Zitelli negó haber cometido crímenes de lesa humanidad
El sacerdote Eugenio Zitelli, ex capellán de la policía de Rosario durante la última dictadura, se negó ayer a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Marcelo Bailaque, tras rechazar los cargos que pesan en su contra en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad.
Diario La Capital - 18/11/2011
Por Gustavo Orellano y Jorge Kaplán
El sacerdote Eugenio Zitelli, ex capellán de la policía de Rosario durante la última dictadura, se negó ayer a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Marcelo Bailaque, tras rechazar los cargos que pesan en su contra en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad.
El magistrado lo imputó por los delitos de "privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y asociación ilícita" perpetrados en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de policía de Rosario. Además, y tal como lo solicitó la Fiscalía , el sacerdote también fue imputado por el homicidio del casildense Eduardo Bracaccini (ver aparte).
El religioso escuchó la lectura de las imputaciones y luego de limitarse a rechazarlas en forma genérica se amparó en el derecho de abstenerse a contestar preguntas del juez y del fiscal. Luego aclaró que "hasta tanto se resuelva su situación procesal se manejará a través de su abogado defensor". Zitelli seguirá con arresto domiciliario en un centro religioso de Zavalla, donde se encuentra desde que fue ordenada su detención y declaración indagatoria.
El párroco se presentó en los Tribunales Federales de Rosario junto a su abogado defensor del estudio jurídico Romera.
Después de largos años de cuestionamientos recientemente se ordenó la indagatoria de Zitelli por su accionar en la última dictadura.
La denuncia que motorizó la investigación del sacerdote fue interpuesta por organismos de derechos humanos como el grupo casildense Unidos Por la Memoria y Ante el Olvido (Umano), Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Liga Argentina por los Derechos Humanos y APDH de Rosario.
A Zitelli se lo acusa de haber tenido contacto directo con quienes se encontraban prisioneros en el campo de concentración conocido como El Pozo, dentro del SI, y haber justificado la tortura como un método para obtener información. El sacerdote estuvo al frente de la parroquia San Pedro Apóstol de Casilda hasta que fue reemplazado en octubre por disposición del arzobispo de Rosario, José Luis Mollaghan.
Uno de los testimonios que lo incrimina es el aportado por la sobreviviente María Inés Luchetti de Bettanín, quien afirmó que el sacerdote le había expresado que "el uso de la picana estaba bien porque se estaba en guerra y es un método para obtener información".
Está prófugo Corrales. Ayer estaba prevista también la declaración de Ricardo Corrales, ex secretario del entonces jefe policial Agustín Feced, a quien se ordenó el arresto domiciliario, pero no fue hallado por la comisión judicial que lo fue a buscar. "Actualmente está prófugo, aunque aún no se lo declaró así oficialmente", indicaron fuentes tribunalicias.
Al respecto, expresó su indignación Familiares de Desaparecidos, que sostuvo que "a pesar de haber declarado acerca del rol que cumplía Corrales en la causa Díaz Bessone los familiares de las víctimas de la Masacre de Los Surgentes, a pesar del pedido fiscal de que sea indagado, se permitió a Corrales declarar como testigo en la audiencia oral de la causa Díaz Bessone". Ahora "cuando finalmente, el juez Bailaque ordenó que sea detenido por las fuerzas de seguridad, Corrales no se encuentra en su domicilio", y "se permitió a un personaje nefasto sustraerse a la acción de la Justicia".
Por otra parte, en el marco de la causa Feced, hoy deberán prestar declaración indagatoria Julio Fermoselle y Ovidio Olazagoitía, y la semana próxima Carlos Caramelo Altamirano y Lucio Nast (alias Ronco).
Guerrieri se abstuvo de declarar en San Nicolás
El ex jefe militar Pascual Guerrieri y el ex agente de inteligencia Jorge Barba Cabrera ayer comparecieron ante el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, y se negaron a declarar. Ambos están imputados por el secuestro, tormentos y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi.
En tanto, el magistrado rechazó el pedido de la Fiscalía de revocar la exención de prisión al ex arquero de Rosario Central Edgardo Gato Andrada, imputado en la causa, medida que fue recurrida por el Ministerio Público ante la Cámara Federal de Apelaciones local.
Por otra parte, hoy deberá prestar declaración indagatoria el coronel retirado Víctor Chuli Rodríguez, ex integrante del Destacamento de Inteligencia del Ejército al momento de los hechos.
Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados en el bar Magnum, de Córdoba casi Ovidio Lagos, en la mañana del 14 de mayo de 1983, por un grupo de tareas comandado por Guerrieri, entonces jefe de la inteligencia militar en Rosario, e introducidos en dos autos. Horas después, los cadáveres acribillados de ambos, con signos de tortura, fueron encontrados en un camino rural de la localidad bonaerense de Lima. El 17 de mayo, el gobierno de facto informó que habían sido “abatidos en un enfrentamiento”.
En la causa están imputados también el ex dictador Reynaldo Bignone, el ex militar Luis Muñoz, y los ex agentes de inteligencia Ariel Porra y Walter Pagano. Según relató el ex represor Eduardo Tucu Costanzo, la patota militar secuestró a Cambiaso y Pereyra Rossi, los torturaron y luego los entregaron al ex policía bonaerense Luis Patti, que operaba en el norte de esa provincia. También apuntó particularmente contra Andrada, que “usaba el nombre de Antelo” y Chuli Rodríguez. l
El caso Bracaccini
Gladys de Bracaccini aseguró que en julio de 1977 recurrió a Eugenio Zitelli para pedirle ayuda por la desaparición de su hijo Eduardo. “Me dijo que los presos políticos no figuran en guía — recordó— y que iba a tratar de hablar con él pero que no le pida sacarlo”. La mujer regresó a su casa en Casilda con la certeza de que su hijo estaba detenido en la Jefatura de Rosario y podría volver para intentar visitarlo.
Sin embargo a los pocos días le dieron la noticia de que “su hijo había sido abatido” junto a otras personas en un supuesto intento de copamiento a la comisaría de Alvear. Al retirar el cuerpo, le extendieron el certificado de defunción que hablaba de “muerte por enfermedad”, cuando en realidad había sido acribillado a balazos.
Gladys dijo haberse enterado de que a su hijo lo habían “chupado” las fuerzas de la represión por dos amigas de él que vieron cuando se lo llevaban del departamento donde vivía en Rosario. “Hace años que venimos luchando por verdad y justicia, y ahora se puede gracias a la derogación de las leyes de la impunidad”, sostuvo la mujer, para luego manifestar su convencimiento de que Zitelli “es cómplice” de la muerte de su hijo como de otros ex detenidos.
Esperanza
El Concejo Municipal manifestó su pesar frente al fallecimiento de Esperanza Pérez Labrador, miembro de Madres de Plaza de Mayo de Rosario. “Es necesario decir que esta tierra del sur santafesino mucho le debe a quien alzó la voz, y escribió para muchos, con su propio cuerpo su propio nombre: Esperanza”, manifestó el edil Alberto Cortés.