El debate sobre dónde hacer justicia
El Programa Verdad y Justicia propuso juzgar a los represores en el lugar donde cometieron sus crímenes. Para algunas víctimas del terrorismo de Estado, tendría fuerte impacto simbólico. Para otras, sería “perverso”. Una delegación de jueces ya visitó el predio.
Jueces y funcionarios analizan la conveniencia de realizar en la ex ESMA el proceso oral por el que pasarán 60 imputados y más de 700 testigos. Imagen: Guadalupe Lombardo
Diario Página12 - 19/03/2012
Por Irina Hauser
El predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que actualmente es un espacio de promoción de los derechos humanos, recibió el miércoles pasado una visita peculiar. Una delegación integrada por jueces, miembros del Consejo de la Magistratura y del Ministerio de Justicia, llegó cerca de media mañana con un objetivo impactante: evaluar si alguno de los edificios del predio es apto para hacer allí el próximo juicio por los crímenes cometidos en ese mismo lugar, donde funcionó el mayor centro de extermino de la última dictadura. El proyecto, que está en etapa de análisis y discusión, genera reacciones diversas entre las víctimas querellantes. Están los que piensan que sentar a los represores en el banquillo en el escenario de sus propias aberraciones sería de un fuerte simbolismo frente a la sociedad; pero también hay sobrevivientes y familiares de desaparecidos que ven un sufrimiento adicional en tener que revivir los hechos en el lugar donde ocurrieron.
La comitiva era grande y contaba con algunas presencias de peso para el caso, como los propios integrantes del Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5), Daniel Obligado y Adriana Palliotti, quienes deben llevar adelante el segundo juicio por los crímenes cometidos en la ESMA. También estaban los jueces de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Gemignani; el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Urriza; el representante del Poder Ejecutivo en ese organismo, Hernán Ordiales, y el director de Infraestructura, Francisco Toscano. Quien logró juntarlos allí fue Beinusz Szmukler, del Programa Verdad y Justicia, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De él había nacido la idea.
Szmukler enumeró a Página/12 tres razones por las que propuso la ex ESMA como lugar para el gran juicio: “Cuando se planteó que podría tener por lo menos 60 imputados y más de 700 testigos, se hizo evidente que el Poder Judicial no tiene un lugar adecuado para un proceso de esa magnitud. Además, la mayor aspiración de todo tribunal es la de tener la máxima proximidad posible con el lugar de los hechos. Y por último, hacer las audiencias allí tendría una fuerte carga simbólica no sólo importante para el movimiento de derechos humanos sino para toda la sociedad, ya que se juzgaría a los imputados de los crímenes más horrendos de la historia argentina en el mismo lugar que los cometieron”. El Programa Verdad y Justicia, explicó Szmukler, tiene entre sus metas la de “colaborar para acelerar el trámite de los juicios por crímenes de lesa humanidad y resolver necesidades de los tribunales, además de dar protección a testigos, querellantes y funcionarios judiciales”. También aclaró que “aún está pendiente debatir el tema con los organismos de derechos humanos”. “Seguro que habrá resistencias, tanto de los testigos, que pueden sentirse mal de volver a ese lugar, como del Poder Judicial”, dijo.
Miradas y propuestas
Entre las querellas –que son más de una decena– hay posturas contrapuestas. Andrea Bello, sobreviviente de la ESMA y querellante por Justicia Ya!, hizo objeciones. “Me parece una idea perversa, no se me ocurre otro adjetivo. Sería una medida solo efectista. Es un lugar que, además, se debe preservar. Seguro que el Estado puede dar otra solución”, dijo. “Yo todavía trato de evitar lo más posible volver allí; por más fortaleza que uno haya adquirido en todos estos años, me resulta difícil. No me imagino tampoco a las madres de compañeros desaparecidos yendo a revivir allí lo ocurrido. Vamos a necesitar un colectivo de psicoanalistas. No me gusta usar la palabra revictimización, pero en este caso sería eso. Además me parece favorable a los imputados, porque en ese lugar fue donde se sintieron fuertes”, explicó Bello.
