El Congreso de Uruguay anuló la amnistía a militares
Un cuarto de siglo después de su entrada en vigencia y tras ser respaldada en dos plebiscitos populares, el oficialismo uruguayo eliminó el jueves una ley de amnistía que evitó que los militares de la dictadura (1973-1985) fueran juzgados por violaciones a los derechos humanos.
Diario La Capital - 28/10/2011
Por Raúl Garcés / AP
Montevideo. — "Terminó la impunidad", dijo Luis Puig, diputado del oficialista Frente Amplio, al celebrar la votación en la Cámara de Diputados en la que la mayoría oficialista se impuso con 50 votos contra 40 de la oposición. El proyecto ya había recibido media sanción en el Senado y debe ahora ser promulgado por el Poder Ejecutivo. "Hay una decisión tomada por la mayoría del Parlamento. Nosotros la acompañaremos y después estaremos en lo que decida la Justicia", dijo el presidente José Mujica al ser consultado respecto de la ley.
En los hechos la nueva norma elimina la ley de amnistía de 1986, al declarar como delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos durante el régimen de facto y eliminar la prescripción de esos delitos que debía entrar en vigor el próximo 1º de noviembre, tras cumplirse el plazo que dispone el Código Penal.
Plebiscitos. Para el senador Jorge Larrañaga, del opositor Partido Nacional, "con la aprobación de la ley, el Frente Amplio arrancó varias hojas de la Constitución y pasó por encima de la voluntad de la gente" al desconocer los plebiscitos de 1989 y 2009 en los que la ciudadanía apoyó ampliamente la ley. El constitucionalista y ex vicepresidente, Gonzalo Aguirre, dijo que la Constitución establece como soberana la voluntad popular manifestada en un plebiscito y "no es susceptible de ser derogada por el Poder Legislativo, (el Parlamento) desconoce la voluntad del cuerpo electoral". En contrapartida, el Frente Amplio sostiene que la revocación de la prescripción cumple el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reclamó al gobierno remover los obstáculos legales que impedían juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
En tanto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, declaró a la prensa que a los dos plebiscitos que ratificaron la ley de caducidad "se les debe dar la importancia que tienen en una institucionalidad democrática". Agregó que "los derechos humanos no están a disposición de las mayorías, sino que son derechos de las minorías y, por lo tanto, deben ser protegidos aún contra la opinión de las mayorías". Van Rompaey aseguró que la SCJ estudiará la eventual inconstitucionalidad de la nueva norma "en el caso de que se plantee alguna acción".
Tupamaros. El coronel Guillermo Cedrez, presidente del Círculo Militar, anticipó días atrás que de eliminarse la amnistía los militares estaban dispuestos a denunciar ante la Justicia a los ex Tupamaros —grupo armado al que perteneció el actual presidente Mujica— que no respondieron por sus crímenes porque, o huyeron del país, o no fueron enjuiciados.
Una vez promulgada la ley por el Poder Ejecutivo, lo que se espera ocurra de inmediato, podrían abrirse decenas de denuncias contra uniformados. Pese a la vigencia de la ley de amnistía, durante el gobierno del socialista de Tabaré Vázquez (2005-2010) quedaron bajo arresto una veintena de uniformados luego de que la Justicia determinó que la norma sólo era aplicable a los delitos cometidos dentro de Uruguay.
En Uruguay hubo unos 30 desaparecidos, pero más de 150 uruguayos corrieron igual suerte en Argentina durante la campaña coordinada de represión de las dictaduras del Cono Sur denominada "Plan Cóndor".