El oficio de ser abogado del diablo
Este miércoles se escuchó buena parte los alegatos de la defensa en el juicio Díaz Bessone. Los abogados de los imputados José Rubén Lofiego ‒Gritzko Gadeo Doronsoro‒ y Ricardo Chomicky ‒Héctor Galarza Azzoni‒, respondieron acusaciones y pidieron la absolución de sus defendidos.
La defensa de Lofiego se escuchó este martes en Tribunales Federales.
Redacción Rosario - 09/02/2012
Por Juane Basso
Al margen del veredicto que de a conocer el TOF 2 de Rosario ‒a cargo del proceso oral y público contra los integrantes de la patota de Feced‒, los imputados no podrán decir que no tuvieron un juicio justo. Y mucho menos tendrán derecho a quejarse de sus defensas, al menos de las que el propio sistema les ofreció a través de los abogados de oficio.
La sensación que invade a este cronista es que, a pesar de la ‒entendible e incluso compartida‒bronca que provoca entre querellantes y organismos de derechos humanos, ver en acto el alto compromiso de los defensores oficiales con su causa ‒en este caso la causa puede ser la defensa de los más repudiables genocidas‒, el resultado final es en favor de la legítima bandera del Juicio y Castigo. Nada mejor para acallar las voces de los socios del club de la impunidad, que garantizar que los represores tengan un juicio con todas las de la ley.
En el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina durante la dictadura, son juzgados además del civil Chomicky y el ex policía Lofiego, los también ex policías Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini, y el ex jefe del Segundo Cuerpo Ramón Díaz Bessone.
La audiencia
La jornada comenzó con la continuidad del alegato de la defensa de Lofiego, a cargo de Dorronsoro, quien se dedicó a relativizar las imputaciones por los homicidios de Alberto Tión y Oscar Manzur. Ambos militantes se encuentran desaparecidos.
En una extensa exposición, en la que no negó la existencia del terrorismo de Estado, Dorronsoro se esforzó en demostrar una pormenorizada lectura del expediente. Con machetes en la mano, repasó los relatos de los más de cien testigos que pasaron por el juicio en busca de contradicciones que le sirvieran para mitigar las responsabilidades de su defendido.
Dorronsoro cruzó el límite de lo tolerable para los oídos de los presentes en la sala cuando planteó, sobre el homicidio de Alberto Tión, que no había “prueba fehaciente de la causa de su muerte”. Huelga repetir que el militante montonero, una de las víctimas de la causa, además de haber sido salvajemente torturado, engrosa las larga lista de desaparecidos de la dictadura y, por ende, no se cuenta con su cuerpo para que haya un peritaje que compruebe las causas de su deceso.
En esta jornada de alegatos, el acento del abogado de Lofiego estuvo puesto en subrayar que “no hay prueba material” que demuestre “la autoría de los asesinatos” por parte de su defendido, más que la acusación de algunos de los testigos a las que calificó de “vagas y genéricas”.
Dorronsoro contestó también a la acusación por el homicidio del militante montonero Oscar Manzur, quien fue secuestrado junto a su mujer Marta Bertolino y sus compañeros Juan Girolami y Ernesto Rueda. Al igual que en el caso Tión apuntó a relativizar la prueba directa ‒que lo sitúe a Lofiego en el momento del hecho del homicidio‒ en contra de su defendido.
Tras eso intentó reeditar una pseudo teoría de la Obediencia Debida y señaló que Lofiego actuaba por órdenes primero de sus superiores inmediatos ‒los jefes de la policía‒, y más arriba por la autoridad del Segundo Cuerpo de Ejercito y las Fuerzas Armadas, a quienes responsabilizó por los “crímenes de lesa humanidad” cometidos por el “golpe de estado más sangriento de la historia del país”.
