África acapara la atención de la Corte Penal Internacional en su primera década
Críticas contra el tribunal por juzgar solo a dirigentes africanos. La jurista gambiana Fatou Bensouda sustituirá al actual fiscal jefe, el argentino Luis Moreno Ocampo.
Lubanga, ante el tribunal el pasado marzo. / Evert-Jan Daniels (AFP)
Diario El País - 12/06/2012
Por Isabel Ferrer, desde La Haya.
En julio de 2002, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió sus oficinas en la ciudad holandesa de La Haya, la sede oficial. Unos pocos funcionarios se aprestaron a recibir las demandas por genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad presentadas ante la primera instancia permanente de la justicia internacional. Hasta entonces, esos delitos habían sido tratados por tribunales especiales como los de Núremberg o Tokio, tras la II Guerra Mundial. O bien los creados más tarde para Ruanda, Camboya, Sierra Leona y la Antigua Yugoslavia. Una década después, a las celebraciones del aniversario de la CPI se unen las críticas sobre una presunta inclinación por abrir casos en África. Rechazadas por el fiscal jefe saliente, el argentino Luis Moreno Ocampo, y matizadas por organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, son una llamada de atención. Pueden servir para mejorar la calidad de las investigaciones y la transparencia de la institución misma.
Con el traspaso de funciones en la fiscalía (la jurista gambiana Fatou Bensouda, segunda fiscal hasta la fecha, sustituirá a Moreno Ocampo el próximo 15 de junio), el balance de la Corte es llamativo. Ha mostrado su firmeza al acusar de genocidio a un jefe de Estado en ejercicio, el sudanés Omar el Bashir, por las tropelías cometidas en Darfur, al sur del país. También ha conseguido rescatar el drama de los niños soldado de la oscuridad de guerras repartidas por Asia, África y América Latina. Personificado en Thomas Lubanga, exlíder de la Unión de Patriotas Congoleña, ya ha sido considerado culpable de crímenes de guerra por robar la infancia a menores de 15 años en su país. (El caso ha tardado seis años en estar listo por un problema de desclasificación de documentos confidenciales que podían condicionar los derechos de la defensa). Sin olvidar la contundencia con la que se acusó de crímenes contra la humanidad al fallecido dictador libio Muamar el Gadafi, a su hijo favorito, Saif el Islam, y al jefe de sus espías, Abdulá Senusi.
La CPI fue creada en 1998 por 160 países para juzgar a los responsables de los peores delitos. Investiga cuando lo pide un Estado miembro del Estatuto de Roma —su carta fundacional—. También puede hacerlo a instancias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y por decisión propia. Hasta la fecha, tiene siete casos abiertos y centrados en Uganda, República Democrática de Congo, República Central Africana, Darfur (Sudán), Libia, Kenia y Costa de Marfil. Otros siete países son, a su vez, objeto de estudios preliminares. Es decir, no se ha tomado aún la decisión de actuar judicialmente. Se trata de Afganistán, Georgia, Guinea, Colombia, Honduras, Corea del Sur y Nigeria.
Entre los 121 Estados que han firmado el estatuto de Roma no figuran ni Estados Unidos, ni China ni Rusia
Un simple vistazo a la ubicación geográfica de los sumarios revela el peso específico de África. No hay, por ejemplo, rastro de posibles crímenes cometidos por tropas de Estados Unidos y Reino Unido en Irak. El primero no es un Estado Parte de la Corte, como tampoco China o Rusia. Su ausencia es una de las presuntas debilidades de la CPI, que debe actuar siempre movida por criterios judiciales, y no políticos. Pero Londres sí ha ratificado el Estatuto de Roma. Podría haber sido, por tanto, investigada. En cuanto a la Autoridad Palestina, no fue reconocida como un Estado en toda regla por la Corte (tampoco lo está por la ONU). Este mismo año ha visto rechazada su demanda de investigar los crímenes cometidos por el Ejército israelí en Gaza entre 2008 y 2009.
“El fiscal Moreno Ocampo siempre ha dicho que no le mueven criterios geográficos sino la gravedad de los crímenes. Es verdad que un mayor equilibrio geográfico habría sido saludable. Pero también lo es que en África se concentra, de lejos, el núcleo de las peores violaciones de derechos humanos. Así, podría decirse que no se va contra África, sino a favor de las víctimas africanas”, asegura Hugo Relva, asesor legal de Amnistía Internacional. Todavía afina más Géraldine Mattioli-Zeltner, encargada del programa de justicia internacional de Human Rights Watch. Si bien comparte la convicción de que la Corte se ha establecido como un mecanismo clave de la justicia internacional, “a partir de ahora hay que mejorar”, dice.
“La nueva fiscal debería hacer hincapié en la calidad de las investigaciones, concluir los casos y explicar bien su trabajo a los afectados sobre el terreno”. Como su colega, reconoce la dificultad y peligros de recabar información en países como Libia o Darfur. “Durante el mandato de Moreno Ocampo no hemos contado siempre con explicaciones completas de su labor. Si bien ha puesto pasión y entusiasmo, y la Corte está en el mapa, no puede seguir dándose la sensación de que se imparte justicia solo hacia un lado.”, añade Mattioli-Zeltner.
La Coalición para la CPI, una amalgama de 2.500 organizaciones no gubernamentales que evalúan su trabajo de forma independiente, prefiere hablar de robustecer la institución. “Es un tribunal internacional con criterios judiciales sobre el alcance, magnitud y repercusión de los conflictos. Hay otras regiones más allá de África, sin duda. Y la fiscalía debería explicar mejor su trabajo. También es verdad que la primera etapa que concluye era fundacional. En La Haya había unos pocos funcionarios en 2002. Ahora la Corte rueda y entramos en la etapa de consolidación”, según Francesca Varda, coordinadora para las Américas de la Coalición.
Los tres expertos coinciden en que la segunda fase que se avecina necesitará más que nunca del apoyo de la comunidad internacional. De momento, 121 Estados han ratificado el Estatuto de Roma. “Que Guatemala haya ratificado es un hito. Y El Salvador lo está pensando. Cuando el golpe de Estado de Honduras, en 2009, Moreno Ocampo mandó una nota recordando que el país es Estado parte de la Corte y la fiscalía seguía de cerca el suceso”, recuerda Hugo Relva. “Fue una advertencia de que los jefes de Estado no son impunes y la CPI es un instrumento de futuro. Por eso es vital que disponga de suficiente presupuesto para investigar”. O como añaden, a dos voces, Francesca Varda y Géraldine Mattioli-Zeltner: “Los Estados tienen que respaldar a la Corte porque tiene un impacto directo sobre lo esta puede hacer”, dice la primera. “La falta de fondos y de cooperación internacional deriva en arrestos que no se producen, como el del criminal de guerra ugandés, Joseph Kony. O el propio presidente sudanés Al Bashir”, remata la otra.