Astiz dijo ser víctima del "terrorismo judicial" y amenazó a los jueces
El ex marino Alfredo Ignacio Astiz, que llevaba el libro "Volver a matar" al comienzo del juicio contra él y otros ex represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) por crímenes de lesa humanidad en la dictadura, coronó ayer su actuación en ese proceso entregando un ejemplar de la Constitución nacional al tribunal, al que pidió que se lo envíe al presidente de la Corte Suprema.
Diario La Capital - 15/10/2011
Al final de las dos horas que invirtió en leer su último alegato antes del veredicto, el ex capitán de fragata se acercó hasta el juez Daniel Obligado, presidente del Tribunal Oral Federal Nº5 (TOF5), al que había descalificado llamándolo "tribunal especial", y le entregó un ejemplar de la Carta Magna con el pedido de que "se lo haga llegar al presidente de la Corte, el abogado Ricardo Lorenzetti".
Astiz se proclamó "un perseguido político" por el gobierno junto a lo que denominó "el terrorismo judicial", así como "los grupos de persecución y venganza", en referencia a los querellantes (familiares de las víctimas más organismos defensores de los derechos humanos), y calificó al proceso en su contra de "persecución disfrazada de un acto judicial".
"La ilegal condena que va a dictar el tribunal especial es parte del plan del Poder Ejecutivo", desafió Astiz, que tiene pedidos de prisión perpetua por parte de la Fiscalía y las querellas, y consideró que "el gobierno no vacila en la venganza a los que combatimos el terrorismo. Se busca la venganza a través del martirio y la muerte en prisión".
También señaló que la presidenta "Cristina Fernández ha manifestado públicamente su animosidad hacia nosotros y su deseo de que sigamos privados ilegítimamente de la libertad por tiempo indeterminado". Y denunció que "la presidenta ha dicho públicamente las penas que nos deben ser aplicadas, en violación del artículo 109 del Código Procesal Penal".
Quien en la Esma era llamado Cuervo o Ángel Rubio dijo que las "falsas condenas" contra él y sus camaradas se basan en "el terrorismo judicial, la colonización judicial, la imprescriptibilidad y los testigos necesarios".
"Este acto es un linchamiento, este acto no es justicia", se quejó, y hasta sonó amenazante cuando, dirigiéndose a los jueces como "los abogados que tengo a mi izquierda", les dijo que "esto que están haciendo algún día va a ser considerado delito de lesa humanidad" y les advirtió: "Lo que empieza mal termina mal. Todo esto va a terminar peor".
Luego de las últimas palabras de Astiz, el juez Obligado llamó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 19, a las 9, cuando los acusados Antonio Pernías y Alberto González tendrán la oportunidad de hablar antes de la sentencia.
Los otros acusados son Adolfo Miguel Donda Tigel, Carlos Antonio Capdevilla, Jorge Eduardo Acosta, Ricardo Miguel Cavallo, Raúl Scheller, Juan Carlos Rolón, Pablo García Velasco, Julio Coronel (Ejército), Oscar Antonio Montes, Jorge Carlos Radice, Manuel García Tallada, Ernesto Weber (policía), Juan Carlos Fotea (policía) y Juan Antonio Azic (prefecto).
Los miembros del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Esma son juzgados por 85 casos de delitos contra la humanidad (tormentos y privaciones ilegales de la libertad), entre ellos, los secuestros y desapariciones de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y sus compañeras María Bianco y Esther de Careaga, el periodista y escritor Rodolfo Walsh y las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon.
Se calcula que por la Esma pasaron alrededor de 4.500 prisioneros, los cuales en su mayoría terminaron siendo arrojados vivos y dopados al mar desde los "vuelos de la muerte", que hacían los aviones Electra de la aviación naval.
Este juicio oral empezó en diciembre de 2009 y es el segundo por los crímenes perpetrados en la Esma, pues el primero tuvo por acusado en 2007 al represor y prefecto Héctor Febres, que cuatro días antes de su último alegato en el proceso antes de la sentencia fue encontrado muerto en su celda envenenado con cianuro.
Extraditado
El represor Norberto Tozzo, acusado de participar en los fusilamientos de al menos 22 presos políticos durante la dictadura en la Masacre de Margarita Belén, en Chaco, llegó ayer al país extraditado desde Brasil y el lunes será trasladado a Resistencia para ser indagado por el juez federal Carlos Skidelsky. Por este caso ya recibieron perpetua ocho ex militares.