El abogado hizo su trabajo de defensa, y por supuesto no mencionó que Lofiego era el mayor especialista en aplicación de tormentos del SI ‒algo que llegó una vez a confesar en entrevistas periodísticas‒
Dorronsoro tuvo que releer varios testimonios de los sobrevivientes del SI, para luego contestarlos ‒en busca del pelo en la leche‒, y en algunos casos no pudo menos que reconocer “el terrible sufrimiento padecido” por ellos, como calificó al pasar el caso de Marta Bertolino.
Mientras el defensor oficial describía aquel infierno ‒pensaba este escriba‒ ¿cómo podía pedir la absolución del imputado al mismo tiempo? Porque si bien los cuerpos del delito no están, porque a lo mejor no fueron vistas por ningún testigo las persona concretas que los tiraron de un avión al mar, o que los mataron y enterraron en un cementario como NN, ¿qué duda puede caber de que todos los funcionarios públicos de aquel dispositivo montado por el Estado terrorista ‒leasé represores del SI‒ , son responsables de la suerte corrida por las víctimas de la "patota de Feced"?
De no seguir ese razonamiento, no tendríamos el necesario escarmiento que debería servir como verdadero Nunca Más, para que los presentes y futuros hombres de las fuerzas armadas y de seguridad no vuelvan a ser parte de un Estado genocida. “Así es el oficio de los defensores oficiales”, explicó un conocedor de la subcultura tribunalicia: “el de ser ocasionalmente abogados del diablo”.
Otra disquisición
Este es el primer juicio oral y público por los crímenes cometidos en el SI. Luego de décadas de lucha para que se llegue a esta instancia, el expediente se elevó al estilo de la Justicia federal de Rosario, es decir, mal, incompleto, dejando fuera –entre otras aberraciones–, la mayoría de los casos de homicidios.
Por dar un dato, ya aportado en este medio, sólo se están juzgando en el proceso actual alrededor del 5 por ciento de los delitos de lesa humanidad cometidos en aquel centro clandestino de detención. Sobre esos resquicios y agujeros trabajan los abogados de los genocidas, esa es su tarea.
Pero vale la pena recordar que resta toda otra parte del expediente, que tramita en Instrucción, que algunos han dado en llamar Feced residual, y en el que querellas y fiscalía vienen trabajando para acomodar los tantos de cara a los próximos debates orales.
Alegato por Chomicky
Después de los pedidos de absolución solicitados por el representante legal de Lofiego, fue el turno de la defensa de otro de los imputados del juicio, Ricardo Chomicky, el civil acusado como “colaboracionista” por buena parte des sus ex compañeros de militancia en Montoneros, y cautiverio en el SI. Su abogado, Galarza Azzoni, quien no pudo ocultar que no se esperaba tener que iniciar su alegato esta jornada, comenzó una larga exposición que no logró concluir durante la tarde de este martes.
Galarza planteo dos cuestiones centrales: la nulidad de la acusación del la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ‒única de las querellas que acusó a su defendido‒, y “la revictimización” a la que consideró que Chomicky está siendo sometido al haber sido primero “detenido y víctima del terrorismo de Estado” y ahora enjuiciado junto a sus captores. Idea y fuerza centrales de su discurso, por las que reclamó la absolución del único civil imputado en el proceso.
En el primero de los señalamientos, Galarza Azzoni citó la mitad de la biblioteca que lo proveyó de argumentos para sostener que la acusación de la única querella que realizó imputaciones a Chomicky debía ser declarada nula, afirmación que prometió fundamentar más adelante en su alegato.
A continuación repasó una larga serie de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, la Corte Suprema de la Nación y otras instituciones del Derecho Internacional referidas a cómo deben ser analizados los casos de víctimas del terrorismo de estado, incluso en los casos particulares en los que se plantea las conductas como la “colaboración” o la “delación”.
Entre los argumentos esgrimidos por Galarza, destacó el hecho de que “el titular de la acción penal”, es decir, la fiscalía, había pedido la “absolución de Chomicky”.
Tras aclarar que no tenía nada más preparado para su alegato en el día de la fecha, Galarza concluyó su alocución y el tribunal planteó que debería continuar con él el próximo lunes a las 9,30.