Piden la detención de ex dictador peruano
El juez federal Norberto Oyarbide pidió ayer la captura internacional del ex dictador peruano Francisco Morales Bermúdez por el secuestro ilegal, en 1978, de ciudadanos de ese país que fueron trasladados a Argentina en el marco del Plan Cóndor, que coordinaba la represión de las dictaduras de la región.
Diario La Capital - 03/02/2012
El magistrado también citó a indagatoria al ex dictador argentino Jorge Rafael Videla y su ex ministro del Interior Albano Harguindeguy para el 22 y 23 de febrero, respectivamente, informaron fuentes judiciales.
El pedido de detención de Morales Bermúdez, quien tras dar un golpe de Estado en 1975 gobernó Perú hasta 1980, se realizó a través de Interpol y la Justicia peruana con fines de extradición para que declare en Argentina.
Los tres están acusados por el secuestro de 13 peruanos opositores al régimen de Morales Bermúdez, que fueron trasladados en avión a Argentina y luego fueron enviados a centros clandestinos de detención.
El hecho ocurrió el 25 de mayo de 1978, cuando se estaba por iniciar el Mundial de Fútbol, y tenía como objeto hacer pasar a los secuestrados como refugiados políticos para responder las críticas a la dictadura sobre las violaciones a los derechos humanos.
"Fue evidente que la dictadura argentina quiso salir de esta cadena de delitos que cometía, con ciudadanos peruanos bajo una forma que ante la prensa disfrazarían como «pedido de asilo», en primer lugar, y luego como «salida voluntaria del país»", declaró ante la Justicia Ricardo César Napuri Schapiro, una de las víctimas.
Schapiro fue secuestrado junto a José Luis Alvarado Bravo, Justiniano Aspaza Ordóñez, Alfonso Baella Tuesta, Hugo Blanco Galdós, Humberto Damonte Larraín, Ricardo Díaz Chávez, Javier Diez Canseco Cisneros, Genaro Ledesma Izquieta, Ricardo Letts Colmenares, Valentín Pacho Quispe, José Arce Larco y Guillermo Faura Gay.
Todos estuvieron secuestrados en el Regimiento de Infantería de Montaña 20 de Jujuy, donde fueron presionados para que firmen un documento que los presentase como refugiados bajo el control de las Fuerzas Armadas, se denunció.
Los secuestrados se negaron y fueron trasladados a la central de la Policía Federal, en Buenos Aires, donde también se los obligó a firmar el documento para ser refugiados, hasta que fueron expulsados del país.
"Los elementos señalados me convencen de que Videla, Morales Bermúdez y Harguindeguy no fueron ajenos a la detención y privación ilegal de la libertad de las personas indicadas, y que el hecho fue cometido al amparo y mediante la intervención desde ambos Estados", sostuvo Oyarbide en su dictamen.
El juez federal agregó que los secuestros se realizaron "a través de una práctica generalizada basada en rotular como delincuentes subversivos a las personas cuyas ideas políticas no concordaban con la ideología imperante en la época, constituyendo de esta forma una grave violación a los derechos humanos".
Oyarbide ordenó la detención de Morales Bermúdez al considerar que en el caso se puede aplicar "el principio de Justicia universal" por el cual "cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción".