Se fugó a Chile un camarista mendocino suspendido por crímenes de la dictadura
El suspendido presidente de la Cámara Federal de Mendoza, Otilio Roque Romano, se encuentra prófugo de la Justicia, tras haber sido procesado por crímenes de lesa humanidad en última dictadura, y enviado a juicio político por el Consejo de la Magistratura. Por otra parte, en La Plata amenazan al juez de la causa Camps
Diario La Capital - 09/09/2011
Según informó Interpol, el ex magistrado obtuvo una visa de ocho meses en Chile, adonde viajó recientemente, y tanto su hija como su abogado dicen desconocer su paradero. La novedad fue comunicada ayer por el juez federal de Mendoza, Walter Bento —quien recibió la información de Interpol—, al Consejo de Magistratura de la Nación, que ya había suspendido a Romano acusándolo de un centenar de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
El organismo que designa y destituye jueces había iniciado trámite de juicio político, y ayer su titular, Mario Fera, había convocado a un plenario para el próximo jueves para decidir la suspensión del pago de haberes a Romano. Ante la Justicia en lo criminal federal, Romano está procesado por el juez Walter Bento por su presunta participación en más de un centenar de casos de violaciones a los derechos humanos.
Romano viajó a Chile un día antes de darse por notificado de su suspensión, al estar acusado de ser partícipe como fiscal en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. La Comisión de Acusaciones de la Magistratura de la Nación suspendió el 25 de agosto a Romano como paso previo a su elevación a juicio oral.
El camarista suspendido, que en todo el proceso en su contra evadió citaciones e indagaciones anteriores aduciendo enfermedad y amparándose en sus fueros, viajó un día antes de ser notificado a Chile vía aérea desde Mendoza y su abogado defensor y su hija (Verónica Romano) aducen no conocer su paradero. El juez Bento citó a Romano a través de su abogado para que se presentara el miércoles en los Tribunales federales pero el imputado no lo hizo. Ahora, en los Tribunales mendocinos se daba por descartado que el juez Bento, pediría autorización al Consejo de la Magistratura para dictar una orden de captura internacional contra Romano, la que deberá ser ejecutada por Interpol.
En julio último la Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento de Romano por su supuesta participación en 107 casos de delitos de lesa humanidad, la mitad de los cuales está camino al juicio oral y público.
La acusación. La imputación en su contra lo sindica como presunto “partícipe primario” en casos de secuestros, torturas, homicidios, robo de bienes, allanamientos ilegales y el archivo de la investigación sobre la apropiación de una menor. Otilio Romano era fiscal, y eventualmente juez subrogante, en la época de la dictadura y fue denunciado en agosto de 2009 por organismos de derechos humanos por no haber impulsado investigaciones en el marco de los crímenes de la dictadura.
Junto a Romano también fue denunciado Luis Miret, que fue juez durante la última dictadura y se desempeñaba como camarista hasta que fue destituido en marzo pasado. De acuerdo al procesamiento de la Justicia federal de Mendoza, Romano habría “facilitado la impunidad de los responsables” en “torturas y privaciones ilegítimas de la libertad” y así “los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones”.
Entre los hechos que se le atribuyen figura el caso de una menor de edad, una joven de 17 años llamada Luz Faingold, que fue detenida y llevada a la cárcel de adultos de la D2, y en un juicio reabierto en los últimos años aseguró que había visto a Romano en ese predio.
Sin embargo, Romano gozó de fueros y no fue a la cárcel hasta que el jueves 24 de agosto voló a Santiago en un avión de Lan Chile. Al día siguiente fue suspendido por el Consejo de la Magistratura, quedando sin fueros. Esa resolución fue aprobada por unanimidad de los consejeros Mario Fera, Ada Itúrrez, Marcelo Fuentes, Mario Cimadevilla, Carlos Moreno, Oscar Aguad, Alejandro Fargosi, Daniel Ostropolsky, Hernán Ordiales y Manuel Urriza.
