Carlotto y Bonasso declararon en la causa del Hospital Militar de Paraná
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el diputado nacional Miguel Bonasso declararon ayer en el juicio que investiga la supresión de identidad de los hijos mellizos de la militante desaparecida Raquel Negro, nacidos en el Hospital Militar de Paraná.
Diario La Capital - 23/09/2011
Los jueces del tribunal oral federal de esa ciudad también completaron inspecciones al nosocomio castrense y al Instituto Privado de Pediatría (IPP), donde fueran derivados los bebés.
A través del sistema de videoconferencia, Carlotto contradijo a uno de los socios propietarios del IPP, Miguel Torrealday, quien declaró al tribunal que no recordaba el paso de los mellizos por el instituto. La titular de Abuelas aseguró que el médico, hace 11 años, le manifestó conocimiento sobre la internación de los bebés de Raquel Negro en esa clínica. "El suponía que como la niña que había ingresado primero lloraba, trajeron su mellizo para que la acompañara, siendo que pareciera que el chiquito no estaba muy bien de salud, por eso su ingreso fue posterior al de la hermanita", relató Carlotto.
El encuentro entre Carlotto y Torrealday se produjo en el año 2000 y el médico se mostraba preocupado por haber supuestamente descubierto la anotación de bebés NN en el libro de ingresos del IPP. "Torrealday me dijo que los retiraron unas personas pero que no las conocía. No recuerdo que haya dicho si él estaba presente", sostuvo la dirigente. "Simplemente dijo: «Los trajeron, está asentado el origen de quiénes los trajeron; los retiraron y está asentado el origen de quiénes los retiraron y el pago por parte de esas personas» que no dijo saber quiénes eran", declaró Carlotto.
Recuerdos. El diputado nacional Miguel Bonasso ratificó lo publicado en su libro "Recuerdos de la muerte", en base a los testimonios del sobreviviente Jaime Dri y de la pareja de Raquel Negro, Tulio Valenzuela. Al igual que Dri la semana pasada, el legislador responsabilizó a los imputados por el cautiverio de Raquel Negro en los centros clandestinos de detención de Rosario y su traslado al Hospital Militar de Paraná para dar a luz.
El legislador relató el encuentro que tuvo durante la dictadura en México con Tulio Valenzuela: "Me dijo que había venido con un grupo de inteligencia militar de Rosario, enviado por (Leopoldo) Galtieri" y que "en la Quinta de Funes había quedado de rehén su compañera, que estaba embarazada de seis meses, y su pequeño hijo Sebastián". Valenzuela se fugó, luego regresó al país, pero finalmente fue apresado y sigue desaparecido.
Bonasso reveló que en la charla que mantuvo tiempo después con el sobreviviente de la Esma y de la Quinta de Funes, Jaime Dri, se enteró de que Raquel Negro "había tenido mellizos en el Hospital Militar y que después la mataron".
En la causa se investiga la responsabilidad de los represores Jorge Fariña, Marino González, Juan Daniel Amelong, Pascual Guerrieri y Walter Pagano y del médico Juan Zaccaría en la desaparición de Negro y el destino de sus hijos mellizos que dio a luz en 1978 en el Hospital Militar de la capital entrerriana. Una de esos mellizos es Sabrina Gullino, quien fue abandonada en un convento de Rosario y de donde fue adoptada legalmentee. La mujer restituyó su identidad en diciembre de 2008, mientras que su hermano continúa siendo buscado.
Recorrida. Posteriormente, el tribunal inspeccionó el Hospital Militar y el IPP, con la participación de testigos. La propia Sabrina Gullino pudo ingresar a la guardia médica del hospital, donde estuvo detenida su madre Raquel Negro; a la sala de partos donde nacieron ella y su hermano y a la sala de terapia intensiva, donde ambos estuvieron internados luego del nacimiento.
En el IPP, la comitiva judicial inspeccionó la sala de neonatología, donde los hijos de Negro permanecieron internados durante poco menos de un mes en marzo de 1978, y el guía fue uno de los propietarios de la clínica, Miguel Torrealday, quien volvió a ser cuestionado.
"En el IPP es muy pequeño el espacio para los bebés, y eso quiere decir que es imposible —como declararon ante el tribunal— que los cuatro médicos (que declararon, entre ellos Torrealday) no los vieran, sobre todo por las pequeñas dimensiones de la sala para las incubadoras y camitas", dijo la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos, Ana Oberlin.
De ambas medidas de prueba también participaron Guerrieri, Fariña y Amelong, este último, por su condición de abogado que ejerce su autodefensa, inclusive se permitió hacer preguntas a los testigos. Esta peculiar situación de Amelong volvió a ser cuestionada por los abogados de la querella, teniendo en cuenta que el Colegio de Abogados de Rosario lo expulsó de su matrícula.
“Hay esperanzas”
Sabrina Gullino, hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, expresó que este juicio permite “hacer la lectura de cómo son los procesos de construcción de verdad; pensábamos que mi hermano estaba muerto, pero luego comenzó a cobrar mucha fuerza que ese bebé está vivo. Tenemos esperanzas”.
Quien advirtió sobre esa posibilidad fue el represor Eduardo Costanzo, que en su declaración del miércoles dijo que el bebé podría haber sido apropiado por el ex oficial de inteligencia militar Paul Navone. “Conocíamos el testimonio de Costanzo desde hace tiempo, pero fue muy impresionante escuchar ese relato en vivo y en directo y escucharlo de su propia boca. El testimonio suena veraz por la cantidad de detalles que brindó”, señaló Sabrina. Añadió que “es muy importante que Costanzo declare, y la hipótesis que cobra fuerza es que mi hermano está vivo, pero —aclaró— nosotros somos conscientes de dónde proviene el testimonio, pero igual entendemos que es un testigo clave”.
Esa hipótesis también se apoya en “un acta de ingresos y egresos del Instituto de Pediatría del 27 de marzo en la cual nos dan de alta a mí y a mi hermano”.
Reclamo por Romano
Estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Cuyo y delegaciones de otras casas de estudio del país marcharon ayer junto a las Madres de Plaza de Mayo de Mendoza para reclamar a Chile la “inmediata extradición” del suspendido juez mendocino Otilio Romano, acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Los estudiantes afirmaron que la intención fue demostrar el compromiso con el “actual procesamiento y sometimiento a la Justicia de los cómplices civiles de la última dictadura cívico-militar”. El fugitivo goza de una residencia temporal de ocho meses, en libertad, a la espera de las indagaciones de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado de Chile.
En tanto, el destituido camarista federal de Mendoza Luis Miret, también por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, no podrá cobrar la jubilación extraordinaria de los jueces, según estableció la Cámara de la Seguridad Social. El otorgamiento de la jubilación había sido apelado por el Consejo de la Magistratura, que sostuvo que a Miret “no le asiste derecho a la percepción del beneficio” por haber sido destituido.