El Villazo: la antesala del terror
Enredando - 27/06/2016
Villazo
Por Carina Toso
En 1975 Villa Constitución fue el lugar elegido para montar un gran operativo de represión que un año después se extendería a todo el país. La clase obrera fue el objetivo. La causa judicial que investiga esos delitos de lesa humanidad intenta avanzar con un pedido de indagatoria para los responsables de los homicidios, desapariciones y torturas ocurridos en ese marco. El objetivo es también lograr demostrar la responsabilidad de la patronal en estos delitos, ya que su participación, tanto en el acompañamiento como en la financiación, fue clave para llevar a cabo la intervención por parte de las fuerzas de toda la ciudad santafesina.
En marzo de 1975 Zenón Sánchez tenía 25 años, hacía siete meses que se había casado. Vivía en Villa Constitución y era militante de la Lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Por esa fecha la ciudad santafesina fue considerada como el epicentro de un “foco subversivo” del cordón industrial. El 20 de marzo de ese año se registraron centenares de detenciones ilegales con la complicidad de las patronales de la zona y que siguieron por varias semanas. Entre esos detenidos estaba Gladys, la esposa de Zenon. Una noche se despidió de ella y algo le dijo que no la volvería a ver. Ese es su recuerdo. “Mi esposa era una mujer muy hermosa y en línea con lo que yo pensaba. De esa última noche tengo una serie de recuerdos lindos y dolorosos al mismo tiempo. Sabía que no nos íbamos a ver más y fue así. Ella fue secuestrada. La llevo en mi recuerdo y me acompaña siempre”, afirmó en las puertas de los Tribunales Federales de Rosario, donde se encontró con sus compañeros de lucha, los de aquellos tiempos y los de ahora.
La emoción está presente en los ojos de todos ellos que una vez más unen fuerzas para pedir justicia por los que no están. Hay tiempo para los abrazos, para una sonrisa, para la esperanza. “Perdimos muchos compañeros de la forma más cruel y nefasta. A todos los recordamos con mucha intensidad. A veces cuando estoy solo, recreo aquellos momentos y anécdotas de la lucha en mi mente”, aseguró Zenón.
A 41 años de los trágicos acontecimientos ocurridos en Villa Constitución conocidos como el Villazo, un nuevo impulso mantiene prendida la llama del pedido de justicia por parte de las víctimas de aquel aparato represivo que en marzo de 1975 se comenzaba a gestar y que terminaría llegando al poder con el Golpe de Estado que instaló una dictadura cívico militar en el país en marzo de 1976.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), parte querellante en la causa que investiga estos hechos, presentó ante el juez Marcelo Bailaque un pedido de indagatoria para unas 60 personas consideradas responsables de unos 30 homicidios, unas 100 detenciones ilegales, desaparición forzada, torturas y asociación ilícita. Entre ellos se encuentran unos 17 civiles, de los cuales algunos son empresarios, parte del directorio de Acindar y religiosos. El resto, son miembros de las distintas fuerzas de seguridad que actuaron en los operativos que se montaron en torno a los trabajadores.
“Esta causa abarca las detenciones que se dieron en una sola noche que fueron más de 100, y unos 30 homicidios. En ese marco, la APDH como querella en representación de un grupo de sobrevivientes entendemos que la causa ya tiene suficiente caudal de material probatorio como para hacer al menos una primera ronda de indagatoria y detención”, explicó Gabriela Durruty, una de las abogadas querellantes por la APDH y agregó: “Pedimos que se cite a 17 civiles y a integrantes de distintas fuerzas de seguridad que en forma conjunta tomaron por asalto Villa Constitución aquella noche, se los detenga y se los cite a prestar declaración indagatoria por privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y homicidio calificado en algunos casos y por asociación ilícita. También que se los detenga inmediatamente para preservar la realización del juicio”.
Esta causa era parte de otra más general que nucleaba a delitos cometidos por la Triple A en Buenos Aires. El 2013, la APDH logra que se remitan los casos de Villa Constitución a los Tribunales Federales de Rosario para abrir una nueva causa que los investigue. “Es de gran importancia que la justicia avance, es una causa emblemática para la región sobre la responsabilidad empresarial, no sólo por el acompañamiento y financiación económica que la patronal ofreció sino como conductores de la misma. Entendemos que los empresarios del cordón industrial fueron conductores de la represión de sus obreros, participaron activamente con una logística que de otra manera no se hubiera podido llevar adelante. Es una deuda histórica”, afirmó Durruty.
Entre las indagatorias pedidas a civiles se encuentran miembros del directorio de Acindar, integrantes de la patota de la UOM y miembros de la iglesia. Mientras que también se solicitó que se cite a declarar a personal de distintas fuerzas de seguridad, entre ellos del Destacamento 121 del Ejercéto, miembros de la patota del Servicio de Informaciones, ya porque mucho de los detenidos-desaparecidos pasaron por ese centro clandestino de detención, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, y miembros de la Guardia Rural Los Pumas.
