Piden el procesamiento de los jefes de operaciones del II Cuerpo de Ejército
Los querellantes en la causa que investiga la desaparición de 27 militantes del PRT-ERP en Rosario apelaron la falta de mérito dictada por el juez federal Marcelo Bailaque a cinco ex integrantes del Centro de Operaciones Tácticas (COT) del II Cuerpo de Ejército.
Diario La Capital - 13/11/2011
En el mismo expediente, el magistrado dictó el procesamiento y prisión preventiva del ex dictador Jorge Rafael Videla y el ex comandante Ramón Díaz Bessone, junto a otros diez sindicados represores, pero no incluyó a los cinco militares responsables operativos para el accionar del terrorismo de Estado. Los querellantes plantean que a ellos “les cabe la misma responsabilidad de autor mediato por la cual el juez dispuso el procesamiento de Videla”.
El querellante Héctor Medina, hermano del integrante del PRT-ERP desaparecido Oscar Medina, junto a las abogadas Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini, solicitaron a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que revoque la falta de mérito dictada en beneficio de Roberto Fossa, Roberto Galuppo, Edgardo Faur, Horacio Canestro y Enrique Laurenti, todos ex integrantes del COT al momento de los hechos.
Durante 1976, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de ese año, fueron desaparecidos en la zona 27 militantes del PRT-ERP, entre ellos Ricardo Klotzman, Cecilia Barral y Juan Tumbetta. Muchos de ellos fueron llevados al centro clandestino Quinta Operacional de Fisherton, que funcionó en José de Calazanz al 9100, y a otros centros de detención ilegal de la zona. Además, se juzga la apropiación de la hija del matrimonio Klotzman-Barral, María Pía, que es la nieta recuperada 103, nacida en cautiverio y luego adoptada por una familia de Santa Fe; y la privación ilegal y tormentos a Fernando Brarda, el único sobreviviente y testigo, quien fue apresado por error ya que no pertenecía a la organización política.
El juez Bailaque ordenó el procesamiento y prisión preventiva de Videla, Díaz Bessone, Julio Franciulli, Eitel Ferreira, José de la Torre, Alfredo Sotera, Jorge Fariña, Heriberto Lavallén, Marino González, Jorge López, Federico Almeder y Rubén Jaime. Los querellantes celebraron la decisión del magistrado respecto de estos imputados pero cuestionaron la falta de mérito a los miembros del COT.
Radiografía del sistema. Durruty criticó “el criterio que aplica Bailaque” ya que “para nosotros es prácticamente negar y no reconocer cómo funcionaba el sistema de represión ilegal”. Recordó que “desde los propios reglamentos militares, como el RC 3-30, se dice cómo se organizaba el Comando y la función de cada uno: había un comandante, un subcomandante, un Estado Mayor con cinco jefes, de los cuales dos específicamente se dedicaban a la represión ilegal, que eran el G2 y el G3, y de este último dependía el COT. El jefe del G3 era el coronel Julián Gazzari Barroso, que a su vez era el jefe del Area 211, y eran los encargados de las operaciones”.
La abogada Durruty insistió en que el juez “dice que no se pudo probar la relación que había entre el Destacamento de Inteligencia y el COT, y nosotros le decimos que la relación surge del propio organigrama militar. Y recordó una de las primeras declaraciones indagatorias del ex policía Rubén Lo Fiego, hoy en juicio oral, ante la entonces fiscal Griselda Tessio, donde explicaba que “se recepcionaban las órdenes firmadas por los coroneles Gazzari Barroso y Reinaldo Alturra del COT”. Pellegrini indicó que en el juicio oral por la causa Díaz Bessone surgió “que muchas personas detenidas estuvieron a disposición del COT, y eso consta en los documentos”.
Las letradas resaltaron la importancia de considerar “la autoría mediata en este tipo de juicios porque si hay muchos sobrevivientes se pueden buscar los autores materiales, pero cuando se hace casi imposible conocer a los autores materiales, la forma de terminar con la impunidad es avanzar contra los autores mediatos, los de escritorio, y para hacerlo hay que conocer cómo funcionó el plan del Ejército”, y añadió que ese criterio “no es novedoso sino que ya fue utilizada en el Juicio a las Juntas Militares”.
El juez Bailaque ya resolvió la situación procesal de los imputados, y “una vez que la Cámara las confirme, esperemos que acogiendo nuestra apelación, lo que resta es la elevación a juicio oral”, señalaron las querellantes.
Orden de aniquilamiento
Héctor Chinche Medina, secretario gremial de Sitratel (telefónicos) y hermano del desaparecido Oscar Medina, consideró “trascendente el pedido de detención en Rosario desde Videla a todos los mandos con responsabilidad”, pero juzgó como “una barbaridad la resolución de no procesar a los integrantes del COT, que en realidad son quienes definían las acciones que iban a llevar sobre determinadas personas”.
También resaltó que “por disposición del Ejército”, existía “la decisión de aniquilarlos físicamente a los militantes del PRT-ERP,. Por eso, la mayor dificultad de avanzar en la causa es que no hay casi sobrevivientes”. Explicó que “el caso de la Quinta Operacional de Fisherton salta porque sobrevive Fernando Brarda, que en realidad no era militante sino un empresario que tenía empleados a algunos compañeros. A él lo secuestran por los empleados, lo tienen seis días secuestrado, y cuando se dan cuenta de que no tenía nada que ver lo liberan. Por eso puede hablar de las compañeras detenidas que estaban embarazadas, como Cecilia Barral”.