Una oportunidad histórica para la justicia guatemalteca
Comunicado Caldh - 02/05/16
ACTUALIZACIÓN (05/05/16): El miércoles 4, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Guatemala otorgó un amparo provisional a la Asociación para la Justicia y Reconciliación – AJR y al Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH, querellantes adhesivos del caso, con el que se suspende el juicio por genocidio que se celebraba a puerta cerrada por considerar, dicha Sala, que se están violentando derechos constitucionales. Ríos Montt es acusado del asesinato de 1,771 indígenas ixiles en el departamento noroccidental de Quiché durante su régimen de facto.
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Las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas del caso CREOMPAZ al igual que organizaciones y colectivos sociales exigimos que se haga justicia en este emblemático caso que refleja la magnitud de las atrocidades cometidas por el ejército de Guatemala en contra de la población civil, en especial contra el Pueblo Maya.
Guatemala tiene la oportunidad histórica de hacer justicia por la barbarie ocurrida. Los hechos que se les sindican a los imputados son tan graves que constituyen delitos de Lesa Humanidad, es decir que afectan la dignidad de la humanidad entera. Mediante exhumaciones fueron encontradas 535 osamentas en la Zona Militar No. 21 de Cobán, ahora conocida como CREOMPAZ (Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz) que funcionó durante la Conflicto Armado Interno como centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones. De estas, han sido identificadas 128 víctimas que esperan justicia por las atrocidades cometidas en su contra. Este es el primer caso en todo el mundo en el que se juzgan hechos de un período tan largo (1978-1990) en el que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Además, de la desaparición forzada de un grupo tan grande, como el de la población de Pambach, en donde fueron capturados extrajudicialmente, 80 hombres.
La violencia contra las mujeres, niños y niñas es evidente en los hallazgos de los antropólogos forenses que analizan los restos. Hasta el momento se ha identificado a un menor de tres años de edad y dos mujeres originarias del Caserío Los Encuentros, Aldea Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz, Además, se han encontrados fosas cuyas víctimas en su mayoría son mujeres y menores de edad, lo que evidencia el patrón sistemático denunciado en otras regiones donde separaban a hombres y mujeres. Por lo que hay indicios que hubo violencia sexual contra mujeres.
El 06 de enero de 2016 el Ministerio Público capturó, por los delitos de DESAPARICIÓN FORZADA Y DELITOS CONTRA LOS DEBERES DE HUMANIDAD, a catorce militares relacionados con este caso, de los cuales once fueron ligados a proceso penal y tres se encuentran aún en investigación; sin embargo, otros ocho militares están prófugos de la justicia. En este proceso se ha pedido antejuicio contra el militar Edgar Justino Ovalle Maldonado quien es diputado del Congreso de la República y cuya solicitud fue denegada por la Corte Suprema de Justicia. Por lo que exigimos a la Corte de Constitucionalidad sea otorgado el antejuicio.
Por todo lo anterior expuesto y con base en los medios de investigación que se han presentado en la acusación, solicitamos que la Jueza envíe a JUICIO a los sindicados, ya que existen suficientes y abundantes medios de prueba que demuestran la responsabilidad de los acusados. Esto sería una esperanza y un aliciente para los familiares de las víctimas y sobrevivientes del Conflicto Armado Interno para continuar en la lucha por la verdad y la justicia. Asimismo, es una oportunidad histórica para que el sistema de justicia guatemalteco pruebe que tiene la capacidad de acabar con la impunidad en estos atroces delitos y demostrarle al mundo entero que Guatemala es un país que cumple con su legislación y la normativa internacional en materia de derechos humanos.
La justicia es el pilar fundamental que garantizará la no repetición de los hechos violentos. Ahí radica la urgente necesidad de aplicarla no solo para los crímenes del pasado, sino también del presente violento que se vive en nuestro país, uno de los más claros efectos de que las estructuras que violaron los derechos humanos continúan impunes, operando y afianzando su poderío. En tal sentido, el Estado debe saldar esa deuda que mantiene con las víctimas y sobrevivientes de las graves violaciones a los derechos humanos. Exhortamos a los operadores de justicia a no dar trámite a los recursos frívolos e improcedentes que puedan presentarse para evitar la realización de la audiencia de apertura a juicio y resolver conforme a derecho.
El caso CREOMPAZ es una exhortación a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que padecieron las graves violaciones a los derechos humanos en el Conflicto Armado Interno para continuar rompiendo el silencio, diciendo la verdad de lo ocurrido, construyendo nuestra memoria colectiva y exigiendo JUSTICIA.