Un comienzo con pedido de detenciones
Seis imputados están en libertad, tres de ellos en Mendoza. Hubo un cruce con familiares de las víctimas. Querellas y fiscales pidieron que se amplíen las acusaciones y que todos sean arrestados.
El inicio del juicio fue acompañado por actividades de organismos de derechos humanos.
Diario Página/12 - 03/08/2012
Por Alejandra Dandan
María Domínguez escuchó la reconstrucción del secuestro de su hijo Walter, de su nuera embarazada y del grupo del Partido Comunista marxista leninista que cayó con ellos en diciembre de 1977. Después de oír los relatos sobre las treinta víctimas, en la primera jornada del nuevo juicio oral por delitos de lesa humanidad en Mendoza, la mujer, una de las Madres de Plaza de Mayo, se topó en la salida de los tribunales federales con los acusados. Salían caminando libremente atrás de las Madres.
“A uno le remueve todo de nuevo”, dijo María poco después. “Al verlos ahí, tan caraduras, le da a uno tanta impotencia: ¿cómo puede un ser humano que ser tan falso? Estaban hechos unos santitos, siendo que han hecho tanto mal. Uno de ellos salió caminando con su nieta, y cuando los manifestantes los empezaron a repudiar, esa niñita saltó como una leona: no tienen vergüenza, bueno, ahí estamos, por lo demás ahora hay que esperar.”
Las Madres de Plaza de Mayo empezaron el día del juicio como cada jueves, con la ronda en la Plaza San Martín. Las mujeres estaban contentas porque a la vuelta se les plegó el diputado Horacio Pietragalla y los jóvenes con las banderas de organizaciones políticas, de La Cámpora y de HIJOS, que viajaron desde Buenos Aires para sostener la vigilia que comenzó la noche anterior. Poco después de las diez de la mañana, el tribunal integrado por Alejandro Nocetti Achával, Roberto Burad y Juan Antonio González Macías empezó la audiencia en conexión directa con otras dos sedes: Rosario y Comodoro Py, en Buenos Aires. El sistema de trasmisión provisto por el Consejo de la Magistratura que permite que los acusados puedan ser juzgados a la distancia sentó frente a las pantallas a seis de los diez imputados. En sala, en cuerpo presente, estuvieron sólo tres. Los tres en libertad. Esa misma situación se replica con otros tres, mientras que otros tres están con prisión domiciliaria. Uno reportó un cuadro de internación a última hora.
El hecho de que hubiera acusados en libertad terminó siendo el eje de la primera jornada del debate. Los fiscales Omar Palermo y Dante Vega y la querella representada entre otros por Pablo Salinas, del MEDH, pidieron la ampliación de las penas por el delito de homicidio para todos y a continuación reclamaron detenciones efectivas. “Por el cambio de calificación, los delitos se vuelven inexcarcelables”, dijo Salinas a Página/12. “Dejarlos libres es desmerecer los crímenes que cometieron, se pueden fugar y pueden tornar ilusorio el derecho a que sean juzgados, además todo esto se ve reforzado por las amenazas que recibió un día antes uno de los jueces. Entendemos que existen elementos para que los diez imputados estén en la cárcel.”
Entre los acusados hay hombres del Ejército, la Fuerza Aérea, policías de la provincia y de la Federal. Uno de los que estuvieron en la sala, y luego salió caminando detrás de las Madres, rodeado de su familia como escudo de protección, es el ex comisario Fernando Morellato Donna, quien en 1976 pidió por escrito “una picana” para interrogar a dos militantes desaparecidos. Una picana que la Federal le proveyó. Durante el gobierno de Julio Cobos, Morellato estuvo al frente de una empresa de seguridad y era presidente de la Cámara de Seguridad mendocina. Con él estuvieron sentados los policías Aldo Bruno Pérez, jefe del D2 en 1978, y Ricardo Miranda Genaro, comisario y jefe del D2 desde el 1º de diciembre de 1977. Desde Rosario, siguió el juicio Alcides París Francisca, retirado de la Fuerza Aérea y jefe de la policía de Mendoza de diciembre de 1976 al 24 de febrero de 1979. En Buenos Aires, frente a la pantalla, en una oficina de la Cámara de Casación, se sentó el militar retirado del Ejército Ramón Angel Puebla, jefe de la Compañía de Comunicaciones VIII entre diciembre de 1975 a enero de 1979, era el máximo responsable del centro clandestino. Entre otros cargos, Puebla llegó acusado por el secuestro y los tormentos brutales de Oscar Guidone, uno de los tres únicos sobrevivientes del juicio en el que 27 víctimas están desaparecidas.
El juicio abarcará distintas prácticas de la dictadura. Por un lado, el grupo de detenidos desaparecidos de once personas entre las que está Juan José Galamba, al que intentaron secuestrar en 1976 y capturaron y desaparecieron en 1978. Mientras lo buscaban, los grupos especiales formados en el contexto del Mundial ’78 masacraron a las diez personas que le habían dado cobertura, asilo y trabajo en los dos años que estuvo escapando. Otro eje son los seis desaparecidos de la organización de Walter Domínguez y de Rodolfo Vera, fundadores del centro de estudiantes de Arquitectura y militantes del PCML, caídos en diciembre de 1977.
Cuando la lectura de las acusaciones avanzaba, la secretaria del tribunal iba dando cuenta de otra de las características del debate: el último dato que existe de buena parte de las víctimas es el secuestro. No hay registros o existen muy pocos datos de quienes tuvieron sobrevida en lugares de detención. De la mayor parte de ellos no se sabe por qué centro de detención pasaron, porque las fuerzas represivas no dejaron sobrevivientes.
Oscar Guidone es uno de los pocos casos y fue llevado con otros en un vuelo a la Unidad 9 de La Plata. Otro de los sobrevivientes originales de la causa, pero ahora ya fallecido, es Angel Bartolo Bustelo, escritor y dirigente del Partido Comunista argentino, secuestrado el 3 de septiembre de 1977 y alojado en las dependencias de la VIII Brigada de Montaña. Su caso fue juzgado en el juicio anterior de Mendoza, pero ahora volvió a ser elevado por la acusación contra Puebla. Puebla seguía escuchando el relato desde Buenos Aires. Las manos sobre el regazo, las zapatillas negras de abrojos bien abrochadas.