Nuevo aniversario de la Masacre de Trelew
Centro de Estudios Legales y Sociales
trelew_1.jpg
El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los ex marinos Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino por su participación en la Masacre de Trelew. Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Bautista fueron absueltos. Fue la primera sentencia dentro del proceso de juzgamiento por crímenes del terrorismo de Estado en la que se atribuyeron responsabilidades penales por delitos perpetrados en el contexto represivo de principios de los 70. Resultó necesario demostrar que la masacre fue un crimen de lesa humanidad, ejecutado en un contexto de ataque sistemático contra un grupo de la población civil.
Los hechos se originaron el 15 de agosto de 1972, con la fuga de veinticinco presos políticos que se encontraban en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal de Rawson. En esa oportunidad seis de los prisioneros lograron escapar a Chile. Los diecinueve restantes se entregaron a las autoridades y quedaron detenidos. Acto seguido fueron alojados en la base aeronaval Almirante Zar en donde permanecieron incomunicados. Seis días después, en la madrugada del 22 de agosto, fueron fusilados por personal de la Armada. Dieciséis de ellos murieron y tres lograron sobrevivir.
La llamada Masacre de Trelew produjo una fuerte indignación. Aceleró los tiempos políticos, contribuyendo al fin de la dictadura iniciada en 1966 -ya debilitada por una creciente movilización popular- y estimulando la incorporación de nuevos militantes a las organizaciones revolucionarias.
Durante el juicio se demostró que el fusilamiento de los 19 presos políticos no fue un hecho aislado, sino que se trató del primer gran acto del plan clandestino de represión que alcanzaría su mayor expresión con la última dictadura militar. Los testimonios aportados mostraron los vínculos directos existentes entre las dictaduras de 1966 y 1976. Esas conexiones se dieron tanto en los métodos empleados como en la identidad de las víctimas del terrorismo de Estado. Muchos de los presos políticos de comienzos de los 70 fueron asesinados posteriormente. Otros, como dos de los sobrevivientes de la masacre, fueron secuestrados y desaparecidos.
De igual manera, las declaraciones de dos ex marinos sobre el entrenamiento que recibieron desde finales de la década del 60, entre otra prueba, evidenciaron la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional y su hipótesis del enemigo interno. Fue en ese período comprendido entre los años 1966-1973 donde el Estado decidió colocar en la clandestinidad parte de su actividad represiva, lo que significó una práctica generalizada de detenciones y torturas, registrándose también numerosos homicidios y las primeras desapariciones forzadas de personas.
En esta causa la prueba documental tuvo un valor fundamental. Durante el transcurso del juicio, en un depósito de la Armada fueron halladas copias de las demandas civiles que realizaron familiares de las víctimas de la masacre. En esos expedientes se encontraron comunicaciones internas donde los abogados de los militares reconocían la responsabilidad de los marinos. También se incorporaron reglamentos de la Armada cuya existencia se ignoraba y habeas corpus colectivos presentados a favor de los centenares de presos políticos del régimen.
Aún queda mucho por decir respecto de los responsables de lo ocurrido el 22 de agosto. Está pendiente que se resuelva el recurso de casación que interpuso la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Secretaría de Derechos Humanos y la fiscalía contra la absolución de Paccagnini y Bautista. El 5 de noviembre de 2012 el juez a cargo de la investigación requirió nuevamente la detención provisoria y la extradición de Roberto Guillermo Bravo desde EEUU, uno de los perpetradores de la masacre. También se encuentra en etapa de instrucción la indagación acerca de dos ex marinos que habrían tenido participación en los hechos.