Causa Díaz Bessone: pidieron condena por genocidio
Parte de las querellas del juicio oral y público por la causa Díaz Bessone, que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en Rosario durante la última dictadura, reclamaron que los acusados sean condenados por genocidio.
Diario La Capital - 31/08/2011
El equipo jurídico que representa a 77 víctimas del terrorismo de Estado, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos insistió en mantener "la acusación por genocidio".
La abogada Daniela Asinari aclaró que "la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio no establece el monto de la pena, por lo que pediremos en relación con los delitos que más se acercan en el derecho interno".
Los imputados son el ex comandante del II Cuerpo de Ejército, Ramón Díaz Bessone; los ex policías Ramón Vergara, José Scortechini, Mario Marcote y José Lo Fiego, y el civil Ricardo Chomicky.
La semana pasada concluyeron los alegatos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la agrupación Hijos, reclamando prisión perpetua para Díaz Bessone y 25 años de cárcel para Lo Fiego, Marcote, Scortechini y Vergara, sin acusar a Chomicky, un ex militante de la Juventud Peronista.
Ayer, en cambio, los letrados que representan a otros querellantes en su alegato consideraron a Chomicky parte del plantel de represores, refutando su defensa basada en que fue apresado, torturado y sometido a servidumbre.
"Chomicky integraba el grupo represor que operaba en el Servicio de Informaciones (de la ex Jefatura). No estamos ante una víctima. La totalidad de la prueba testimonial nos permite arribar con el grado de certeza necesario para el pronunciamiento de una sentencia condenatoria", expresó la querella ante el tribunal.
También mencionaron el "pacto de silencio" de los acusados para garantizar la impunidad, constituyendo "un acuerdo criminoso que aún hoy se mantiene". Además, se evaluó la distribución de roles entre los torturadores, entre los cuales se mencionó a Marcote como el "encargado" de las violaciones y ataques sexuales como forma de tormento.
Posteriormente, sostuvieron que los crímenes de los acusados "no se agotan en las figuras típicas del Código Penal, porque estos delitos forman parte de un plan sistemático de exterminio con el objetivo de eliminar a un grupo determinado", y que "el plan no fue indiscriminado sino que se dirigió a un grupo de personas específico por razones específicas".
Así, acusaron a los imputados de "los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por mediar violencia y amenazas y durar más de un mes, concurso real con el delito de tormentos agravados por aplicarse contra perseguidos políticos, en algunos casos en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado y en otros casos, en concurso con el delito de desaparición forzada agravada, todo ello en concurso real con asociación ilícita agravada, todos ellos comprensivos de las conductas de genocidio".
Uno de los aspectos que destacó la querella es que los represores "conocían lo que estaban haciendo y querían hacerlo" a partir de compartir el ideario de la dictadura que implantó el terrorismo de Estado. Sostuvieron que las víctimas fueron "un grupo nacional, sumamente heterogéneo, pero muy definido, caracterizado por el represor y demonizado con ayuda de los medios masivos como subversivo" por oponerse a "una dictadura que tuvo una intención específica: instaurar un modelo de país político y económico". Y cerraron solicitando al tribunal que "la realidad nos pide a gritos que llamemos a estos crímenes por su nombre: genocidio".
Salta
La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía Federal de Salta pidieron ayer prisión perpetua para los imputados de la desaparición del ex gobernador de esa provincia Miguel Ragone: el ex jefe en Salta del Ejército, Carlos Mulhall; el ex jefe de policía Miguel Gentil; el director de Seguridad, Joaquín Guill, y el ex policía Andrés Soraire.