Perú: El Congreso aprobó una ley de búsqueda de desaparecidos
Red Latinoamericana de Sitios de Memoria - 03/06/2016
En distintos países se nombra como NN o XX a las personas fallecidas cuyo nombre se desconoce.
El Congreso peruano aprobó el pasado jueves 26 de mayo una ley para exhumar e identificar restos mortales sin necesidad de denuncia penal previa. Su ratificación por parte del actual Presidente Ollanta Humala, abriría la posibilidad de la identificación de NN, muchos de los cuales serían parte de los 15 mil desaparecidos durante el período de conflicto armado interno de Perú (1980-2000). Esta ley -impulsada por familiares de las víctimas- tiene un sentido centralmente humanitario: avanzar en el derecho a la identificación y recuperación de los restos de familiares y seres queridos. La legislación no representa un obstáculo a la continuidad de la persecución penal de los perpetradores.
“La historia del Perú registra más de un trance difícil, penoso, de auténtica postración nacional. Pero, (…) las dos décadas finales del siglo XX son — es forzoso decirlo sin rodeos — una marca de horror y de deshonra para el Estado y la sociedad peruanos”, dijo el Dr. Salomón Lerner en su discurso en el marco de la presentación del Informe Final de la Comisión de Verdad y Reconciliación en 2003, al referirse a la cifra de víctimas que suman 69280, de acuerdo a las estimaciones de esta comisión.
En esa oportunidad, el entonces presidente Alejandro Toledo Manrique y los titulares de los otros poderes del Estado, recibieron el Informe contenido en doce tomos y siete anexos. Producto de este informe y otras investigaciones posteriores, el ex presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y otros altos funcionarios, fueron encontrados culpables de asesinatos, desapariciones forzadas y masacres.
Sin embargo, la mayoría de las familias de los desaparecidos no pudo saber qué fue lo que ocurrió con sus seres queridos, la mayoría de los cuales seguramente se encuentren enterrados en alguna las aproximadamente 6500 fosas o sitios de entierro que existen en Perú. Solamente en la región de Ayacucho, donde le conflicto armado fue de una intensidad mayor al resto del país, se calcula que existe un “sitio de entierro” cada tres kilómetros cuadrados.
En este marco, entre el 2002 y el 2015, se logró exhumar sólo 3202 cuerpos, de los cuales 1873 fueron identificados. Pese a los esfuerzos, la mayoría de los familiares están esperando poder identificar a sus familiares hace más de 30 años.
Esta ley busca resolver este problema humanitario porque permite realizar exhumaciones sin la necesidad de presentar una denuncia judicial -única vía anterior, muy engorrosa y costosa para la mayoría de las familias-, a través de una política más proactiva del Estado. El ministerio de Justicia liderará la búsqueda de desaparecidos y se creará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Esta ley establece la identificación de víctimas del conflicto armado como un deber del Estado, en tanto establece una política de Estado hasta ahora ausente. La búsqueda se encontraba ligada a procesos judiciales que usaban la identificación como prueba, y se realizaba en forma poco eficiente, producto de la falta de recursos con que cuentan las fiscalías involucradas. Como la búsqueda se encontraba relegada a su carácter de prueba, los casos se archivaban si no se identificaba al autor y muchas veces ésta quedaba trunca.
Por otro lado, las organizaciones de familiares están reclamando al Estado la realización de un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que podría ser materializado a partir de las implementación de esta Ley. De igual forma, otro de los reclamos es que el ministerio coordine sus esfuerzos con sectores de la sociedad civil que vienen trabajando en el tema, como el Equipo Peruano de Antropología Forense.
Con la aprobación, la primera etapa fue lograda. Sin embargo, los movimientos que impulsaron la sanción de la ley están en estado de alerta frente al ballotage del próximo domingo. Les preocupa que, en caso de ganar la segunda vuelta, Keiko Fujimori dé marcha atrás con la legislación para la búsqueda de personas desaparecidas, que fue aprobada en forma unánime por el Congreso peruano. En el último tiempo, Keiko solicitó un indulto para su padre, pero durante la campaña se desdijo.
Campañas para la aprobación
Son varios los actores sociales que estuvieron involucrados en el impulso de esta Ley, desde la emblemática Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), pasando por otras fuerzas de la sociedad civil, así como actores gubernamentales y estatales.
La Cruz Roja fue uno de los promotores de una mesa de trabajo que incluyó a estos actores, incluyendo a la Defensoría del Pueblo que fue la que finalmente presentó el proyecto de Ley.
Desde la plataforma Reúne, se realizaron diferentes esfuerzos de difusión y sensibilización para que este tema sea abordado por el Estado.