Acusan a Videla de decidir el destino de los bebés nacidos en cautiverio
La Fiscalía acusó ayer al ex dictador Jorge Rafael Videla de haber sido quien decidió el destino de recién nacidos en centros clandestinos de detención, y advirtió que "aún hoy continúa cometiendo delito porque se niega a revelar el paradero de los niños apropiados y todavía buscados".
Diario La Capital - 24/04/2012
La acusación del Ministerio Público se realizó al entrar en la etapa final de su alegato en el juicio oral por robo de bebés que se sigue en los Tribunales federales de Retiro.
"Videla no era un muñeco que figuraba como comandante ni había entre sus subordinados algún coronel descarriado que hizo esto. Todo lo que se hacía en el Ejército era ordenado por él en un plan sistemático, y frente a los reclamos, el silencio o la burda mentira era la actitud de Videla", afirmó el fiscal Martín Niklison ante el Tribunal Oral Federal 6, que juzga la existencia de un plan sistemático de apropiación de menores en la última dictadura cívico-militar.
El fiscal entró en el tramo final de su alegato que lleva más de una semana y analizó la culpabilidad de cada acusado, en particular la de los jerarcas de la dictadura como Videla y Reynaldo Bignone, sometidos a juicio junto a otros represores, y luego hará los pedidos de pena, que se prevé llegarán hasta los 50 años de cárcel.
"Su delito sigue hasta hoy porque omite ponerle fin, no dice dónde están y estos no eran casos aislados, Videla decidía cuáles eran devueltos y cuáles apropiados", aseguró sobre los bebés, entre ellos la nieta del poeta Juan Gelman, Macarena Gelman, a cuyo caso se refirió especialmente Niklison.
"A María Claudia, la mamá, la llevaron a Uruguay con un embarazo avanzado. ¿Por qué? lo ignoramos. Pero las autoridades argentinas tomaron la decisión de que Macarena naciera en otro país y fuera entregada a una familia ajena. Las razones son una incógnita", apuntó el fiscal en un auditorio donde estaban los acusados, entre ellos Videla, quien varias veces cabeceó y tuvo que ser despabilado por su abogado.
Y concluyó que "Videla entregó el poder de instalar un centro clandestino de detención, les dio el poder para entregar a Macarena, quienes lo hicieron (los represores Otto Paladino y Aníbal Gordon) actuaron cumpliendo sus órdenes".
"Es inverosímil proclamar ajenidad porque el verdadero destino de Macarena fue controlado por militares argentinos, y su mamá María Claudia tenía el destino determinado: era considerada un envase".
Niklison formulará pedido de pena para todos los juzgados en el juicio por 34 casos de robo de bebés nacidos en centros clandestinos de detención.
Catamarca: comenzó juicio a represores
El primer juicio por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura en Catamarca comenzó ayer en la capital provincial con la presencia de los dos acusados en el banquillo: los ex jefes provinciales del Ejército y la Policía de 1976 a 1977, mientras que el varias veces condenado Luciano Benjamín Menéndez fue apartado del proceso oral por problemas de salud. Entre el público en la sala se ubicó la gobernadora catamarqueña, Lucía Corpacci, y el vice, Dalmacio Mera, mientras que en la calle organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas y público en general manifestaban frente a la sede judicial.
En este juicio oral y público serán juzgados Carlos Alberto Lucena, ex jefe del Regimiento de Infantería 17, y Juan Daniel Rauzzino, ex jefe de policía provincial, acusados como autores de la desaparición y muerte la estudiante Nelly Yolanda Borda, el delegado sindical de Smata Francisco Gregorio Ponce, su hermana Griselda del Huerto Ponce y su sobrino Genaro Burgos, ocurridos entre los años 1976 y 1977.
Los represores están acusados de la autoría mediata de los crímenes, es decir que se buscará determinar la responsabilidad de los autores ideológicos, no los autores materiales de los hechos, quienes serán juzgados en otro juicio posterior. Menéndez, quien fue apartado por razones de salud, volverá a ser revisado en mayo y los jueces resolverán si fijan otra fecha para enjuiciarlo.
El Tribunal integrado por Juan Carlos Reynaga, Gabriel Eduardo Casas y José Camilo Quiroga Uriburu escuchó un planteo de nulidad del abogado defensor Lucio Montero quien entiende que “la calificación no es igual a aquella por la que fueron indagados e imputados en su momento”, pero luego los jueces resolvieron “no hacer lugar” a ese planteo.
A lo largo del proceso está previsto que declaren 51 testigos, entre ellos varios integrantes de la familia de Yolanda Borda. La joven era oriunda de la ciudad catamarqueña de Belén, tenía 29 años cuando fue reportada como desaparecida el 27 de enero de 1977, estudiaba Química en la Universidad Nacional de Tucumán y, según la denuncia, fue secuestrada de su casa una madrugada por un grupo de hombres vestidos de civil y con el rostro cubierto. Luego fue vista en centros clandestinos de detención de Tucumán algunos días después de su secuestro.
Ponce era delegado sindical de Smata-Catamarca, desapareció en abril de 1976 a los 37 años, y también fue visto en centros tucumanos tras su secuestro. Meses después se produjo la desaparición de su hermana Griselda, y el hijo de la mujer Genaro Julio Burgos Ponce.