ESMA III: No hubo guerra, sino «un plan para eliminar la militancia»

Agencia Télam - 04/02/2016

Astiz, invitado permanente al banquillo del juicio por crímenes en la ESMA

Así lo dijo Lucía Gómez Fernández, representante de la querella por el Estado

Buenos Aires.- El contexto en el que se produjo la represión durante la última dictadura militar "no fue el de una guerra", sino que se trató de "un plan para la
eliminación de la militancia", sostuvo la representante del Ministerio de Justicia en su alegato como querellante en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). "Las víctimas no eran apresadas en combate", sino "asesinadas" o "secuestradas" y trasladadas a centros de detención clandestinos, afirmó esta mañana la abogada Lucía Gómez Fernández, de la Secretaría de Derechos Humanos de esa cartera, al iniciar su exposición ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5).
La letrada comenzó el alegato, que se prolongará varias jornadas del debate oral y público que se realiza en los tribunales federales de Retiro, describiendo el "contexto" en el que se produjeron los delitos, entre ellos los que se juzgan en este tramo de la "Megacausa ESMA".

"No existió causa legal alguna para la represión ni hubo dos bandos equivalentes", dijo la querellante y citó palabras del extinto dictador Jorge Rafael Videla cuando, en 1976, afirmó que las organizaciones políticas y armadas, en algunos casos, se hallaban en un estado de "impotencia absoluta".

La abogada criticó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos del ex presidente Carlos Menem y destacó la anulación de esas normas en 2003 por el Poder Ejecutivo Nacional, un fallo de la Corte Suprema que en 2007 cambió su postura, y, en 2010, la decisión del Congreso de declarar "Política de Estado" la lucha por los derechos humanos.

El TOF 5, integrado por Daniel Obligado, Adriana Palotti y Leopoldo Bruglia retomó hoy el debate cuya última audiencia había sido la del 9 de diciembre último, cuando la fiscal Mercedes Soiza Reilly pidió prisión perpetua para 52 represores, entre ellos los oficiales de la Marina Jorge Acosta y Alfredo Astiz. Para otros cuatro procesados, el Ministerio Público Fiscal requirió en aquella ocasión penas de 10 a 25 años de prisión.

En total son 63 los imputados sometidos a juicio, por hechos que tuvieron a 789 víctimas. Este juicio, el tercero por delitos cometidos en la órbita de la ESMA durante la última dictadura militar, también es conocido como el de los "vuelos de la muerte", porque entre los hechos investigados están los casos de los detenidos que eran arrojados desde aviones al Río dela Plata.

El primer juicio, en diciembre de 2007, quedó inconcluso, porque el único procesado en esa ocasión, el prefecto Héctor Febres, murió un día antes de la lectura de la sentencia. El segundo comenzó a fines de 2009 y terminó con la condena a prisión perpetua para 14 de los procesados: Acosta, Astiz, Ricardo Cavallo, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Radice, Adolfo Donda, Raúl Scheller, Alberto González, Julio Cesar Coronel, Ernesto Weber y Néstor Omar Savio. En ese juicio Juan Carlos Fotea y sargento de la policía federal, fue condenado a 25 años de prisión; Carlos Capdevilla, a 20 y Juan Antonio Azic a 18, mientras que los marinos Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco resultaron absueltos.

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