La defensa. En octubre de 2010 Romano se defendió a través de una carta pública titulada “La utilización política de los derechos humanos”, en la que denunció que las acusaciones en su contra comenzaron cuando la Sala A de la Cámara Federal, que integraba, falló contra la vigencia de la ley de medios. Según Romano, “es un absurdo pensar que durante la dictadura más cruenta, organizada, que ideó un plan clandestino y poderoso de exterminio que no cedió ni ante la presión internacional, pudiese un grupo de funcionarios judiciales de Mendoza evitar su accionar criminal”.
Paraná: creen que médicos ocultan información
El Tribunal Oral Federal de Paraná continuó ayer con el juicio por la causa Hospital Militar de esa ciudad, que investiga nacimientos clandestinos, entre ellos el de los mellizos de la militante de Montoneros Raquel Negro, que estuvo detenida en la Quinta de Funes y aún permanece desaparecida.
El médico Miguel Torrealday, socio del Instituto Privado de Pediatría (IPP), adonde habrían sido derivados los bebés, declaró desconocer quién atendió a los hijos de Negro en marzo de 1978, a lo cual uno de los miembros del Tribunal le advirtió: “Creo fervientemente que usted está omitiendo información”.
Según informó el diario Uno de Entre Ríos en su portal, el testigo dijo estar “comprometido con la búsqueda de la verdad”, pero aseguró que no se acordaba de la internación de los bebés, sino que se enteró mucho tiempo después revisando los libros junto a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, donde aparecían registrados como NN López y Soledad López. “Yo no estaba en conocimiento de esto, para mí fue una sorpresa. Quienes participamos de esta sociedad (por los socios del IPP), estamos comprometidos y queremos saber quién fue el médico que atendió a estos pacientes, porque nos puede aportar la información para recuperar el niño perdido”.
“Usted no puede decirle al Tribunal «queremos saber». Ustedes deben saber. Ustedes tienen la clave para saber, por eso tienen que hacer memoria”, le advirtió la jueza Lilia Carnero. Luego, el presidente del Tribunal, Roberto López Arango, le dijo: “Me extraña que ninguno de los cuatro médicos supiera lo que sabían todas las enfermeras”, tras lo cual la jueza Carnero asestó: “Creo fervientemente que usted omite información. Yo creo que usted sabe”.
También declararon tres enfermeras de neonatología del IPP. Una de ellas aseguró que vio a un par de mellizos rotulados como NN en incubadoras, que serían los niños de Negro, ya que, dijo, eran una “nena más gordita y el nene era más chiquito”, y que nunca vio a los padres. La mujer dijo no saber qué pasó con los bebés, aunque supuso que “le habrán dado el alta”, lo cual echaría por tierra la versión de que el bebé varón falleció. Otra enfermera habló de un bebé que había sido derivado del Hospital Militar y estaba en una incubadora, que no era visitado por familiares, pero se decía que era “hijo de una extremista” y que lo “dieron en adopción”.
En la causa están imputados Juan Amelong, Walter Pagano, Marino González, Pascual Guerrieri, Jorge Fariña y el médico anestesista Juan Zaccaría.
Amenazan al juez de la causa Camps
El presidente del Tribunal Oral Criminal Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, denunció haber recibido amenzas de muerte e intimidaciones que recrudecieron en los últimos días, a poco del inicio del juicio a 26 represores que actuaron durante la última dictadura, en el denominado Circuito Camps.
“Diversos actos de intimidación y amenazas se registran desde hace varios meses contra el magistrado, pero en los últimos días aumentaron de forma similar a 2006, cuando Rozanski estuvo al frente del juicio que condenó a reclusión perpetua al represor Miguel Etchecolatz”, dijo una fuente judicial. Rozanski admitió que fue “víctima de los hechos denunciados”, pero aclaró que “por el momento no dará información para no perjudicar las investigaciones” iniciadas para identificar a sus responsables. Los casos contra el juez son investigadas por la Justicia federal, pero también despertaron el interés de dos organismos de Naciones Unidas que desde hace un tiempo recolectan información sobre estos hechos. “Los actos intimidatorios tendrían el claro fin de desestabilizar el proceso de juicio”, dijo un vocero judicial.
El Tribunal presidido por Rozanski e integrado por Roberto Falcone y Mario Portela, juzgará desde el lunes a 26 represores, entre ellos el ex gobernador de Buenos Aires Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno, el civil Jaime Lamont Smart; y el ex policía Etchecolatz y su chofer Hugo Guallama.