Memoria: más de 30 mil rosarinos en el Monumento
Fue multitudinaria la tradicional marcha que recorre cada año las calles rosarinas para conmemorar el 24 de marzo de 1976.
El Monumento colmado
Diario El Ciudadano - 25/03/2011
A 35 años del golpe cívico-militar, cuando el país quedaba bajo el manto oscuro de una larga noche, más de treinta mil rosarinos se volcaron ayer a las calles para conmemorar el Día de la Memoria. La masividad de la marcha y su heterogeneidad ratificaron que el pueblo ganó una batalla cultural contra la dictadura que secuestró, asesinó, desapareció, robo bebés y bienes de los detenidos, cerró fábricas y desmembró el aparato productivo en beneficio de corporaciones económicas. El documento final leído en el Monumento a la Bandera por sobrevivientes de aquel horror y hoy testigos en juicios a represores incluyó un revival de la ebullición setentista, el más enérgico repudio al terrorismo de Estado, celebraciones por las condenas de los últimos años a responsables del genocidio, “en este proceso histórico de juicio y castigo que no tiene retorno”, como se remarcó una y otra vez. También hubo reclamos por la aceleración de causas abiertas, prisión preventiva para represores que están siendo juzgados y esclarecimiento de asesinatos cometidos en democracia aún impunes, como los de diciembre de 2001, pasando por testigos en causas que investigaron delitos de lesa humanidad, como Julio López y Silvia Suppo, y hasta el crimen del joven militante Mariano Ferreyra.
Organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y políticas con sus banderas en alto, y miles de “personas sueltas” se sumaron al repudio. Familias enteras con chiquitos en brazos se sumaron a la marcha que partió de plaza San Martín y llegó al Monumento a la Bandera, donde se realizó el acto central, que contó con la participación de la murga La Memoriosa y la proyección del documental Arderá la memoria. En el escenario estaban las Madres de la Plaza 25 de Mayo, junto a referentes de otros organismos de derechos humanos y sobrevivientes de la dictadura. Una proyección de Hijos Rosario sobre el mármol del Monumento rezaba “juicio y castigo”.
La marcha a 35 años del golpe que colmó más de veinte cuadras y desbordó el Monumento a la Bandera, se dio en un contexto de condenas firmes a los genocidas, cientos de procesados y juicios abiertos a lo largo y a lo ancho del país. Por segundo año consecutivo la multitudinaria movilización se desvió de su habitual recorrido y pasó frente a las puertas de los Tribunales Federales donde el año pasado concluyó el primer juicio a represores en Rosario, la causa Guerrieri-Amelong, con cárcel perpetua y común para los cinco imputados, y donde hoy se sigue el juicio Díaz Bessone.
Los 35 años del golpe llegaron con centros clandestinos de detención recuperados y reconvertidos en centros culturales o museos. La consigna “memoria, verdad y justicia” es hoy política de Estado, atrás quedaron las leyes de impunidad. Desde el escenario, además de un reconocimiento a luchadores y militantes fallecidos, hubo un reconocimiento a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La marcha que no olvida ni perdona a los responsables de tanta barbarie congregó a organizaciones con diferentes lecturas y caracterización del gobierno nacional, pero que convivieron en el acto bajo la consigna “juicio y castigo a los culpables”. También se repudió las “trabas judiciales del grupo Clarín” en el caso de los hijos adoptivos de su dueña, Ernestina Herrera de Noble, donde se busca determinar si son hijos de personas desaparecidas.
“La muestra de que las victorias son posibles, cuando las banderas son levantadas por todo el pueblo, confirman que el camino de la construcción social de verdad y justicia yo no tiene retorno”, se señaló en el documento. Al reiterar el pedido de “juicio, castigo y cárcel común para los genocidas”, los firmantes consideraron una “victoria la recuperación y restitución en Santa Fe en el último año de 14 cuerpos, víctimas del terrorismo de Estado”. Otro de los pasajes del documento destacó: “Ahora vamos por más genocidas a la cárcel”.
Santa Fe: fuerte reclamo por el crimen de Suppo
En el acto celebrado anoche en Santa Fe por los 35 años del último golpe de Estado hubo un fuerte reclamo al gobierno provincial por el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo.
En el acto celebrado anoche en Santa Fe por los 35 años del último golpe de Estado hubo un fuerte reclamo al gobierno provincial por el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo, la testigo que declaró en 2009 en la causa Brusa y que fue muerta a puñaladas el 29 de marzo del año pasado. El gobernador Hermes Binner, el ministro Antonio Bonfatti y una decena de funcionarios del gabinete escucharon, desde el centro de la plaza de Mayo, mezclados entre los manifestantes, el pedido que realizaron las organizaciones de derechos humanos.
Antes de la lectura del documento y de los nombres de los desaparecidos santafesinos, hubo un reconocimiento a los militantes que lucharon por la concreción de los juicios contra los responsables del genocidio. Los testigos que ayudaron a identificar la fosa común hallada en un campo que fue del Ejército en jurisdicción de Laguna Paiva, los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense y las víctimas que declararon en los juicios de derechos humanos fueron mencionados en ese homenaje.
Cuando se la nombró a la testigo asesinada, los manifestantes interrumpieron con un cántico: “Yo sabía, yo sabía que a Silvia Suppo la mató la Policía”. El testimonio que dio la mujer en las audiencias de la causa Brusa fue determinante para la sentencia, pero además estaba preparando su declaración para el momento en que fuera elevada a juicio la causa que investiga la desaparición de su primera pareja –Reinaldo Hattemer– en la ciudad de Rafaela, donde Suppo fue asesinada hace casi un año. En el documento consensuado por todos los organismos de derechos humanos se planteó con claridad que el de Suppo fue un “asesinato político”.
“La actuación policial fue desastrosa. Silvia Suppo no era una desconocida para la Policía de Rafaela. Por eso disentimos con la evaluación que hizo el gobierno policial: no fue no un crimen social al voleo”, señalaron los organismos en el documento. En ese sentido, añadieron: “No confiamos en la Justicia, ni en la provincial ni en la federal. No han demostrado voluntad política para investigar a fondo el caso”. Hay que señalar que desde el primer momento las autoridades provinciales plantearon la hipótesis de robo seguido de asesinato, que fue desechada por los organismos de derechos humanos. El crimen aún no fue esclarecido.