La última dictadura militar duró siete años. Dejó 30.000 desaparecidos, miles de exiliados, multiplicó por cinco la pobreza, quintuplicó la deuda externa y comenzó la extranjerización de la economía. Las bases del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fueron la destrucción del aparato productivo argentino y la especulación financiera. Ese plan, que cambió el rumbo del país, sólo podía ejecutarse a sangre y fuego.

Desde el mismo día del asalto al gobierno democrático existieron focos de resistencia. Algunos en las fábricas, de donde se llevaron a la mayoría de los desaparecidos; otros en las escuelas y universidades, en las zonas rurales y entre los profesionales. Pero la resistencia más conmovedora la llevaron adelante las mujeres que reclamaron la aparición con vida de sus hijos secuestrados y desaparecidos. Tras cada ronda, fueron perdiendo sus nombres individuales y se llamaron Madres de Plaza de Mayo. Con ellas nació otro grupo, las Abuelas de Plaza de Mayo, que abrazaron la búsqueda de sus nietos y nietas, víctimas del Plan Sistemático de Apropiación de Niños, otra de las caras del terrorismo de Estado.

Todos esas luchas fueron empujando a la dictadura y acercaron la posibilidad de elecciones democráticas. Esa salida del horror incubó el Juicio a las Juntas Militares, un proceso judicial emblemático en la región y el mundo. Argentina juzgó a la cara visible de ese genocidio en 1985, apenas dos años después de elegir gobierno en las urnas. La acusación se basó en las pruebas recolectadas por la Comisión Nacional Sobre la Desaparición  de Personas (Conadep), que recopiló casi 9.000 testimonios y eligió 709 casos emblemáticos.

La víctimas más directas de los secuestros, las torturas y la rapiña hablaron ante un tribunal. Con una mezcla de temor, dolor y valentía revivieron el terrorismo de Estado pese al poder que, en las sombras, detentaban los represores, quienes encarnaron la mano de obra de los grupos económicos y financieros más concentrados.

En ese entramado de testigos y expedientes judiciales nació el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Su tarea combinó técnicas antropológicas, arqueológicas y de medicina forense, todas ellas puestas al servicio de la identificación de los desaparecidos. Con los años, su labor ganó reconocimiento internacional y ayudó a reconocer cuerpos en casi treinta países. Uno de sus últimos trabajos fue con las víctimas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, México.

El Juicio a las Juntas Militares terminó con condenas para todos sus integrantes. Los testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas sembraron la base de los procesos judiciales que vendrían luego. Los mandos medios de la Fuerzas Armadas se rebelaron y lograron leyes de impunidad que cerraron, por un tiempo, el avance de los juicios. Pero la movilización popular -sumada a un nuevo escenario político- reabrió las puertas de los procesos y hoy suman 592 los represores condenados.

A veces avanzaron más, a veces menos. Pero nada pudo detener el consecuente reclamo de Justicia de las Madres, los organismos de derechos humanos y algunas organizaciones sindicales y políticas. Tampoco la búsqueda de las Abuelas, que ya recuperaron la verdadera identidad de 117 hombres y mujeres. 

Aquellos pañuelos abrieron un camino de Memoria, Verdad y Justicia que viejos y nuevos pies  aún recorren a paso firme.