Piden perpetua para seis represores en Paraná
El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alvaro Baella, pidió ayer una condena de prisión perpetua de cumplimiento efectivo en una cárcel común para los acusados de la sustracción, retención y ocultamiento de los hijos mellizos de Raquel Negro, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978.
Diario La Capital - 06/10/2011
El letrado fue quien cerró el extenso alegato de más de cuatro horas de duración, que en forma conjunta hicieron los querellantes en la causa Hospital Militar de Paraná, que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en ese centro asistencial.
Baella calificó a los delitos de que fueron víctimas el mellizo varón de Raquel Negro, cuyo destino se ignora, y la nena, Sabrina Gullino, de desaparición forzada, agravada por haber nacido durante la desaparición forzada de su madre, en concurso ideal con el delito de supresión de estado civil de menores de diez años.
El pedido de condena es por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Raquel Negro, la supresión de sus identidades y la desaparición forzada del mellizo varón.
Los abogados querellantes encontraron coautores de esos delitos al ex jefe del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario, Pascual Guerrieri, y a los integrantes del grupo de tareas Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González y Walter Pagano. En tanto, consideraron partícipe necesario al médico militar Juan Antonio Zaccaría, ex jefe de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná.
También pidieron la inhabilitación perpetua de todos los imputados para el ejercicio de cualquier función pública y que se revoque la prisión domiciliaria de la cual goza actualmente Guerrieri por otra en cárcel común. En caso de que el Tribunal Oral Federal de Paraná no acepte la calificación del delito de desaparición forzada, los querellantes solicitaron una pena de prisión de 25 años e inhabilitación de cumplimiento efectivo para los seis imputados.
En la causa son querellantes la Secretaría de Derechos Humanos, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos), además de los hijos de Raquel Negro, Sebastián Alvarez y Sabrina Gullino.
En el comienzo de los alegatos, la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Ana Oberlin, afirmó que "el objetivo de la dictadura cívico militar (que gobernó el país a partir de 1976) era transformar totalmente la estructura económica y social, reprimir a los opositores políticos y disciplinar al resto de la sociedad". "Esto sólo se podía lograr a través de la implantación del terrorismo de Estado, porque se necesitaban poseer todos los resortes del gobierno para poder garantizar la impunidad", advirtió.
En tanto, la Fiscalía solicitó 14 años de prisión para Guerrieri, 13 para Fariña, Amelong y González, y 11 para Pagano y Zaccaría por entender que hubo un plan sistemático clandestino en el marco del cual se ejecutó la sustracción de los menores y la sustitución de sus identidades, delitos considerados de "lesa humanidad".
Ponce de León
La Cámara Federal de Rosario apartó al juez Carlos Villafuerte Ruzo de la investigación por la muerte del obispo Carlos Ponce de León, ocurrida el 11 de julio de 1977 en San Nicolás en un presunto accidente de tránsito. “Ahora la investigación está en el Juzgado Nº1 a cargo de Alberto Martínez”, ratificó el fiscal federal Juan Patricio Murray.
Ex policía habló sobre Papel Prensa
El secretario de DDHH de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, afirmó ayer que la declaración del represor Norberto Cozzani, “ratifica la postura que tiene el gobierno nacional sobre el traspaso forzado de acciones de Papel Prensa, que se originó en la Junta Militar y forma parte del plan sistemático de violaciones a los derechos humanos a los que fueron sometidos sus propietarios”.
El ex agente de la policía bonaerense dijo, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad en el Circuito Camps, que él mismo fue a buscar los títulos al portador de 10 mil dólares cada uno, que eran las acciones de Papel Prensa y el diario La Opinión. En su declaración del martes, explicó que integró “la comisión” que “tuvo a 62 personas detenidas”, del Grupo Graiver, a quienes se refirió como “subversivos económicos”.