Por su parte, otra de las abogadas querellantes de la APDH, Jésica Pellegrini, destacó un punto no menor y es que tomaron como fundamentos para impulsar esta indagatorias fallos anteriores de juicios por delitos de lesa humanidad: “Para esta causa citamos como antecedentes los fallos de Feced II y Guerrieri II, donde específicamente los jueces del Tribunal Oral 2 de Rosario hacen una precisión metodológica en el que dicen que el genocidio y el exterminio comenzaron antes del 24 de marzo de 1976 y citan concretamente lo sucedido en Villa Constitución y eso es un antecedente concreto y muy importante. En esas sentencias también se dejó claro que lo que sufrieron los compañeros de Villa fue un anticipo de lo que vendría después. Por eso también se pide que se los indague por asociación ilícita a todos ellos porque se trató de un plan represivo utilizando el aparato del Estado”.
Para los testigos y víctimas de esta causa es un momento relevante en su lucha que ya superó las cuatro décadas: “Avanzar en esta causa es formidable, es un triunfo de la democracia. Nuestros muertos no están muertos porque viven en la memoria y en el entusiasmo popular. Esto que estamos haciendo representa eso, tiene un valor simbólico muy grande para nosotros y los que vienen detrás, es un legado que les va a quedar a los nuevos luchadores. Hay muchas cosas nuevas para hacer sobre todo en el sindicalismo, en su relación con el Estado”, expresó Zenón Sánchez.
Oscar Juárez, no pudo ocultar sus sentimientos ante este nuevo paso. Él fue parte del comité de huelga conformado por esos días. Representaba a los trabajadores de la fábrica Metcon. “Uno se emociona, pasaron muchos años, como mínimo esperamos una condena social de toda esta gente. Es una manera de reivindicar a los nuestros, a los compañeros que fueron asesinados”, dijo mientras recordaba que ese comité de lucha tuvo un rol fundamental, pero aseguró que el papel que jugó todo el pueblo fue el más importante. “El pueblo, los metalúrgicos y las mujeres. Era imposible haber mantenido paralizada toda la industria metalúrgica durante 60 en el marco de una invasión represiva, ilegal, criminal, con métodos de terrorismo de Estado, avalada por las empresas, la burocracia sindical, sin el apoyo de la familia y el pueblo”.
Los casi siete mil metalúrgicos marcaron la historia de la clase obrera en esos días. Oscar aseguró que durante los 59 días que duró la huelga “no hubo ni un solo carnero”. Su recuerdo de aquella noche del 20 de marzo de 1975 está intacto: “En una población de 25 mil habitantes hubo una invasión de la Triple A, de la policía de la provincia de Santa Fe, de la policía federal y de los matones de la UOM, que venían en Ford Falcon a matar. Los sicarios que ahora andan en moto, en aquel momento venían impunemente en autos. Intervinieron la UOM, la gente que secuestraban la torturaban en ese edificio. La policía torturaba en la comisaría de Villa Constitución y la policía federal iba al albergue de solteros, que era un lugar dentro de la fábrica Acindar que la patronal lo cedió para torturar gente ahí. Esos grupos decidían si te entregaban o no a la Triple A. En aquel momento en donde el accionar represivo estaba lleno de grupos fascistas, vos no sabías quien te secuestraba. Así, a lo largo de la huelga hubo muchos compañeros asesinados, pero fundamentalmente los asesinatos se dieron después de la huelga. Y ahí la complicidad de la patronal fue feroz porque Acindar entregaba a los compañeros que estaban trabajando y que habían participado en la huelga como activista”.
Aquella noche de 1975
Durante la madrugada del 20 de marzo de 1975, la ciudad de Villa Constitución se vio invadida por unos cuatro mil efectivos de distintas fuerzas de seguridad. Fue una entrada con todas las pompas: por tierra, por agua y por aire. Allanaron casas, detuvieron a más de 300 personas y asesinaron a otros 30. A este operativo se lo llamó la Serpiente Roja del Paraná, en referencia la lista que había ganado las elecciones en la UOM, que automáticamente fue disuelta como tal e intervenida. Ante esta situación unos 7 mil obreros dieron comienzo a una huelga que duraría 59 días. Durante una semana se dio la ocupación total por parte de los trabajadores de la planta de Acindar, hasta que el 27 de marzo fue desalojada por la policía.
A medida que avanzaba el conflicto, comenzaron a llegar el apoyo y la solidaridad de trabajadores de la zona: ferroviarios, bancarios, docentes y metalúrgicos de otras ciudades.
En una asamblea realizada a mediados de mayo, en la que participaron unos tres mil obreros decidieron continuar con la huelga y proponer que el paro se extienda a otras seccionales. Pero ante la negativa a este pedido y tras semanas de desgaste por la cruel represión, finalmente deciden levantar la medida el 19 de mayo.
Tras estos hechos, Villa Constitución se convirtió en la antesala de lo que viviría el país entero a partir del 24 de marzo de 1976, con la junta militar en el poder.