías de inteligencia uruguaya hicieron cursos financiados por la SIDE argentina y era constante el cruce de efectivos entre Buenos Aires y Montevideo. Uno de ellos fue el tristemente célebre comisario Hugo Campos Hermida, fallecido en noviembre de 2001, quien junto a los militares José Nino Gavazzo y Manuel Contreras, integraron la plana mayor de los oficiales uruguayos en el Operativo Cóndor.
Tanto los datos de Osorio como los aportados por Aldrighi tienen en cuenta el contexto regional de efervescencia social y política y con gobiernos dictatoriales o de derecha. En Paraguay gobernaba desde 1959 el general Alfredo Stroessner. La Revolución Argentina iniciada por el general Juan Carlos Onganía y su doctrina de la Seguridad Nacional, era continuada por Lanusse.En Uruguay, Pacheco Areco dejaba el gobierno en manos de otro civil de la derecha del partido Colorado, Juan María Bordaberry. En Brasil, la dictadura instalada en 1964 estaba representada por el generalato. En Bolivia, el general Hugo Banzer heredaba el gobierno de la junta militar. Y en Chile, Salvador Allende era la excepción democrática, aunque ya era hostigado por los paramilitares de la agrupación derechista Patria y Libertad. Uno de sus miembros, Enrique Arancibia Clavel sería condenado en Buenos Aires en el año 2000 por un crimen del Cóndor: el asesinato del general democrático Carlos Prats en 1974.
“Golpear a la subversión en cualquier lugar del mundo”
John Dinges, investigador norteamericano y autor del libro “Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el cono sur”, ubica la firma de los acuerdos formales de cooperación represiva en la última semana de noviembre de 1975 en la casona de la avenida Alameda, en Santiago de Chile, donde funcionaba la Academia de Guerra y ya con la dictadura del general Augusto Pinochet en el poder. Ahí se creó el Plan Cóndor y los primeros en suscribirlo fueron el país anfitrión, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, con la intención de intercambiar información y prisioneros políticos “para golpear a la subversión en cualquier lugar del mundo”, según palabras del propio Pinochet, que orgullosamente presidió cada una de las siete reuniones entre el 25 de noviembre y el 1° de diciembre, junto a unos 50 oficiales de los seis países que rubricaron el acuerdo.
Al tiempo se incorporaron Perú y Ecuador, cuando los militantes políticos entendieron que para salvar sus vidas debían salir de los países de la cuenca del Plata. La desclasificación de documentos a partir del año 2000 por parte del Departamento de Estado norteamericano, y a pedido de varios organismos internacionales, entre los que se encuentra el Archivo de la Seguridad Nacional que preside Osorio, permitió ubicar en 1978 el ingreso al Cóndor de Perú primero y de Ecuador poco después. Y entender los mecanismos, la lógica y la matriz con que cada país miembro aportaba a la entente genocida.
Tal como lo anunciara Pinochet, el largo brazo de la coordinación represiva buscaba evitar cualquier esbozo de organización de fuerzas políticas democráticas dentro y fuerza de la región. La excusa de terminar con las organizaciones armadas como forma de escudarse ante la opinión pública internacional era perfecta, si bien el Cóndor contaba con el visto bueno de la mano derecha diplomática norteamericana, encarnada en el secretario de Estado Henry Kissinger, quien aceptó la propuesta de terminar con los movimientos de izquierda armada en la región de la manera que fuera.
El asesinato de los chilenos Carlos Prats en Buenos Aires en 1974, del ex ministro de Defensa de Allende, Orlando Letelier, y el atentado que en Roma casi le cuesta la vida a Bernardo Leighton, ex ministro de Eduardo Frei y opositor a Pinochet, muestran las verdaderas intenciones del Plan Cóndor: impedir la organización de las fuerzas democráticas en el exilio. En el caso uruguayo, el secuestro y asesinato de los legisladores Zelmar Michelini, del Frente Amplio, y Héctor Gutiérrez Ruiz, del partido Blanco, el 18 de mayo de 1976 en Buenos Aires son otro ejemplo de la intención de la dictadura uruguaya de evitar que la oposición democrática exiliada conformara un polo de reclamo internacional.
Territorios divididos en regiones militares
Los países integrantes del Plan Cóndor dividieron su territorio en regiones militares para permitir la represión a los opositores según una lógica de guerra, apoyada por Washington bajo la pantalla de la guerra contra el comunismo. Así quedó expuesto a lo largo del juicio oral que se desarrolla en los tribunales de Retiro según lo aportado por Osorio, Dinges y más de un docena de testigos especialistas en temas regionales de defensa. Sin embargo, la primera señal de un testimonio sistematizado judicialmente fue alcanzado por los testimonios de sobrevivientes en los juicios iniciados en España, Italia y Francia y que llevaron a los magistrados de esos países a pedir la detención internacional de Pinochet, Jorge Videla y otros militares ligados a la coordinación militar.
Lo cierto es que esos juicios lograron condenas puntuales y en ausencia de los imputados pero no configuraron una sistematización cabal y profunda de los operativos represivos entre dictaduras. Recién en 2012 con el pase a juicio oral de la causa Cóndor, sumado al antecedente del juicio por el centro clandestino de detención Automotores Orletti (2011) fue la Argentina el único país de la región que llevó a los tribunales el plan sistemático represivo. Uruguay y Chile, dos países cuyo avance judicial logró llevar a prisión a un puñado de oficiales superiores no lograron todavía sobreponerse a la herencia militar que impuso leyes de impunidad disfrazadas. Paraguay, a partir del descubrimiento de los archivos en Asunción y Brasil con la Comisión de la Verdad, está intentando tibios avances no sólo en la búsqueda de la verdad histórica sino de la justicia para los crímenes.
En ese sentido los documentos desclasificados en Washington permitieron conocer algunos pormenores de la relación entre el Tío Sam y las dictaduras sudamericanas y fueron una piedra basal para avanzar en las responsabilidades internacionales de un sistema represivo coordinado que funcionó durante más de una década. Pero los detalles revelados en tres años de audiencias en Comodoro Py 2002, siguen abriendo espacios de investigación sobre la cuestión. Y colaboran para que caigan lentamente los últimos vestigios de impunidad en la normativa nacional de cada uno de los ex integrantes de multinacional del terror.
FK/RA