El desprecio por la vida de los hijos de los militantes populares
Junto al asesinato de Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años, ayer se recordaron los casos de la privación ilegítima de la libertad de Carlos Alvira, de nueve meses, y de Víctor y Martín Almada, de un año y siete meses, secuestrados junto a su madre.
Saint Amant era jefe del área 132 del Primer Cuerpo de Ejército. Imagen: Alberto Gentilcore.
Diario Rosario12 - 05/07/2012
Por Sonia Tessa
El desprecio por la vida de los hijos de los militantes populares es una de las constantes en las causas que forman parte del juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás. Al asesinato de Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años, por emanación de gases lacrimógenos, ayer se sumaron otras muestras durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la otra causa, caratulada Alvira, donde se juzga la desaparición de seis militantes montoneros entre abril y mayo de 1977. En esa causa se detalla la privación ilegítima de la libertad de Carlos Fernando Alvira, de nueve meses, hijo de los desaparecidos María Cristina Alvira y Horacio Martínez, y también de Víctor y Martín Almada, de un año y ocho meses y siete meses. Estos dos bebés fueron secuestrados junto a su madre, María Regina Spotti, el 21 de abril de 1977, de su casa del kilómetro 4 de la ruta 188, en San Nicolás. Cuando irrumpió la patota, el esposo de la víctima, Víctor Almada, volvía a su hogar, y alcanzó a esconderse, aunque pudo observar cómo un grupo de entre 8 y 9 hombres vestidos de civil se llevaban a su familia. Tanto Fernando Alvira como Víctor y Martín Almada fueron restituidos después de algunos días a los abuelos, con intervención directa del principal imputado de la causa, Manuel Saint Amant, que era jefe del área 132 del Primer Cuerpo de Ejército. En el caso de Fernando Alvira, también participó el que era capellán del Batallón de Ingenieros, el sacerdote Miguel Regueiro, quien ofició de "mediador" para obligar a los abuelos maternos a firmar un documento que calificaba a sus hijas como delincuentes que habían abandonado al nene, bajo amenazas de impedirles que se lo llevaran. Regueiro estaba imputado en la causa, pero murió el año pasado. Lo mismo ocurrió con Diego Ricardes, otro imputado en la causa Alvira. De este modo, sólo Saint Amant responderá ante la justicia por estos crímenes.
Puntual, comenzó ayer la segunda jornada del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás. Con la presencia de Manuel Gonçalves, se completó durante la mañana la lectura de los requerimientos de elevación a juicio por la causa de la masacre de la calle Juan B. Justo 676, donde el 19 de noviembre de 1976 mataron a María del Carmen Fettolini, Omar Amestoy, los niños Fernando (3 años) y María Eugenia (5), así como a Ana del Carmen Granada, y en la que Manuel -que tenía cinco meses- fue el único sobreviviente porque su madre lo envolvió en colchones y lo escondió dentro de un placard. Frente a los imputados Saint Amant, Antonio Bossié y Jorge Muñoz, se leyó el requerimiento de la Fiscalía.
Luego comenzaron a leerse las requisitorias por la causa Alvira, que investiga la desaparición entre fines de abril y principios de mayo de 1977 de los militantes de la Juventud Peronista Raquel y María Cristina Alvira, Horacio Martínez, María Rosa Baronio, Eduardo Reale y María Regina Spotti, así como la privación ilegítima de la libertad de Fernando Alvira, y de los hijos de Spotti, Víctor y Martín Almada.
"Todos los casos investigados en estas actuaciones ocurrieron en San Nicolás, momentos en los que el imputado Saint Amant se desempeñaba como Jefe del Area 132 del Ejército", dice el requerimiento de la querella que representa a Víctor Almada, el marido de María Regina Spotti.
En cuanto a la desaparición de Spotti, también se juzgará la sustracción de los enseres, objetos de valor y materiales de trabajo que había en la casa, y fueron sustraídos por el grupo represivo. Regina Spotti fue escuchada por última vez con vida por José María Budassi mientras estaban detenidos ilegalmente en la Brigada de Investigaciones de San Nicolás.
Otra de las víctimas de la causa Alvira es María Rosa Baronio, secuestrada el 4 de mayo de 1977, cuando caminaba por calle Bolívar de esa ciudad. Luego, allanaron su casa. Allí secuestraon a Eduardo Luis Reale, pareja de la joven. Los represores se llevaron todos los muebles, aunque después los devolvieron. La pareja estuvo secuestrada en un centro clandestino de detención que estaría ubicado cerca del Barrio Somisa.
Las otras tres víctimas, María Cristina Alvira, Raquel Alvira y Horacio Arístides Martínez fueron secuestrados el 5 de mayo, alrededor de las 11.30, de su casa ubicada en Alvear 1519, del barrio Santa Rosa. Allí entró un grupo de entre 10 y 15 personas, entre los que había personal de la Policía de Santa Fe y personal militar del Batallón de Ingenieros de Combate 101. En el operativo participaron al menos un patrullero de la policía y un camión del ejército, mas dos vehículos particulares. El hijo de María Cristina y Horacio, Fernando, de 9 meses, quedó al cuidado de un vecino, por orden de Saint Amant, presente en el operativo. Días después, le indicaron a ese vecino que debía entregar al niño en el Batallón 101, indicación que cumplió el 9 de mayo. El bebé permaneció en un orfelinato religioso y luego fue entregado a sus abuelos, previa firma del documento incriminador. "Mi mamá lloraba porque los amenazaban con no devolver el bebé, y mi papá tuvo que firmar", rememoró el primer día del juicio Adriana, la hermana de Raquel y María Cristina.