Víctor Basterra, otro de los querellantes, ex detenido y uno de los miembros del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), piensa distinto. “Prefiero la presencia de los milicos en el propio escenario donde cometieron sus atrocidades, siendo juzgados y probablemente condenados ahí. Es todo un impacto. Mejor eso que la política del tachín tachín y la alegría. Digo esto porque en el predio se desarrollan muchas actividades con las que no estoy de acuerdo y, sin embargo, me las tengo que tragar. Hubiera querido que fuera un lugar de reflexión y recogimiento. Lo que no hay que perder es la reflexión de lo que pasó. Las cosas hay que mirarlas de frente. Ahí sucedieron cosas espantosas, que tampoco hay que banalizar detrás de una murga o un festival”, argumentó. Seguramente, se anticipó, no sólo se opondrán algunas víctimas a hacer el juicio en la ex ESMA, sino los propios imputados.
A los jueces del TOF 5 les pareció una alternativa válida la de hacer el juicio en el lugar donde funcionó la ESMA, según dijeron a Página/12 allegados a los jueces. Si bien mostraron cierto entusiasmo, aún no tendrían posición definitiva sobre la conveniencia. En lo formal, son ellos quienes tienen que pedir la habilitación y acondicionamiento de alguno de los edificios del predio. Además, tienen que dar su aval el ente público que maneja el espacio para la memoria. Y la Cámara de Casación debería aprobar esa solicitud, de ahí la presencia –la semana pasada– de varios jueces de ese tribunal.
La visita al viejo centro de exterminio, de la que participaron ambos tribunales, tenía el objetivo de ver y evaluar cuáles de los 35 edificios que hay en el lugar, que en total tiene 17 hectáreas, serían aptos para realizar las audiencias. Miraron tres de ellos en detalle. Recorrieron un área de talleres, el pabellón COI (que formó parte del circuito represivo) y otro sector, que concluyeron que era el sitio más apropiado, donde funcionaron un enorme cine y un salón, y que actualmente se encuentra cedido al Centro Internacional de Derechos Humanos de Unesco.
Próximos pasos
Algunos de los integrantes del grupo no conocían la ex ESMA, por lo que aprovecharon la ocasión para preguntar de todo, pispear cada rincón y llevarse folletos. El arquitecto Francisco Toscano, que es director de Infraestructura del Consejo de la Magistratura, deberá ahora hacer un informe que precise todas las reformas que habría que hacer para poder trasladar allí (íntegro) el TOF 5 y realizar un megajuicio. Le pidieron que precise cuánto tiempo demoraría la obra y cuánto costaría. Sumarán su aporte el administrador del organismo y el director de Tecnología, que formaron parte de la comitiva. Se supone que para la semana próxima tendrían los resultados. Lo que plantearon los jueces del TOF 5 es que no quieren que la reforma del lugar para adaptarlo al juicio demore el inicio de las audiencias. El cálculo que hacen es que debería estar listo en agosto, de lo contrario habrá que buscar otras opciones. La misma cuestión se trató el jueves en el plenario del Consejo de la Magistratura, donde se planteó como “plan B” pedir la sala del Juicio a las Juntas del Palacio de Justicia.
La falta de salas de audiencia es un problema generalizado en tribunales. Los jueces del TOF 5, Obligado y Palliotti, venían reclamándole a Casación una sala de uso permanente, pero no obtuvieron respuesta. Por eso, hacer el juicio en la ex ESMA se les presentó como una posible solución. De todos modos, arrastran otros problemas adicionales. Hasta el miércoles último eran solo dos magistrados, faltaba uno, además de un suplente. Es decir, no podían resolver grandes cuestiones. Ahora se sumará Leopoldo Bruglia, del TOF 4, que juzgó, por ejemplo, los hechos del centro clandestino llamado El Vesubio, el enriquecimiento de María Julia Alsogaray y el accidente de LAPA. Y un asunto clave aún no resuelto en la causa ESMA es si se hará un juicio único con 61 imputados y más de 700 testigos o si se va a dividir en varios juicios, como plantearon los fiscales Pablo Ouviña y Mirna Goransky.
La propuesta de llevar el juicio a la propia ex ESMA generó mucho entusiasmo en distintas áreas y niveles del Gobierno. Todo parece indicar que faltan aún varios pasos burocráticos y que empieza un debate amplio sobre las implicancias.