Memoria, verdad y justicia, el camino hacia una sociedad más democrática
Sin sorpresa, pero sí con honda preocupación, el Museo de la Memoria advierte lo que publica hoy el matutino Página 12 referido al proyecto de ordenanza presentado en Tucumán por el concejal Ricardo Bussi, hijo del difunto genocida Antonio Bussi, en el que pide crear un monumento a la reconciliación nacional para “sanar las heridas de la historia reciente de la Argentina”.
Memoria, verdad y justicia, el camino hacia una sociedad más democrática
En estos días se desarrolla en esa ciudad el juicio por delitos de lesa humanidad más grave de la provincia, el denominado Operativo Independencia, que estuvo a cargo del padre de quien ahora presenta la iniciativa en el Concejo tucumano. Bussi padre fue hallado culpable y condenado en 2008 por la desaparición y muerte del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, fue también creador del primer centro clandestino de detención y exterminio del país conocido como la “escuelita” de Famaillá. Ricardo Bussi aduce en su fundamentación que la muerte de su padre en prisión es “una muestra de las ansías de revanchismo más que de justicia”.
El Museo de la Memoria desea comunicar que la mera existencia de ese proyecto de ordenanza se constituye en clara apología del delito. Reafirmamos además que durante la última dictadura cívico militar fue política pública en nuestro país, la desaparición forzada de personas, la aplicación sistemática de la tortura en centros clandestinos y “legales” de detención, el robo de bebés, el saqueo de bienes y la imposición de políticas de hambre y exclusión sin precedentes. Afirmamos que nuestra sociedad logró reconvertir esa vergonzante política pública en verdaderos procesos de verdad y justicia.
Sumado a esto, en el Día de la Bandera accedió a nuestro Monumento Nacional un grupo de militantes que repartía banderas argentinas con un volante en el cual se cuestionan los juicios de Lesa Humanidad. "Basta de presos políticos", señalaban los volantes firmados por Hijos y Nietos de Presos Políticos - Santa Fe. Son familiares de los represores juzgados en tribunales ordinarios con todas las garantías constitucionales que exigen las leyes nacionales.
Tenemos el privilegio y el orgullo de ser el primer estado democrático del mundo en juzgar un genocidio dentro de sus fronteras y con los jueces naturales, hecho inédito para el derecho internacional. No se crearon tribunales especiales ni procedimientos ad hoc. Nuestros juicios, multiplicados a lo largo y ancho del país, son estudiados a nivel global.
Siguiendo los mandatos de nuestra Constitución Nacional y los más altos estándares del derecho internacional en materia de procedimiento penal, el reclamo histórico de juicio y castigo atravesó las puertas de los tribunales federales de todo el país para convertirse en servicio de justicia.
La calidad de estos juicios es reconocida mundialmente. Es un logro que pertenece al pueblo argentino. Los procesos impecables, el respeto irrestricto del derecho de defensa en juicio y aun los absueltos luego de los mismos, abonan esta afirmación.
La Corte Interamericana de DDHH, en el año 1992, ordenó al Estado argentino investigar estos crímenes, sancionar a los responsables y reparar a sus víctimas. En cumplimiento de esa premisa, estamos en condiciones de afirmar que la justicia no es negociable. Que es impensable una sociedad democrática en el siglo XXI basada en la impunidad de los crímenes aberrantes que la humanidad toda pudo imaginar. Por eso son calificados de lesa humanidad, por eso son imprescriptibles, por eso no son negociables.
No hubo un solo hecho de venganza privada a cuatro décadas de los hechos hoy enjuiciados. Creemos en la justicia y no en la venganza, creemos en un futuro con memoria.
El camino hacia una sociedad más democrática solo se garantiza profundizando la justicia, la memoria y la verdad.
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