Robo de bebés: dan detalles de cómo la Justicia era cómplice de la dictadura
Una jueza de menores de Lomas de Zamora en la última dictadura rompió el documento de un nene de 9 meses para darlo en adopción y no devolverlo a sus familiares biológicos, según declaró ayer una testigo en el juicio oral contra los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, entre otros.
Diario La Capital - 01/02/2012
Al testimoniar ante el Tribunal Oral Federal Nº6, que juzga el plan sistemático para la apropiación de niños en la dictadura, la asistente social María Felicitas Elías reveló que la magistrada también envió a tres hermanitos a un instituto porque sus padres eran "montoneros" y habían "desafiado" a la Constitución.
Estos fueron sólo algunos de los casos reflotados por Elías al detallar el mecanismo "perverso" con que se actuaba en casos de menores con padres víctimas de la represión ilegal.
Elías trabajó en el juzgado de la ya fallecida jueza Marta Pons y presenció cómo su entonces jefa rompió el documento de identidad que traía "en el pecho Emiliano Ginés, un bebé de 9 meses que llegó en brazos de un policía bonaerense". El bebé, con síndrome de down, fue internado en el hospital Sor María Ludovica, donde falleció meses después.
Otro caso que recordó fue el de los tres hermanos Ramírez, derivados al juzgado luego de que su mamá fue ametrallada y su papá fue apresado.
"Los pedía una tía paterna; la visité y redacté un informe a favor de darle la guarda, pero la jueza me dijo que no era lo que esperaba; que eran hijos de un paraguayo montonero que había desafiado la Constitución nacional y no merecía recuperarlos", recordó.
Los niños fueron enviados al Hogar de Belén, un internado donde la mayor sufrió abusos sexuales y recién pudieron reunirse con su padre en Suecia, donde se había exiliado.
"Estuvieron estas viejas", contó Elías que escuchó decir por teléfono a Pons, jubilada en 1984 y muerta en 1994, a su interlocutor, el entonces jefe de la policía bonaerense Ramón Camps, para dar cuenta de la visita de las abuelas de Plaza de Mayo Chicha Mariani y Estela de Carlotto, a principios de los 80: "Les dije que no tengo ningún chico de los que buscan", agregó.
"Los juzgados de menores de la época no tenían alzada, una decisión del juez definía el futuro hasta la mayoría de edad; era un modo de intervención perverso", agregó.
También contó que las abuelas dejaron carpetas amarillas con datos y fotos de chicos buscados, entre ellos Emiliano Ginés", dijo la asistente social.
Otro de los casos fue el de Jorgelina Planas, entregada en adopción a un militar de San Isidro y cuyos datos estaban en las carpetas de Abuelas, pese a lo cual la juez no dijo nada.
La testigo reveló que en al menos ese juzgado se sabía de centros clandestinos durante su funcionamiento: "Hay gente detenida que está en la Cacha", dijo que le escuchó decir una vez a Pons, por ejemplo.
Los jueces del tribunal quisieron saber si había vínculos entre jueces de menores de distintas jurisdicciones y preguntaron sobre otros empleados del juzgado, como el actual miembro del Tribunal Oral Federal Nº3 Guillermo Gordo, ex yerno de la magistrada y ex secretario de su juzgado en esa época.
"Trabajaba con nosotros en el juzgado; primero fue oficial mayor, luego secretario y el papá de Guillermo era general", contestó sobre el actual magistrado, al tiempo que indicó que "otro de los secretarios era Raúl Donadío, actual juez de menores".
En la dictadura "había ciertos niños que merecían trato diferenciado, y eso era no estar con sus familias por ser hijos de desaparecidos o detenidos, porque no merecían criarlos", concluyó la mujer.